España, 30-09-2016

Ataque a las fronteras de Ceuta y Melilla

Inmigracion subsaharianaEspaña
Diego Camacho (6/3/2014)
Uno de los derechos esenciales para preservar la identidad territorial de una nación es el de proteger sus fronteras. El reconocimiento de este derecho no tiene ninguna limitación y su respeto por todas las naciones se considera como uno de los pilares de la estabilidad internacional. En el conflicto fronterizo ha estado, casi siempre, el origen de las principales crisis entre países o entre bloques. Por eso se considera, que cuando un país fragiliza el cuidado de sus fronteras está poniendo en riesgo su propia seguridad y la estabilidad regional.

La acción concertada y violenta que se está llevando a cabo contra nuestras fronteras de Ceuta y Melilla, utilizando sobre todo a subsaharianos, es ante todo un ataque directo contra nuestra seguridad y en esas circunstancias el gobierno ha adoptado una posición demasiado blanda en las formas e insuficiente en el ámbito diplomático. Al centralizar su foco de atención en Bruselas y en la actitud de la Comisaria de Inmigración, exclusivamente, ha obviado el fondo del problema. Es evidente que las fronteras de nuestras ciudades africanas son en la realidad fronteras comunitarias, por ello España debe exigir a la UE que aborde con seriedad el asunto y lo considere como propio. En una palabra que ayude a aplicar el Tratado de Schengen.

Pero el núcleo del problema no está en Bruselas sino en Rabat. Los subsaharianos son reclutados por las mafias en sus países de origen y trasladados a los campamentos base, situados en las cercanías de Ceuta y Melilla, una vez que son capaces de satisfacer el dinero exigido. El tránsito se efectúa principalmente por rutas de Mauritania y Marruecos, siendo este último país el decisivo al ser el que tiene fronteras comunes con nosotros. Las mafias, los campamentos base y los permisos para el asalto masivo son factores que el sultán de Marruecos controla al 100%. Como casi todo el mundo sabe en nuestro vecino del sur no se mueve una hoja sin la autorización de Mohamed VI.

Con estos asaltos a la frontera, Marruecos obtiene los siguientes beneficios: primero, sobre poblar dos ciudades, que desea le sean entregadas, y generar un clima de inseguridad en las mismas que dan origen a dos focos de inestabilidad, uno de ellos en el Estrecho de Gibraltar; segundo, orientar a la opinión pública internacional sobre la actitud represiva de la policía española de fronteras, desviando así la atención de las violaciones constantes a los Derechos Humanos que efectúan el Ejército y la policía marroquíes en el Sáhara español; tercero, presentar una imagen de solidez regional frente a la inoperancia del gobierno español en la región; y cuarto, una fuente adicional de ingresos gracias a las comisiones facilitadas por las mafias.

Rajoy y sus ministros se han desentendido de la raíz del problema y como he señalado más arriba han convertido un asunto de seguridad nacional en un asunto administrativo entre Madrid y Bruselas. La diplomacia española no ha sido orientada ni hacia Rabat ni hacia París. Es como si los subsaharianos llegaran a sus campamentos base por arte de magia. El papel de Marruecos no es de recibo y nuestro ministerio de Asuntos Exteriores, ni siquiera ha mandado una nota verbal de protesta y mucho menos ha llamado a nuestro embajador para consultas. El Jefe del Estado que tanto alardea de su proximidad con su sobrino Mohamed y de las relaciones excelentes que existen entre ambas familias, tampoco ha movido un dedo. Eso sí, anda ocupado en ejercer unos buenos oficios entre Rusia y EEUU a cuenta de Ucrania.

En resumen, desde un país vecino se está facilitando la inestabilidad regional en dos ciudades españolas del sur del Mediterráneo. La crisis lleva camino de agravarse gracias a la falta de respuesta del Consejo de Ministros español, que sigue mirándose en el navajeo interno del PP, en el dedo de Rajoy y en no dar una solución decente a la corrupción inadmisible que tiene en sus filas.

N. de la R.
El autor es Coronel del Ejército y Licenciado en Ciencias Políticas.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826