España
espacioseuropeos (29/4/2014)
La prestigiosa ONG, Human Rights Watch, ha acusado a España de vulnerar los derechos humanos por los desahucios a la vez que denuncia que el Gobierno de España no ha tomado medidas suficientes para “mitigar” el impacto de la crisis en España. Asimismo, HRW recuerda al gobierno español que es necesario “incrementar la ayuda para los más necesitados”.
La ONG afirma en su informe, «Sueños rotos: El impacto de la crisis de vivienda en España sobre los grupos vulnerables», que «Decenas de miles de familias se han enfrentado, o se enfrentan actualmente, a la ejecución hipotecaria de viviendas que compraron en el momento álgido del boom económico de España, cuando las prácticas de préstamo irresponsable hicieron que las hipotecas fueran fáciles de conseguir».
A pesar de que el gobierno de Rajoy aprobó una moratoria de dos años para los afectados por los desahucios –aunque no a todas las familias-, HRW critica que los “criterios” para que se beneficien de esas medidas gubernamentales muchas familias, considera que «son demasiado limitados en algunos casos entran en conflicto con el derecho internacional».
No obstante, según el ministro de Economía, De Guindos, unas 15.000 familias se han visto beneficiadas por esas moratorias, algo que el PSOE pudo haber hecho durante los ocho años de gobierno de Zapatero.
Hay que recordar que hace unos días el Banco de España aportaba datos acerca de que casi 50.000 familias perdieron su casa en el año 2013. Un 11% más que en el año anterior. Pero lo más trágico es que cerca del 80% de esas 50.000 viviendas eran el domicilio habitual de sus ocupantes. Todos esos desahucios se han hecho sin contemplar la posibilidad de un domicilio alternativo.
Según la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) esas prácticas son una auténtica violación de los Derechos Humanos y van contra todos los tratados firmados por España, algo que la PAH-Madrid considera una “estafa financiera que, año a año, hace aumentar el número de desahucios y que está dejando a decenas de miles de familia en la calle sin alternativa habitacional”.
Las críticas de la PAH van más lejos, al criticar la política de vivienda del PP en el gobierno, ya que en lugar –dicen- de garantizar “el derecho a la vivienda, desahuciamos vivienda pública para podérsela vender a Fondos de Inversión a precio de saldo, como es el caso del lote de 1.860 viviendas que ha sido vendido por la EMVS a Blakcstone”.
Un toco de atención muy serio el que ha hecho la organización Human Rights Watch al gobierno de Mariano Rajoy que, con toda seguridad, y a sabiendas de la insensibilidad de la que gozan, no tendrán en cuenta.