España
José Luis Heras Celemín (17/11/2014)
Pedro Sánchez, se apocó en la tierra de Agustina de Aragón. Y cedió protagonismo a PODEMOS, la parte de la izquierda que sí se atreve.
El pasado miércoles, tras la comparecencia de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa para dar su opinión sobre lo ocurrido en Cataluña el día 9 de noviembre, algunos grupos parlamentarios salieron a la palestra, en este caso los micrófonos puestos en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, para, obviando el Debate de Presupuestos que es lo que se debatía en la Cámara Baja, “contestar” al Presidente del Gobierno.
El primero en hacerlo fue el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez que, tras el piropo de rigor en busca de titulares (“Tenemos un Presidente resignado y un Gobierno agotado”), dio su opinión sobre la situación en Cataluña y ofreció un pacto al PP para hacer una Reforma de la Constitución capaz de: Mantener los Derechos de los ciudadanos. Hacer una limpieza de la democracia. Y redefinir un marco de convivencia nacional.
Al acabar la comparecencia, se le preguntó por el momento en que el PSOE “pondría negro sobre blanco” su proyecto de Reforma Constitucional. Contestó que la iniciativa correspondía a Rajoy y que él haría esa proposición cuando llegara a Presidente de Gobierno.
Terminado lo que tenía todos los visos de ser una evasiva, alguien recordó que, además del Presidente del Gobierno con el apoyo de su partido, pueden plantear una Reforma Constitucional cualquier Parlamento autónomo o cualquier partido político que tenga 70 parlamentarios nacionales. En ambos casos, el PSOE está capacitado para plantear la reforma constitucional que crea oportuna: Tiene mayoría en el Parlamento de Andalucía que preside Susana Díaz y tiene 110 diputados nacionales.
Por otra parte, ofrecer una propuesta de esta categoría al PP parecía algo fuera de razón, ya que el partido que apoya al Gobierno, con toda lógica, para acceder a proposiciones de este tipo, naturalmente, exigiría una definición de propuestas concretas que en ningún caso podría evitarse y mucho menos esconderse con declaraciones evanescentes.
Por eso, tras el periplo semanal, oídas las declaraciones de algunos socialistas en Extremadura (criticando los asuntos de Monago y sus intimidades), se esperaba la reunión del Consejo de Política Federal que el PSOE iba a celebrar en Zaragoza. A él, acompañando a Pedro Sánchez, se sabía que iban a asistir los llamados barones socialistas y que entre todos iban a elaborar lo que ya en sus principios se llamó “La Declaración de Zaragoza”, en línea con la “Declaración de Granada” de julio de 2013.
Por lo filtrado, a primeras horas de la mañana del domingo ya se supo que, como se intuía y algunos temían, las posturas de los barones socialistas no eran comunes en relación con muchos temas: Acuerdos y pactos públicos o Privados con el PP para asuntos diversos. Forma de tratar el problema surgido en Cataluña. Relaciones con Artur Mas y otros líderes de CIU. Petición de una Subcomisión en la Comisión de Constitucional para pedir la Reforma Constitucional. Fijación de una limitación de Mandatos. Concreción en la Constitución (reformada) de un porcentaje del PIB para dedicarlo a Educación y Sanidad. Reducir el número de las personas aforadas, etc.
A más abundamiento, y ya centrándose en personas definidas, al acabar la mañana, algún digital se hizo eco de opiniones encontradas entre el Primer Secretario del Partido Socialista Catalán (PSC), Miquel Iceta, y la presidenta de Andalucía Susana Díaz por la “velocidad” a imprimir a la resolución de la cuestión catalana (Confederalismo constitucional pretendido en una Constitución Federal pero profundamente anti confederal).
Como consecuencia de ese enfrentamiento de posturas, en el telediario del medio día salió a la luz algo que contentaba a todos (porque no satisfacía a nadie), lo que se llamó “Un nuevo Pacto Ciudadano por la Reforma Constitucional, la Regeneración democrática y el Fortalecimiento de los derechos y Libertades”. Sin leerlo, el título se refería a lo mismo que había anunciado Pedro Sánchez en su comparecencia del miércoles, aunque con el orden cambiado.
No salió a la luz, pero sí existió una circunstancia a tener en cuenta: La Propuesta (posible) de una Reforma Constitucional por parte del PSOE, cualesquiera que fuera ésta, le brindaba al PP la posibilidad de estudiar y calibrar todos y cada uno de los apartados propuestos y, en función de sus propios intereses, acceder (o no) en cada uno de los puntos “sacando ventaja” de todo: Lo aceptado, que se justificaría como conviniera; y lo rechazado, que se aprovecharía de todas las formas.
Al respecto, quedándose en una postura cómoda, Rajoy ya había dicho “Yo y mi partido nos opondremos a cualquier reforma de la Constitución que incluya la autodeterminación y por tanto liquide la soberanía nacional. No voy a dialogar nunca sobre la soberanía nacional (…) el plan que tengo es seguir luchando contra el paro y seguir resolviendo los problemas…”. Aparentemente cedía protagonismo, pero sólo aparentemente, realmente la postura del Presidente del Gobierno lo que hacía era imponer al Jefe de la Oposición una realidad en la que debía calibrar su capacidad y valentía para hacer propuestas.
Por eso, entre otras razones, el nuevo “Pacto Ciudadano” se concretó como se hizo, con la intención de “volver a recordar al señor Rajoy que hay una propuesta de Reforma de la Constitución” (que no se definió y sin aceptar la responsabilidad de tomar la iniciativa definiéndolo); y se dio a la prensa condensado en 9 folios con tapas de diseño: En la primera hoja “hacer (en minúsculas) POR UN NUEVO ACUERDO DE CIUDADANÍA” y en la tapa del final “♯ SER SOCIALISTA ES HACER”.
Dentro, un contenido impreciso: “…proponemos la renovación del pacto constitucional a través de una Reforma de la Carta Magna, un compromiso de regeneración democrática y la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes (…) abordar una reforma parcial de la Constitución que salvaguarde sus señas de identidad pero que permita afrontar con éxito sus tres retos esenciales: 1.- Brindar el sistema de derechos, libertades y la igualdad de todos los españoles, 2.- Modernizar nuestra democracia, y 3.- Transformar la España Autonómica en una España Federal. Resolver las disfunciones del Estado de las Autonomías provocadas tras más de tres década de existencia”.
Con ello, Pedro Sánchez, sometido a equilibrios de poder internos y con los redaños justos, se apocó en la tierra de Agustina de Aragón. Y cedió protagonismo a una parte de la izquierda que sí se atreve: La que representa Podemos, que acaba de declarar “que va a abrir el candado (El texto cerrado de la Constitución) del 78” y que, rectificando posturas del pasado, por boca de Pablo Iglesias, aseguraba hace unas horas; “Ayer dije que acataba la Constitución hasta que los ciudadanos la cambien para recuperar sus derechos sociales. Eso es lo que toca ahora, trabajar para abrir un proceso constituyente que devuelva la palabra al pueblo “… “(los ciudadanos) son mayores de edad y tienen derecho a decidir sobre su futuro y la democracia”.
Como consecuencia, esta semana el PSOE pedirá la creación de una subcomisión para que otros (los representantes de las autonomías y expertos de todo tipo) se ocupen del problema que existe, busquen espacios de consenso entre todos y para que, una vez puestos de acuerdo (si lo hay) hacer una propuesta de Reforma Constitucional.
Es el resultado, quizá inevitable, de la Declaración de Zaragoza.