España, 28-09-2016

Corruptos al por mayor

De izquierda a derecha, Felipe González,  Mariano Rajoy, Rey Juan Carlos I, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar

De izquierda a derecha, Felipe González, Mariano Rajoy, Rey Juan Carlos I, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar

España
Diego Camacho (30/4/2015)
La maniobra consensuada va perfilándose. Primero sustituyen al juez Ruz que había investigado, más de lo deseable para el gobierno, los papeles de Bárcenas, la financiación ilegal del PP y los sobres con dinero negro. Ahora esta a punto de ser sustituida la jueza Alaya que había logrado responsabilizar, por el asunto de los ERES, a las personas que por su cargo eran las únicas que tenían la capacidad para que esa  trama estuviera funcionando durante más de una década. Es un dato determinante el que Chaves y Griñán, por imperativo electoral que no por arrepentimiento, puedan perder próximamente su aforamiento. 

La segunda fase se ha iniciado de manera inmediata. La fiscalía anticorrupción dice no ver delito donde sí lo ven la mayor parte de los mortales: en la mamandurria financiera  del PP. Solo aprecia conducta delictiva en los tesoreros.

Está visto que con tal de no asumir responsabilidades y sobre todo quedarse con el  dinero afanado, el Poder (PP y PSOE fundamentalmente) está dispuesto a todo, utilizando los resortes que tiene en sus manos: 1º instrucción complaciente; 2º remoción de jueces independientes; 3º castigo de jueces recalcitrantes; 4º admisión de facturas falsas para desgravar; 5º ceguera para ver lo que está a la vista de todo el mundo; 6º considerar el enamoramiento como una eximente cuando se trata de una Infanta de España; 7º la prescripción de los delitos económicos; 8º las fianzas ridículas ante lo estafado; 9º el trato amigable cuando el aforado llega al Tribunal Supremo; y 10º el indulto en caso que las anteriores medidas hayan fallado.

Este Poder nombra a los jueces en los niveles superiores. A la Fiscalía se la percibe  más pendiente de defender los intereses del gobierno que el principio de legalidad. Si los partidos están inmersos en la corrupción y además se han encargado de terminar con la independencia judicial, a la vez que han convertido a la Fiscalía en una abogacía del Estado bis, el ciudadano se ha quedado sin las garantías constitucionales, que aseguran su soberanía, en el caso de colisionar con ese Poder. Es decir, estamos en una situación jurídica parecida a la existente durante la monarquía absoluta: la impunidad. Este estado de cosas es inaceptable y es necesario tomar conciencia del mismo para poder luchar por nuestra libertad. Si no lo hacemos, estas mafias convergentes que controlan el Estado llegaran a donde sea con tal de hacer prevalecer sus privilegios.

Existe un débil dique de contención a la corrupción, es la libertad de expresión que ejercen algunos medios de comunicación. Sobre ellos va a orientarse la acción coercitiva de estos “delincuentes que actúan en la legalidad”, gracias a que ellos son también los legisladores. Una vez que han alcanzado la impunidad, gracias a la justicia vicaria y conservado el dinero sucio de sus influencias, asesoramientos y comisiones gracias a que el Estado no lo reclama Solo les queda para la absoluta impunidad, no quedar en evidencia ante la opinión pública. Para ello, una vez conseguida la sumisión general de los medios más importantes, por diferentes mecanismos financieros, necesitan silenciar los medios que se les escapan de control, aunque ello signifique vulnerar nuestra Constitución una vez más.

En este año electoral surge la esperanza. La que constituyen los partidos que han denunciado esa manera mafiosa de hacer política. La expectativa de voto se ha volcado sobre las opciones que se consideraban más útiles y nuestro paisaje social ha recobrado el pulso. Ciudadanos y Podemos no deben su ascenso, ni a sus programas ni a su organización sino al haber sabido trasmitir aquello que la mayoría social reclama: la decencia en la gestión pública y el trabajo en beneficio del interés nacional y del prestigio de España en el mundo.

Diego Camacho

Diego Camacho

Por ello su previsible pacto, por razones tácticas, con PP y PSOE es un error estratégico para descabalgar de la vida política a los que han sido indignos de la confianza de los españoles. En todos estos años, los bipartidistas han montado una red de clientes  que no puede desaparecer  de la noche a la mañana. Si se pacta con ellos, se la está revitalizando y es más probable que los recién llegados se integren o creen su propia red,  a que la dinámica PP–PSOE varié de rumbo. Como dato a tener en cuenta, Felipe González, uno de los principales responsables de la degeneración de nuestro sistema político, esta tratando de ahormar esa alianza de fondo entre los partidos de la transición.

La necesaria reforma constitucional y la recuperación de la soberanía nacional, necesita un tiempo nuevo. En esa operación es necesario apartar el sectarismo y a aquellos que lo han implantado. Ya que no han devuelto el dinero que se vayan a disfrutarlo y que nos dejen en paz. Con corrupción no es posible la reforma, solo quedaría la revolución.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826