Brasil
espacioseuropeos (24/3/2014)
Corrupción y estrategias de competencia ilegal es de lo que acusó el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) a 18 empresas que están siendo investigadas por formar parte de un “cartel” que establece los precios en el sector del transporte. El CADE inició un proceso administrativo para arrojar luz sobre la participación de 18 empresas extranjeras y de 109 empleados, los cuales están acusados de “participación en actividades ilegales” en la ejecución de obras de construcción y en el mantenimiento del metro en el distrito federal brasileño, en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais y Río Grande do Sul, realizados entre 1998 y 2013.
La empresa Siemens, una de las involucradas, respondió asegurando que colaborará plenamente con la investigación, y se comprometió a “implementar una política de tolerancia cero contra cualquier comportamiento ilegal. La Alstom, otra de las empresas acusadas, señaló que ha tomado “las acusaciones muy en serio” y que inició una “investigación interna”.
Entre las estrategias contrarias a las normas vigentes en materia de competencia, el comunicado publicado en la página web del CADE hace referencia a “acuerdos previos entre las empresas que participaron en las licitaciones” para la asignación de proyectos por un valor total de 4.000 millones dólares, pero también a la “corrupción de decenas de funcionarios con el pago de sobornos, para asegurarse la firma de los contratos”.
Las sospechas contra algunas de las empresas se remontan a 2008, cuando los fiscales federales de Brasil y autoridades fiscales francesas y suizas comenzaron a investigar. En agosto del año pasado, la Fiscalía Federal de Brasil también comenzó a investigar “supuestos acuerdos ilegales entre multinacionales”, y tres meses después congeló los bienes del grupo Alstom en el país, con un valor estimado de 19,4 millones de dólares.
En junio del año pasado, la presidente Dilma Rousseff y su gobierno tuvieron que lidiar con las manifestaciones populares masivas contra el gasto en infraestructura para el mundial de fútbol, y también contra la pésima calidad de los servicios públicos, el transporte, la salud y la educación. [VV/VR]
Fuente: Misna.