Elena Salgado, José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Sebastián
Elena Salgado, José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Sebastián

España
espacioseuropeos (30/8/2015)
Hace unos días el diario digital Vozpopuli informaba que el presidente Zapatero había regalado durante su mandato más de 3.400 millones de euros a las empresas eléctricas. La misma fuente afirma que esas compañías invirtieron más de 14 millones de euros en informes de prestigiosos despachos de abogados y “presionaron para que el Gobierno de Zapatero no sacara adelante una norma que les habría obligado a devolver 3.400 millones de euros cobrados de más a los consumidores por los CTC”.

Esas informaciones provienen de altos cargos del Ministerio de Industria hechas ante la Fiscalía Anticorrupción. A pesar de ello, las empresas eléctricas salieron airosas de las acusaciones de la Abogacía del Estado.

Todo apunta a que el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,  de2004 a2008, “tenía decidido reclamar a las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON-Viesgo y EDP-Hidrocantábrico) los más de 3.000 millones de euros (esta cantidad se actualizó posteriormente elevándose a 3.400 millones) cobrados de más en concepto de Costes de Transición a la Competencia (sistema por el que la Administración se comprometía a reconocerles el valor del impacto negativo que podría tener en sus cuentas la liberalización del sector)”.

Altos cargos del Ministerio de Industria (Dirección General de Energía) y la Abogacía del Estado trabajaron unidos para tratar de conseguir que las eléctricas devolvieran esos 3.400 millones de euros. Pero al parecer, las compañías eléctricas consiguieron “el borrador de la Orden y pudieron contraargumentar con esos 14 informes con el objetivo de tumbar la norma”. Por cierto, esa Orden que si consiguieron los que trabajaban para las eléctricas no lo pudo hacer Anticorrupción.

Todo parecía indicar que esa devolución podría haber sido posible, pero en las segundas elecciones que ganó Zapatero, llegó Miguel Sebastián al ministerio de Industria y el anterior Director General de Energía “dejó su cargo y se quedó como abogado del Estado en este mismo ministerio”.

La llegada del ministro Sebastián dio un giro a la situación, y a la sede ministerial comenzaron a llegar informes (hasta 14) en los que se rechazaba de plano esa devolución. Curiosamente, la Abogacía del Estado cesó en su labor y las eléctricas consiguieron para la Orden ministerial que iba a publicar el BOE.

Los informes de despachos de abogados muy influyentes, y las “presiones” sobre el ministerio de Industria surtieron su efecto.

En el artículo de Vozpopuli se dice que el “derecho de reclamación para que el sistema eléctrico y los consumidores recuperen el dinero que se embolsaron las compañías prescribió en 2008”

La presiones de las grandes compañías eléctricas tuvo éxito: “Los informes pedidos a la Abogacía del Estado primero, y posteriormente a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), quedaron “en suspenso” y la Orden pasó al cajón de los olvidos del ministro Sebastián”. Y así, las eléctricas no han tenido que devolver un solo euro “de lo que cobraron de más y eso que el Gobierno del PP intentó volver a poner en marcha una iniciativa similar, pero tanto desde los servicios técnicos del Ministerio de Industria, ya bajo responsabilidad de José Manuel Soria, como desde la Abogacía del Estado se confirmó que los hechos habían prescrito”.

Desgraciadamente, la querella presentada ante la Fiscalía Anticorrupción “contra los ministros de Zapatero, Elena Salgado y Miguel Sebastián, finalmente ha sido archivada”.

Si esto no es corrupción, que venga Dios y lo vea.