España/Economía
Javier Martínez (20/1/2014)
El precio de esta larga crisis lo estamos pagando las clases trabajadoras y las clases medias y no es un eslogan:
Amén del progresivo deterioro de las condiciones socio-laborales de la mayoría ciudadana, excluidos los 6 millones de desempleados, con el aumento de la precarización, de la explotación y del miedo en los centros de trabajo; la financiarización mercantilista de las relaciones laborales, hasta la desaparición en algunos casos de dicha relación laboral para convertirla bajo el marco mercantil en un trabajo sin remuneración, es decir esclavo; estamos asistiendo desde 2008 el descenso progresivo de los salarios de las clases medias y de los trabajadores frente al incremento de un 7% de media de las retribuciones de los altos ejecutivos, de los incrementos escandalosos de las ganancias de banqueros y propietarios de grandes empresas .
El Gobierno del Partido Popular sigue con sus vueltas de tuerca en torno al cuello del 99% de la ciudadanía pues acaba de anunciar una nueva ofensiva de la Seguridad Social para obligar a cotizar por casi todos los conceptos retributivos, los llamados pagos en especie, a saber: vales de comida, seguros médicos, planes de pensiones, cheques guardería, plus de locomoción, entre otros conceptos que antes no pagaban Seguridad Social y ahora habrán de pagar empresa y trabajador.
Según los cálculos del mal llamado Ministerio de Empleo esto supondrá recaudar 1.000 millones de euros.
Días antes este Gobierno ha decidido en el marco de reducción de la deuda a Grecia perdonar al gobierno de aquel país la cantidad de 1.700 Millones de euros.
En paralelo a esto, y no teniendo bastante con exonerar a las grandes fortunas del pago de impuestos con el mantenimiento de la tributación al 1% de las llamadas SICAV: Sociedades de Inversión de Capital Variable.
Una SICAV debe tener un mínimo de 100 accionistas, sin contar los que ostenten una participación superior al 25%, y tiene que constituirse con un capital mínimo de 2.400.000 euros. Existen limitaciones a sus inversiones y sus activos deben estar diversificados. Además, deben tener estipulado en sus estatutos el capital variable entre el mínimo y el máximo. Su tutela y control corresponden a la CNMV y a la Dirección General del Tesoro.
La CNMV tenía registradas hasta el 31 de marzo de 2013 un total de 2.979 sicavs. Estos vehículos, que cuentan con 404.844 partícipes, gestionan un patrimonio que suma 24.599 millones de euros a Marzo 2013, lo que supone un aumento del 3,6% en relación al trimestre previo y del 0,1% si se compara con el mismo periodo del año anterior y sigue aumentando a 2014.
Con la nueva regulación de otro instrumento para las grandes fortunas, que también nación en el anterior gobierno PSOE, como las SOCIMI: Sociedades anónimas de inversión inmobiliaria, se trata de rentabilizar para nos pocos el estallido de la burbuja inmobiliaria y el despojo de propiedades ciudadanas.
Estas “Sicav” inmobiliarias son el próximo refugio de las grandes fortunas, al flexibilizarse la Ley de Sociedades de Capital, incluso no pagarán plusvalía municipal como el Sareb.
Son las Socimi, sociedades anónimas cotizadas, cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos urbanos para su arrendamiento bien directamente o a través de participación en otras socimis.
Su capital mínimo es de 5 millones de euros y 50 accionistas y el 80% de las inversiones en los inmuebles urbanos, que para eso están “baratos, baratos” y así se limpian carteras de cajas y bancos.
De tributar a un tipo especial del 19% en el impuesto de Sociedades pasan ahora a no tributar o si se prefiere el eufemismo a tributar al 0 % sobre los beneficios obtenidos.
Si unimos que también en el anterior gobierno se suprimió el Impuesto sobre el Patrimonio, se rebajó con aquel y con este gobierno el Impuesto de Sociedades y se hizo otra nueva amnistía fiscal, aquí en esto que llaman, IRRESPETUOSAMENTE “marca España”, quienes realmente pagan impuestos son las clases medias y los trabajadores que sufren además de las políticas austericidas y de recortes, la carga de una Deuda Pública que se ha ido incrementando en estos dos años de gobierno popular hasta el 100% del P.I.B sobre sus espaldas.
No hay que acudir a Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, para saber lo que conlleva “El precio de la Desigualdad”, ni conocer las obras de Richard Wilkinson, como “Las desigualdades perjudican, la desigualdad mata”, para conocer el incremento las consecuencias de estas políticas, los silenciados suicidios económicos en España en aumento y los graves trastornos de la salud de la ciudadanía que incluso denuncian con informes públicamente instituciones como Cáritas, Intermón-Oxfam o el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Sr. Muiznieks.
La degradación, la violación progresiva de los derechos humanos en España desde 2007 hasta aquí están haciendo que se pueda decir que ya no son necesarias las cámaras de gas para cometer genocidio, el genocidio ciudadano, de las políticas neoliberales como las que sufrimos y la falta de empatía hacia el dolor y el sufrimiento de las personas por parte de la casta política que las impulsan y promueven.
Podemos afirmar que ninguno de los que nos gobiernan han pasado , ni creo que pudieran pasar, el test de psicopatía de Robert Hare, profesor de la University of British Columbia de Canada, personalidad de reputación internacional en el estudio sobre la psicopatía y creador del test PCL(Psychopathy Checklist) y su versión renovada PCL-R. De todas las maneras les reto a que lo pasen, podríamos inhabilitarles de la función pública.
Se me viene a la cabeza el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789, esa constitución de la que tanto presumen algunos “liberales de pacotilla”:
“Toda sociedad en la que nos esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución”.
¿Hasta dónde vais a seguir abusando de nuestra paciencia? ¿Y luego os extrañan sucesos como los de Gamonal que alguna descerebrada califica de atentados?
Atentado contra la vida y contra la salud pública ciudadana es contemplar vuestras prácticas públicas y privadas y permanecer la ciudadanía impasibles y serenos.
Otro día hablaremos de otra constitución que a mí aún me gusta más, la de 1793, en su versión Robespierre y que tanto asusta a Pedro Jota entre otros “liberales”.