Argentina/España
espacioseuropeos (2/11/2014)
La jueza argentina, María Servini, titular del Juzgado Nacional que se ocupa de lo Criminal y Correccional Federal N° 1, ha ordenado la detención –extradición- de Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, además de otras 19 personas más. Servini investiga la denuncia presentada por asociaciones españoles por los crímenes, supuestamente, cometidos durante la etapa de la dictadura del general Franco. En consecuencia ha ordenado la detención de 20 personas de nacionalidad española.
La jueza argentina encomendó a la Interpol el arresto preventivo de los 20 acusados a efectos de solicitar su extradición a España para ser interrogados en Argentina.
Los encausados son Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y, posteriormente ministro de Interior con el presidente Adolfo Suárez; José Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75); Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975;
Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente del Gobierno (1974-1975); Antonio Barrera de Irimo, ministro de Hacienda (1973-1974), fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77); Jesús Cejas Mohedano, Jesús González Reguero, Abelardo García Balaguer; José María Sánchez Ventura Pascual, ex ministro de Justicia (1975); Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía Armada; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra que juzgó al anarquista Puig Antich, la última persona a la que se ejecutó en España por el cruento sistema de “garrote vil”.
Las acusaciones son, en el caso de Martín Villa, por los graves sucesos acaecidos en Vitoria en marzo de 1976, donde murieron cinco trabajadores por disparos durante los enfrentamientos habidos en el transcurso de una carga policial. A Utrera Molina –suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón– le acusa la jueza argentina de ser responsabilidad en la pena de muerte del anarquista Salvador Puig Antich. Fernando Suárez está acusado de aprobar en Consejo de Ministros los últimos fusilamientos de cinco personas (dos miembros de ETA y tres del FRAP) en septiembre de 1975.
Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía Armada, y siete policías, Benjamín Solsona Cortés, Félix Criado Sanz, Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres, Ricardo Algar Barrón, Pascual Honrado de la Fuente y Atilano del Valle Oter están, asimismo, acusados por los graves sucesos del 3 de marzo de 1976.
La Asociación 3 de Marzo, que representa a los cinco muertos y a las más de cien personas heridas en 1976 en Vitoria, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que se detenga a Martín Villa y se lo entregue a la Justicia de Argentina.
Un portavoz de esa asociación ha considerado muy positivo el Auto de la jueza Servini porque –dice- después de tanto tiempo «se va rompiendo la impunidad que ampara a los responsables de hechos criminales», aunque se muestra muy escéptico en que el Gobierno de Mariano Rajoy ordene la detención de los 20 imputados.
Hay que recordar que en los sucesos del 3 de marzo de 1976 (Vitoria), el titular del Ministerio de Gobernación era Manuel Fraga Iribarne, pero nada más tener conocimiento de los trágicos sucesos se “preparó” un viaje al extranjero, dejando a cargo de su ministerio al entonces Secretario General del Movimiento, Adolfo Suárez.