España, 24-09-2016

Diez hombres y dos mujeres en una institución donde se dilapidan fondos públicos sin que nadie ose protestar  

 

Miembros del Tribunal Constitucional (2014).

Miembros del Tribunal Constitucional (2014).

España
espacioseuropeos (3/10/2014)
En realidad son diez hombres y dos mujeres, pero parafraseando la célebre obra de Reginald Rose que Gustavo Pérez Puig llevó al teatro con “Estudio 1” representada por los 12 mejores actores de la escena española (José María Rodero, Jesús Puente, José Bódalo, Fernando Delgado, Pedro Osinaga, Luis Prendes, Manuel Alexandre, Antonio Casal, Sancho Gracia, Carlos Lemos, Ismael Merlo y Rafael Alonso) hoy no son “Doce hombres sin piedad” los que habitan el Tribunal Constitucional (TC) sino todo lo contrario: según los Presupuestos Generales del Estado, conceden créditos, pagan medicinas, gastan una fortuna en revistas… Eso sí, cuando tienen un asunto complejo entre manos baten todos los récords de productividad y aumentan el descrédito judicial español con una meteórica decisión sobre el “caso Cataluña”, agilidad que ha sorprendido a propios y extraños. Y es que trabajar en el TC es hacerlo en una suerte de corte faraónica cuyos innumerables dispendios justifican las ambiciones políticas de quienes lo ocupan.

La “pirámide” del Tribunal Constitucional, construida por el arquitecto Antonio Bonet: la habita una corte de “faraones”.

Su conocida sede trapezoidal parecida a una pirámide y situada en el barrio de Moncloa (Madrid) fue construida por el arquitecto Antonio Bonet –al que tanto elogiara el poeta Rafael Alberti– y es hoy un nido de intrigas, ansias políticas y privilegios medievales.

Un repaso a los 23,6 millones de euros anuales de presupuesto así lo atestigua: 1,8 millones al año se llevan sus altos cargos, 12,2 sus funcionarios y 0,8 sus eventuales. Poseen trienios (886 mil euros), pagas extraordinarias (1,4 millones), complementos (7,4 millones), gratificaciones (202 mil euros)… Gastan 305 mil euros en “prensa, revistas, libros y otras publicaciones” y otros 1.400 euros en “publicidad y propaganda”, más 1,3 millones en “estudios y trabajos técnicos” que no van en el sueldo, pues al parecer con tanto bastardeo político los magistrados de carrera escasean. Dietas, locomoción e “indemnizaciones” se llevan 230 mil euros, las pensiones de sus ex presidentes no se rigen por el régimen general sino que les añaden 124 mil euros más y unas extrañas “remuneraciones de transición Magistrados” suman otros 266 mil.

Hasta su Asociación de Letrados recibe 18 mil euros en subvenciones. El TC en España ejerce también como banco: da préstamos a corto plazo, a familias y a instituciones sin ánimo de lucro (48 mil euros), también como farmacia (pagaron 2.000 euros en “productos farmacéuticos y material sanitario”) y otros 40 mil en mensajeros. Los “faraones” judiciales que disfrutan de estas bicocas con dinero público en plena crisis, con los bancos de alimentos desbordados, un paro descomunal y un exilio laboral masivo de sus compatriotas que les sufragan, son estos:

Francisco Pérez de los CobosFrancisco Pérez de los Cobos
Francisco Pérez de los Cobos: lo conocen con el apelativo de “presidente” y de su doble vida ya dio cuenta “Espía en el Congreso”. Ocultó su militancia en el PP, lo que provocó un escándalo internacional, pero no dimitió amparado por el propio Mariano Rajoy, con quien comparte muchas intimidades que le han blindado en el cargo. La crisis trajo buenos resultados para su empresa consultora Labour Prospectives SL: en 2009 facturó casi 150.000 euros y en 2010 superó los 100.000, pero es mal pagador: Hacienda inició dos procesos de ejecución contra la sociedad por reclamaciones “de menor cuantía”. De los Cobos no aclara a nadie sus actividades porque considera que no tiene obligación de informar sobre los clientes de su empresa ya que es un “asunto privado”, según le dijo al periodista Manuel Rico.

Adela Asua Batarrita
Adela Asúa Batarrita: conocida en el TC como “Adela”, ha militado en movimientos ciudadanos del País Vasco como la Asociación pro Derechos Humanos y Gesto por la Paz. Pero su aval fue político: “por si fuera poco, ambos somos vecinos de Getxo. Creo que son razones más que suficientes para acreditar la idoneidad de cara a ser miembro del Tribunal Constitucional”, confesó entre risas el parlamentario del PNV, Joseba Zubía. “Como personalmente tengo un afecto muy especial hacia el señor Zubía y un gran respeto, si es su candidata, es el candidato de este grupo”, remachó su colega de CiU, Jordi Vilajoana i Rovira. También la apoyó la senadora Carmen Silva Rego (PSOE) “como mujer y como socialista”.

Antonio Narváez Rodríguez
Antonio Narváez Rodríguez: conocido en el TC como “Narváez”, este teniente fiscal del Supremo sustituyó a su compañero del PP, Enrique López, que fue cesado tras haber sido sorprendido conduciendo su moto con alarmantes síntomas de embriaguez. López, sin embargo, volvió a su antigua plaza de magistrado tras aceptar una pena de multa de 1.440 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses y dos días por un delito contra la seguridad vial cometido por saltarse un semáforo cuando conducía sin casco y bebido, cuadruplicando la tasa de alcoholemia. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró su nombramiento “muy oportuno”.

Encarnación Roca Trías
Encarnación Roca Trías: conocida en el TC como “Encarna”, baste esta anécdota para retratarla: “Señora Roca i Trias, ¡que dos apellidos más vinculados a la actividad política y parlamentaria de pasado y de futuro, Roca i Trias!” le espetó el senador Zubía (PNV) cuando la conoció. Ella replicó: “¡Pero yo no tengo relación con ninguno!”, a lo que Zubía contestó sin querer ser más explícito: “Me imagino. Que quede en todo caso constancia para este portavoz que lleva unos cuantos años en estas lides parlamentarias”. Eso sí, pareció molesto con la precisión de ella y le lanzó una soterrada invectiva: “su currículo, por muy generalista que sea, realmente no nos ofrece ninguna duda”. Desde CiU, el senador Vilajoana aclaró que “yo ya sabía que no tenía relación ni con Miquel Roca ni con Xavier Trias, pero estoy encantado de que esté aquí, en primer lugar, porque su currículo lo dice casi todo de usted” y añadió que “entenderá que para nosotros es determinante que el Parlamento de Cataluña la haya propuesto. Por tanto, nuestro grupo -se lo imaginará- la apoya totalmente”. Carmen Silva Rego (PSOE) tampoco indagó mucho en sus credenciales: “Soy militante del Partido Socialista, portavoz de los socialistas en esta Cámara, soy mujer, y creo plenamente en la igualdad entre hombres y mujeres”, dijo para apoyarla, ante el rubor que suponía para “Encarna” tener que ser “enjuiciada” en 7 minutos por políticos sin demasiada idea de derecho, como actualmente ocurre en el actual régimen español.

Santiago Martínez-Vares García
Santiago Martínez-Vares García: conocido en el TC simplemente como “Vares”, rechazó en 2009 un recurso de ERC por la injerencia de la religión en la educación infantil. Su sentencia acogía la tesis de que la religión católica es “de oferta obligatoria para los centros, y de carácter voluntario para los alumnos” pues la Constitución garantiza “en positivo” las libertades ideológica y religiosa, aunque de momento no se conocen profesores públicos de islam o de judaísmo. Este magistrado conservador (APM) es el único que ha defendido la división de poderes a rajatabla y el blindaje del Fiscal del Estado y del Consejo del Poder Judicial frente a los políticos, pero también ha sido acusado de corporativismo al capitanear la revuelta de jueces que pidieron al Gobierno en 1999 una subida de sueldo del 25%. Los magistrados cobraban entonces entre 30 mil y 54 mil euros al año dependiendo del lugar donde ejercieran y el órgano al cual pertenecieran. Hoy el mínimo se calcula en 47.500 euros y el máximo en 107.000, trienios aparte, aunque es solo un cálculo periodístico, pues no existe Ley de Transparencia que permita a los ciudadanos ejercer el derecho a conocer cuánto paga a sus “servidores públicos”, además de quienes y cuantos son, a qué función se dedican y con qué criterios de eficacia y productividad se les premia o penaliza.

Fernando Valdés Dal-Ré: Fernando Valdés Dal-Ré
Fernando Valdés Dal-Ré: conocido en el TC simplemente como “Valdés”, fueron políticos madrileños quienes lo apadrinaron. Y otra anécdota lo refleja: “Buenas tardes, señor Valdés, por fin ha llegado la comparecencia, porque no podemos olvidar que su designación como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional la realizó la Asamblea de Madrid hace ya prácticamente dos años. Yo creo que algunos de los candidatos propuestos ya casi ni se acordaban que lo eran después del tiempo que ha pasado” le dijo el senador Zubía (PNV) tras advertirle un poco chulescamente que no se confiara porque solo había pasado “el primer corte”. Esa es la indignidad, deshonor y humillación con que los jueces deben “tragar” para acceder al máximo tribunal. El político Carles Bonet i Revés (ERC, que en el Senado se llama “Entesa”, grupo formado conjuntamente con PSOE e IU de Cataluña) fue más claro, más osado y menos modesto: “Usted es un representante de la ciencia jurídica y está claro que como científico jurídico es absolutamente idóneo. Aquí nosotros somos científicos políticos. El problema es que la política y la ciencia a veces, aunque se diga que son lo mismo, son muy diferentes. Nosotros le consideramos absolutamente idóneo, pero, al final, los contrapesos políticos decidirán su idoneidad o no”. La frase de este “científico político” debería pasar a la posteridad y explica por qué se ha elevado tanto la mediocridad en Cataluña y en el resto de España. Y es que así, a las claras y con esta desfachatez, los políticos del régimen deciden a qué otros políticos les ponen una toga, los invisten como “magistrados” y los declaran “idóneos”. Y con esos criterios, los verdaderos jueces, claro, las pasan canutas.

Fuente: Un espía en el Congreso

 


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