Sin Acrituz…
Gustavo Buster (12/5/2014)
Las elecciones europeas de mayo de 2014 tienen lugar seis años después del inicio de la crisis del euro y son las primeras desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009. Serán, por lo tanto, un barómetro importante para conocer la legitimidad de las políticas de austeridad decididas por el Consejo y el Banco Central Europeo (BCE) y apoyadas y aplicadas por la Comisión con sus iniciativas legislativas y reglamentos, porque las fuerzas políticas que han apoyado el “Consenso de Bruselas” –populares, socialdemócratas y liberales constituyen una amplísima mayoría de dos tercios en la eurocámara.
Sin embargo, las encuestas de opinión de la UE -el eurobarómetro de otoño de 2013-, muestran que la desconfianza en las instituciones europeas se sitúa entre el 49% y el 48% según se trate de la Comisión, el BCE o el Parlamento Europeo. Estas cifras son sensiblemente más altas en España (entre el 71% y el 67%), mientras que el desconocimiento declarado de los temas europeos oscila entre el 69% en la UE y el 81% en España, cuyas cifras corresponden a los otros países de la periferia de la UE. En cuanto a si la UE aplica las políticas necesaria para la salida de la crisis, el 45% de los españoles cree que NO, frente al 29% de la media de la UE y piensan que SI lo hace el 30% y el 43% respectivamente. Es decir, al problema de falta de legitimidad del proyecto neoliberal de construcción europea representado por el Tratado de Maastricht, que fue rechazado en los referendos sobre la pseudo-Constitución europea en Francia y Países Bajos en 2005 y posteriormente como Tratado de Lisboa en Irlanda en 2008, ahora se añade la desconfianza y el rechazo de la gestión económica de la crisis del euro.
La crisis del euro y el equilibrio institucional del Tratado de Lisboa
La gestión de la crisis de la deuda soberana y del euro ha supuesto un importante debate en el seno de la euroburocracia de Bruselas y del BCE, entre las distintas oligarquías europeas y nacionales y, finalmente, entre los gobiernos de los principales estado miembros de la UE, lo que ha dado un sesgo específico a las interpretaciones y la aplicación del Tratado de Lisboa como marco-jurídico político de la gobernanza de la UE. Ha sido la correlación de fuerzas y la jerarquización de intereses entre los estados miembros de la UE la que ha acabado dando forma a un funcionamiento específico del Consejo europeo, en el que la Alemania de Merkel y sus aliados con economías con superávits se han constituido en el “centro” de la toma de decisiones de la UE, aplicando la “cooperación reforzada” frente a la periferia europea y superando con el sistema de votación mayoritaria y la presión financiera directa el posible veto de estados miembros individuales. Los mecanismos inter-gubernamentales han facilitado una hegemonía económica y política alemana -con sus aliados del “centro”, por utilizar la terminología de Yanis Varoufakis– , sobre todo después de la ruptura del eje Alemania-Francia (“Merkozy”), tras la perdida de las elecciones por la derecha francesa y la agudización de la crisis de la economía francesa. Esa hegemonía en el Consejo europeo se ha ido trasladando al resto de las instituciones comunitarias a través de los presidentes del Consejo, Van Rompuy, y de la Comisión, Barroso, hasta el llamado “método comunitario” a partir de la iniciativa legislativa y reguladora de la Comisión.
El pretendido equilibrio de poderes entre las instituciones europeas previsto en el Tratado de Lisboa se ha desvanecido rápidamente: La Comisión europea presidida por Barroso ha sido incapaz de mantener su relativa autonomía y capacidad de iniciativa de la época de Delors: una tras otra, sus modestas propuestas de relanzamiento de la economía (Estrategia de Lisboa, Europa 2020, Plan de Empleo juvenil…) han sido simplemente desechadas por la alianza hegemónica en el Consejo articulada por Alemania. La Comisión ha sido incapaz de defender el ya muy escaso presupuesto europeo, que ha pasado del 1,27% al 1% del PIB de la UE en plena crisis –Delors había previsto que alcanzase el 3% antes de la introducción del euro- cuando las ayudas de la Política Agraria Común o los Fondos Estructurales eran más necesario que nunca en la periferia europea, bien de la Eurozona (Irlanda, Portugal, Grecia…) o de los nuevos estados miembros de Europa Central y del Este (aunque el “Este” haya sido trasladado fuera de sus fronteras a las antiguas repúblicas de la URSS). La Comisión, que sigue elaborando el 80% de las regulaciones que son traspuestas al derecho interno de los estados miembros, no solo sigue siendo una burocracia totalmente opaca y tecnocrática, sino que además se ha convertido en la inspectora de la aplicación de las políticas de austeridad y las contrarreformas del estado del bienestar decididas e impuestas por el Consejo europeo.
El papel del Tribunal de Justicia Europeo, como guardián e intérprete de última instancia de los acuerdos y tratados intergubernamentales que forman el marco jurídico de la UE, ha evolucionado en la misma dirección neoliberal, en especial con los cuatro dictámenes antisindicales que ha adoptado hasta el momento. El Parlamento Europeo, a pesar de ver aumentada su esfera de co-decisión legislativa con la Comisión, carece de iniciativa legislativa y su capacidad de control se limita a las decisiones sobre el presupuesto europeo de la Comisión, por lo que difícilmente se le puede considerar un parlamento representativo de los intereses de una inexistente “ciudadanía” europea, sino el reflejo de las alianzas de las distintas corrientes ideológicas de los partidos de los estados miembros. La media de participación de los eurodiputados en las votaciones es solo del 45%.
La única institución que ha demostrado un cierto nivel de independencia frente al bloque hegemónico alemán en el Consejo ha sido el Banco Central Europeo, que ha sido el gran protagonista en la gestión de la crisis económica y de la deuda soberana de la UE. Esa “independencia”, recogida en sus estatutos, responde al modelo neoliberal de gestión de las políticas monetarias –un actor no estatal cuya misión es la creación de dinero y la gestión no inflacionista del flujo monetario-, pero se concreta en los acuerdos de su comité ejecutivo, compuesto por los representantes de los distintos bancos centrales nacionales según su aportación al capital del BCE. El papel determinante en la imposición de las políticas de ajuste fiscal, recortes presupuestarios y austeridad neoliberales en la primera fase de la crisis, en 2008-2009, correspondió al Consejo europeo.
La evolución de las políticas neoliberales hasta el “Consenso de Bruselas”
La interpretación neoliberal predominante de las causas de la crisis fue que la adhesión al euro había creado una burbuja de créditos baratos del “centro” hacia la “periferia” europea, que financiaron un aumento de salarios y demanda de consumo no apoyada en crecimientos paralelos de la productividad, provocando inflación y enormes déficits exteriores, hasta que la deuda exterior acumulada no pudo ya ser garantizada ni respaldad por los bancos del “centro” europeo, lo que se agravó con la explosión de la burbuja inmobiliaria en países como Irlanda o España. La renegociación de la deuda soberana de cada estado miembro se condicionó a la aplicación de las “devaluaciones internas” (bajada de salarios y desmantelamiento del estado del bienestar), vigiladas y orientadas en su aplicación por la Troika, hasta que los estados miembros de la periferia” recuperen su competitividad en relación con el “centro” (Hans Werner Sinn).
Las brutales consecuencias económicas y sociales de esta interpretación de la crisis y de las política de austeridad aplicadas amenazaron con llevar a la bancarrota a los países de la “periferia”, incluidos España e Italia en el verano del 2010, y a una crisis terminal del euro como moneda común. Descartado cualquier esquema redistribuido de mutualización de la deuda en la eurozona entre los estados miembros del “centro” y la “periferia”, se creo a iniciativa del BCE el Mecanismo de Estabilización Europea Financiero (MEEF), con un respaldo de 60.000 millones de euros, que en 2012 se convertiría en el Mecanismo de Estabilización Europeo (MEDE), con garantías por valor de 850.000 millones de euros. El MEEF-MEDE sirve de garantía de última instancia para las políticas de rescate de los sistemas bancarios y la renegociación de la deuda pública de los países de la “periferia”, a los que la “devaluación interna” ha hundido en una larga depresión de siete años, con tasas de paro desconocidas en la Europa de postguerra.
La lentitud desesperante en la adopción de estos mecanismos, cuya contraparte era la imposición como única alternativa de las políticas de ajuste, abrió un amplio espacio a los ataques especulativos sobre la deuda soberana de los países de la “periferia” en 2009-2010, provocando un enorme déficit de financiación de la deuda soberana, medida por la prima de riesgo. Ello obligó al BCE, con la oposición del representante del Bundesbank alemán, a volver a intervenir en julio de 2012, saltándose sus propios estatutos y los Tratados de Maastricht y Lisboa, y poner en marcha el programa de “transacciones monetarios directas” (OMT) de Draghi, como mecanismo de monetización de la deuda soberana en los mercados secundarios: prestar dinero público europeo al 1% a la banca privada para que esta comprase bonos de deuda pública que el BCE volvía a recomprar a precios más altos en el mercado secundario.
La OMT de Draghi y la decisión de Merkel de conservar a Grecia en el euro y no dejarla quebrar encauzaron la crisis del euro y de la deuda soberana europea en el otoño de 2012.
Sobre esta base, a finales del 2012 se forjó el nuevo “Consenso de Bruselas” sobre la aplicación de los criterios de Maastricht, cerrando el debate intergubernamental e nterinstitucional sobre las políticas para la salida de la crisis. Las oligarquías y las instituciones europeas apoyaron el nuevo marco de gestión de la eurozona, que representaba un cierto equilibrio entre las posiciones del BCE y del Bundesbank alemán en relación a los ritmos de aplicación de las “devaluaciones internas”. Este “Consenso e Bruselas” se alcanzó cuando los países del “centro”, pero también Francia, volvían a entrar en la “doble recesión” de 2011-2013, después de la de 2008-2010. La adopción de la coordinación de las políticas presupuestarias de los estados miembros, con la vigilancia semestral de sus presupuestos por la Comisión, ha extendido la “devaluación interna” a la propia Alemania, condicionando el Plan de Relanzamiento Económico de la Comisión, cuyo motor debía ser un aumento de la deuda en inversión pública, aunque finalmente solo para aquellos estados miembros (7 de 27) que cumplan el criterio de Maastricht de un déficit público por debajo del 3%.
De la misma manera, la Unión Bancaria queda condicionada a la entrada en vigor de la supervisión bancaria única, nuevas pruebas de estrés -con criterios diferentes para centro” y “periferia” y del Mecanismo único de resolución bancaria (MUR) –un fondo interbancario de garantías de depósitos con un aval de 55.000 millones de euros, el 1% del volumen total, que no entrará plenamente en vigor hasta dentro de ocho años. El BCE ve ampliado su mandato para decidir con “independencia” que bancos quebrados serán rescatados. El capital garante del MEDE queda limitado a 190.000 millones de euros, a las votaciones posteriores caso por caso del Parlamento alemán en caso de que sea necesario ampliarlo y a los recursos ante el Tribunal Constitucional de Karlsruhe.
El tripartidismo del “Consenso de Bruselas”
El “Consenso de Bruselas” descansa, por lo tanto, sobre la hegemonía alemana en el Consejo europeo, sostenida por una coalición de gobierno alemana conservadora-social-demócrata, y una amplia mayoría de coaliciones conservadoras o conservadoras-socialdemócratas en 21 de los 27 países de la UE. Esa mayoría neoliberal del “Consenso de Bruselas” -que refuerza y se alimenta del mecanismo de gobernanza de la crisis del euro – la responsable de las “devaluaciones internas” como un bucle de competencia a la baja de la competitividad de los estados miembros. La “disciplina externa” que implica la gestión de la refinanciación continua de la deuda soberana y la falta de crecimiento por las políticas de austeridad y el recorte de la inversión y el gasto público, solo puede alargar la crisis económica, agravar sus consecuencias sociales y, finalmente, aumentar aún más la deuda, como ha ocurrido en todos los países de la periferia.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿pueden las próximas elecciones europeas reflejar el rechazo de las políticas de austeridad, del ciclo impresionante de movilizaciones sociales habido en la “periferia” desde 2008? A juzgar por las últimas encuestas de opinión (para la puesta al día, ver nota 1), se produciría una ligera mayoría socialdemócrata (28%, 209 escaños de 751), seguidos por los populares (27%, 202 escaños) -invirtiendo por poco la actual mayoría conservadora- y un ascenso sin precedentes del Partido de la Izquierda Europea (PIE), que con 67 parlamentarios se convertiría en el tercer grupo, desplazando a los liberales (61 escaños). Sin embargo, los partidos del “Consenso de Bruselas” (populares, socialdemócratas y liberales) bajarían de un 73% al 63%, manteniendo una amplia mayoría, al mismo tiempo que los euroescépticos y la extrema derecha reforzarían su presencia.
Con esa correlación de fuerzas institucional, que no refleja la importancia abstención –que alcanzó una media del 56,76% en 2009 y cuyo crecimiento debe estimarse también como una señal de protesta- el Parlamento Europeo deberá elegir al nuevo presidente de la Comisión, para el que se apunta la candidatura del socialdemócrata alemán Martin Schulz. El Consejo deberá designar a su nuevo Presidente -sustituyendo a Van Rompuy– y a un nuevo Alto Representante de política exterior y de seguridad.
El posible desplazamiento hacia la socialdemocracia entre las fuerzas políticas que apoyan el “Consenso de Bruselas” en las instituciones europeas no variará su papel subordinado en la “Gran Coalición” de Merkel en Berlín ni en el Consejo Europeo. Puede favorecer ciertas medidas socioliberales de política interna alemana. O las propuestas de aumento del gasto público anunciadas por Matteo Renzi. No en vano, el propio presidente de la Comisión, Barroso, declaró en abril de 2013 que las políticas de austeridad “habían llegado a su límite” por la falta de apoyo político y social. Pero si los ritmos del ajuste se han suavizado en el último año en una “periferia” amenazada por la deflación, la lógica de las políticas de austeridad sigue actuando con toda coherencia en la gestión de la Troika de la deuda soberana.
Syriza y el cuestionamiento del “Consenso de Bruselas”
Por ello, el momento decisivo será el cuestionamiento del “Consenso de Bruselas” desde la “periferia», si gana Syriza las próximas elecciones generales en Grecia y exige una renegociación de su deuda externa, el fin de las políticas de austeridad y una nueva orientación alternativa en la gestión de la crisis en el sentido de la “Propuesta Modesta” de Varoufakis. Alexis Tsipras, el principal dirigente de Syriza y candidato del PIE a la presidencia de la Comisión Europea resumía así el escenario de ese pulso:
«No hay soluciones fáciles. Lo hemos dicho repetidamente. Nuestra prioridad es la prevención de la destrucción y la catástrofe. Por eso buscamos una dura negociación con nuestros socios en Bruselas. Nos gustaría encontrar una solución “colectiva” satisfactoria para todas las partes. La situación en la Unión Europa y en la Eurozona es extremadamente complicada. El programa de rescate a Grecia no sólo ha resultado en un colapso económico y social, sino también político. Antes de firmarse los Memorándums de austeridad, la deuda pública griega representaba el 120% del PIB.
Hoy, tras años de medidas de austeridad, rebasa el 175%. Y sigue creciendo. Es meridianamente claro para cualquiera que no puede gestionarse una crisis con una deuda pública tan elevada, y todo el mundo sabe que Grecia nunca será capaz de devolver tamaño volumen de dinero. La única solución pasa por la condonación de una gran parte de la deuda.
Propondremos a nuestros acreedores que renuncien al 50-60% de la deuda griega. Será una solución adecuada para un país profundamente endeudado y para sus acreedores. Si nuestra deuda pública sigue creciendo, muy pronto dejará de haber soluciones factibles y tendremos que declararnos en bancarrota. En tal caso, los acreedores perderían todo su dinero. Pero si somos capaces de alcanzar un acuerdo,
todos saldrán ganando. Grecia será capaz de mantenerse en pie y tendrá oportunidades para pagar el resto de su deuda. Una condonación parcial de la deuda no es, desde luego, una solución radical, y la historia registra muchos precedentes. La comunidad internacional condonó el grueso de la deuda de Alemania en la Conferencia de Londres de 1953, porque el país había resultado devastado en el curso de la II Guerra Mundial: un 60%, más o menos. Se logró un acuerdo, por el que Alemania pagaría el resto de la deuda si su economía comenzaba a crecer
El Plan Marshall no sólo se puso en práctica en Alemania, sino muchas otras partes de
Europa. Y Europa necesita ahora una Conferencia de este tipo que adoptara una moratoria sobre el pago de la deuda. Podría llevar a un New Deal europeo: necesitamos eso desesperadamente, sobre todo para financiar el crecimiento y las inversiones en la Periferia europea. Podría ser el paquete de medidas conveniente para poner fin a la crisis. La economía empezaría pronto a crecer, y todos nos beneficiaríamos de eso. Yo creo que es una expectativa harto realista, y esa es la propuesta que hacemos a los acreedores. ¿Hay otra propuesta a la vista? ¿Cuál es la propuesta de los actuales dirigentes de la UE y de la hegemonía alemana en la UE? Lo que proponen es una división de Europa. Están dividiendo a Europa entre países presuestariamente superavitarios y países presupuestariamente deficitarios. Entre Norte y Sur. Entre ricos y pobres. ¡Ese no es el futuro de la Europa que queremos! Esa situación no tiene que ver con la idea básica de una Europa fundada en la solidaridad.
Pero para presentar nuestra propuesta, lo primero que necesitamos es el mandato del pueblo griego». (Entrevista en sinpermiso.info, 23-4-2014))
Este escenario, si llega a concretarse, puede ser la oportunidad para un cambio en la correlación de fuerzas que cuestione el “Consenso de Bruselas”, que permita coordinar la resistencia de la «periferia» a la “devaluación interna” con una movilización en el “centro” de la UE por el salario, y a partir de la solidaridad con Grecia y las luchas de resistencia de cada uno de los estados miembros de la eurozona construir alternativas políticas a los gobiernos pro-Troika y a la hegemonía de Merkel en el Consejo Europeo.
Los debates tácticos se articulan, por lo tanto, en relación a esta coyuntura: cual debe ser el programa de resistencia factible que permita esa acumulación de fuerzas y la desarticulación ideológica, política y económica del “Consenso de Bruselas”.
Los tratados de Maastricht y de Lisboa articulan la gestión intergubernamental e institucional europea de las políticas neoliberales. Su superación, restablecer la perspectiva de un nuevo proceso constituyente europeo, exige cambios acumulativos en la correlación de fuerzas a nivel europeo, no solo en la «periferia», sino sobre todo en el «centro». Por ello el debate entorno a la salida del euro de los países de la «periferia» se convierte en un placebo del verdadero debate táctico y estratégico europeo. Sin un cambio en la correlación de fuerzas, como en el caso de Grecia, el “Consenso de Bruselas” bloquea una salida que, aun en el caso de tener lugar, no resolvería por si la ruptura con el marco de gobernanza económico neoliberal de la UE, como ocurre con los países del centro de Europa, miembros de la UE, pero no parte del Euro. Y un cambio en la correlación de fuerzas, con la necesaria contribución de los movimiento obreros mas fuertes de la UE, en Alemania, Francia e Italia, plantea las tareas de la izquierda europea en términos de una alternativa conjunta al Tratado de Lisboa y al “Consenso de Lisboa” que supera con mucho el marco de los estados miembros. Incluso la hipotética salida de Alemania del euro y el restablecimiento del marco, manteniendo los estados miembros de la «periferia» la moneda común -una fórmula teóricamente más favorable para la gestión de su deuda soberana- supondría la destrucción del entramado institucional levantado alrededor del BCE que sirve de garantía última del euro.
El programa de resistencia al “Consenso de Bruselas” es de sobra conocido, en diferentes versiones: es el que apoya la candidatura de Tsipras como presidente de la Comisión europea, recogido por los partidos del PIE. Pero el programa, fundamental para constituir un nuevo «sentido común» europeo factible, no puede sustituir al proceso de acumulación de fuerzas en la movilización contra las “devaluaciones internas”, la reactivación del movimiento obrero europeo, y la solidaridad concreta con el o los gobiernos de izquierda anti-Troika que surjan. Es esa movilización y lucha política la que permitirá agrietar y romper finalmente el “Consenso de Bruselas” y abrir la perspectiva de una reforma radical de la UE en una perspectiva contraria al proyecto neoliberal del Tratado de Lisboa, hacia un auténtico proceso constituyente europeo, recuperando el hilo roto de las campañas por el NO en los referendos de 2005 y 2008. !
Nota:
(1) Tras la redacción del artículo se han producido nuevos sondeos y proyecciones de escaños en el parlamento europeo, que se pueden seguir por países aquí y en sus resultados globales aquí. En general son menos alentadores para el Partido de la Izquierda Europea (PIE/GUENGL), que obtendría un 6,66% de los votos y 47 eurodiputados, los mismos que los Verdes.
Los liberales europeos, con un 7,99% tendrían 60 escaños. Los conservadores del PPE seguirían ostentando la mayoría de la eurocámara con 209 escaños (27,83%) y los socialdemócratas, en segundo lugar, tendrían 203, con el 26,50% de los votos. En este escenario, los partidos del “Consenso de Bruselas” obtendrían 472 escaños, el 62,8%. Un posible bloque de izquierda, al que se sumarán los eurodiputados socialdemócratas si rompieran el tripartidismo, podría contar en teoría con 367 escaños, que supondría un 48,8% de los votos del Parlamento Europeo.
N. de la R.
Gustavo Buster es miembro del comité de redacción de SinPermiso.
Este artículo se publica con la autorización de sinpermiso.info.