España
Diego Camacho (12/3/2014)
La afirmación “en el 11–M han ocurrido cosas tan terribles que es mejor que nunca se conozcan”, atribuida al juez Gómez Bermúdez, merece convertirse en el triste paradigma de nuestra realidad judicial y política. Es inaceptable que un juez prefiera la ocultación a descubrir la verdad, por muy terrible que esta sea. Pero cuando a resultas de esa actitud, dicho juzgador es reiteradamente condecorado y ascendido, queda en evidencia el acuerdo existente entre el premiador y el premiado. En resumen, el gobierno también está interesado en ocultar la verdad a los españoles.
Lo que hace más dramática a esta omertá, es el apoyo que recibe del principal partido de la oposición. Su participación en la misma refuerza el aislamiento que siente el ciudadano, al preferir aquel turnar con el gobierno en el ejercicio del poder que constituirse en una verdadera alternativa política. Así se conforma de un lado un sistema político: PP; PSOE; Nacionalistas; y UPyD, partidarios de pasar página y dar por buena la versión oficial, y del otro una opinión pública mayoritaria, que considera que el engaño del sistema ha colocado a España en una situación de indefensión interna y de desprestigio internacional.
El colmo de la hipocresía de los poderes del Estado fue toda la parafernalia institucional montada el día del aniversario, funeral y reparto de medallas a las víctimas. No son criticables esas acciones en si mismas, sino que la escenificación no se vea acompañada por la decisión de los poderes públicos de averiguar la verdad, que es en donde reside su obligación principal. En su lugar se propagan declaraciones desde todos los ángulos políticos en apoyo de una versión oficial, que en el fondo nadie se cree, o se respalda el lanzamiento de un libro como el de Fernando Reinares, utilizando a propagandistas del sistema como Antonio Camacho y Eduardo Serra.
Los poderes públicos han logrado, por ahora, que no se conozcan los objetivos del atentado ni la identidad de los autores. No han conseguido que la falacia judicial que han montado con todo el descaro imaginable sea creíble. Esa falta de credibilidad es el resultado de un análisis global de los elementos de prueba conocidos. Los más relevantes son los siguientes: primero, la destrucción de pruebas esenciales, como los trenes; segundo, la creación de pruebas falsas, como la mochila de Vallecas; tercero, la protección dada a Sánchez Manzano a pesar de haber violado los protocolos con el explosivo; cuarto, la utilización de confidentes de la policía y el CNI para embrollar la investigación; quinto, las contradicciones de funcionarios en sede judicial y parlamentaria; sexto, el falso suicidio colectivo de Leganés; séptimo, la defectuosa utilización de pruebas coránicas; octavo, el ánimo nada investigador de la Fiscalía en el juicio a la hora de esclarecer declaraciones contradictorias de testigos manipulados por la policía; y noveno, la actitud muy poco objetiva del juez Bermúdez y sin embargo muy colaboradora con su cónyuge, periodista, para que publicara un libro sobre el 11–M, nada más terminar el juicio. Con todo lo anterior lo razonable es no creer la psicopatía oficial.
Los que quieren convencernos de la versión oficial, es evidente que piensan como Gómez Bermúdez, que la verdad es algo muy peligroso. Pues si no fuera así la mentira que defienden carecería de sentido y en política todo tiene sentido, aunque esté oculto o sea el resultado de la incompetencia. Por eso estos propagandistas hicieron oídos sordos a la lógica, y por apuntalar la versión preconcebida cometieron numerosos errores que, al estar protegidos desde el Poder, gozaron de impunidad, pero que también han permitido constatar el engaño. Esa falsedad es en realidad la verdadera conspiración de los poderes públicos contra el ciudadano y no al revés, como intentan propagar unos partidos políticos que utilizan el método Ollendorf para hacer política.
¿Cómo van los ciudadanos a confiar en una clase política que tiene miedo a la verdad?
N. de la R.
El autor es coronel del Ejército y licenciado en Ciencias Políticas.