Bolivia
Andrés Soliz Rada (14/1/2015)
El vicepresidente Álvaro García Linera cometió un error al afirmar que la justicia está podrida. Está retrasada, lo que no es lo mismo. Si la justicia y la política son espejos de la sociedad, lo anterior equivaldría a sostener que la sociedad boliviana también está podrida y ello no es así. La afirmación se produjo, por el contrario, en momentos en que el crecimiento económico, la autoestima y unidad del país han alcanzado niveles no conocidos hasta ahora.
Desde luego que la administración de justicia arrastra sus lacras endémicas: Sumisión al Ejecutivo, corrupción galopante, retardación, mora procesal, desorden demencial, hacinamiento en las cárceles y, salvo excepciones, administradores de justicia delincuentes. Por tanto, lo que corresponde es elevar a la justicia al nivel del resto del país.
Los propugnadores de soluciones al problema cometen el error de mezclar sugerencias de soluciones inmediatas con las de mediano plazo. En lo inmediato, es obvio que se debe tratar de contener la corrupción. Así lo hizo la Ministra de Transparencia, Nardi Suxo, al aplicar la Ley de Investigación de Fortunas a jueces, fiscales y policías corruptos. La retardación está siendo encarada incrementando la oralidad, el uso de computadoras, la simplificación en juicios de divorcio, la prohibición de vacaciones judiciales colectivas y otros parches de buena voluntad que dejan intacta la estructura de una justicia que se cae a pedazos.
Bolivia, con la presidencia de Evo, ha sufrido un terremoto social y cultural que, al combatir al colonialismo interno, profundizó los alcances de la Revolución de 1952. Es obvio que después de un terremoto todo se desordena, sobre todo en la justicia, que debe reflejar los nuevos valores que se construyen en un proceso de cambio.
Esa actualización fue buscada a través de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), de 2009, concebida para un país de mayoría indígena. Pero el preconcepto fue y es erróneo. El censo de 2012, corrigió al del 2001 y determinó que sólo el 40 % de la población se considera indígena. El 60 % restante es, en su inmensa mayoría, indo mestizo. Lo anterior se refuerza al recordar que el 70 % de la población boliviana es urbana.
Ahora bien, la nueva CPE, al pensar sólo en el 40% de los bolivianos, se empantanó en contradicciones insalvables. Hablar de estado “unitario” y “plurinacional comunitario”, resultó un círculo cuadrado. Defender el dominio ancestral de 36 inexistentes naciones indígenas sobre sus territorios precolombinos, los que debían ser delimitados, resultó más difícil que cazar mosquitos con guantes de box.
Pero, además, si cada nación indígena, tiene derecho a la libre determinación, a sus “sistemas jurídicos” de igual jerarquía que la justicia ordinaria, así como a la propiedad de los recursos naturales renovables y virtual veto sobre los no renovables, el himno al caos adquiere dimensiones cósmicas. Es obvio que nuestros jueces, aunque tuvieran la sabiduría de Pantaleón Dalence, se sientan tan extraviados como están ahora.
Sin embargo, sería erróneo desechar los históricos avances de la nueva CPE. En materia de garantías y derechos, su aporte es trascendental, pero se requiere darles efectivo cumplimiento. Existen conquistas ancestrales que están siendo desaprovechadas. Así, por ejemplo, la justicia comunitaria, fundada en el restablecimiento del equilibrio social y de la reparación del daño causado, ha generado desconfianza por su carácter inapelable. Se necesita más justicia comunitaria, más tribunales de conciliación, más arbitraje, más jueces de paz en el ámbito municipal a fin de descongestionar las instancias superiores de los tribunales.
En descargo de los constituyentes, debe reconocerse que trabajaron en momentos en que la existencia de Bolivia estaba amenazada. Eran momentos en que Eduardo Rózsa, declaraba en Croacia, que llegaría a Bolivia “a proclamar la independencia de Santa Cruz para fundar un nuevo país”. Eran momentos en que Felipe Quispe insistía en que los indígenas “nunca seremos bolivianos”.
Evo logró casi el milagro de aglutinar al indigenismo y al empresariado cruceño, con la enorme base social de las capas medias, que lo respaldaron con el 60% en las últimas elecciones. Con Evo se redactó una Constitución indigenista, que debe ser transformada en una Constitución indo mestiza, que refleje mejor lo que es hoy Bolivia. Este es el camino previo para transformar la justicia.