España, 04-12-2016

Guatemala: Mujeres mayas demandan justicia en histórico juicio

Dictador Efraín Ríos Montt

Dictador Efraín Ríos Montt

Guatemala
Louisa Reynolds (10/2/2016)
Por primera vez, un tribunal admite cargos por esclavitud sexual cometidos durante el conflicto armado.

Petrona Choc, de 75 años, no titubeó cuando contó ante el tribunal cómo los soldados la arrastraron a ella y sus hijos fuera de su casa en 1982, dispararon contra su esposo y la retuvieron contra su voluntad junto con otras mujeres en una base militar cercana, donde fue violada repetidamente y obligada a cocinar para su captores.

“Un día llegaron los soldados y uno de mis hijos, Abelino, dijo: ‘ahí vienen los soldados hoy vamos a morir’. Reuní a mis hijos y les dije que huyéramos a la montaña otra vez, íbamos huyendo cuando escuchamos el tronar de los disparos y ahí murió mi esposo”, relató el 3 de febrero al Tribunal A de Mayor Riesgo.

Choc es una de las 11 mujeres maya q’eqchí de la pequeña localidad de Sepur Zarco, en el oriental departamento de Izabal, que se encontraron cara a cara con los dos hombres que les ordenaron cocinar, limpiar y las sometieron a violación sistemática hace tres décadas: el excomandante de la base Esteelmer Reyes Girón y el excomisionado militar regional Heriberto Valdez Asij.

Esta es la primera vez en el mundo que el delito de esclavitud sexual ocurrido durante un conflicto armado se juzga en el país donde fue cometido.

Las víctimas se presentaron a la audiencia con las cabezas cubiertas con mantas para evitar ser identificadas y sólo se las quitaron cuando fue su turno para rendir testimonio, ya que al ser víctimas de violación en comunidades rurales con frecuencia son rechazadas y aisladas. Muchas integrantes de organizaciones de mujeres y de derechos humanos que asistieron al juicio también se cubrieron las cabezas como muestra de solidaridad.

“Nos violaron, grande fue el sufrimiento que nos causaron, y me decían que ya no había nadie que preguntará por mí”, dijo Choc. Su testimonio era tan desgarrador que en varios momentos el intérprete parecía visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas.

Reyes Girón y Valdez Asij son acusados de haber ordenado y permitido la violación, esclavitud, desaparición forzada y asesinato de no combatientes, crímenes de lesa humanidad que no son considerados por la ley de amnistía de 1996.

La violación como arma
Las víctimas fueron secuestradas y esclavizadas en 1982, durante la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-83), quien fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en el 2013 y actualmente enfrenta un nuevo juicio luego que el veredicto fue anulado por un tecnicismo. Aunque fue corto, el régimen de facto de Ríos Montt fue una de las etapas más sangrientas del conflicto armado guatemalteco, ya que las Fuerzas Armadas intensificaron sus ataques contra las comunidades indígenas bajo la creencia que protegían a guerrilleros.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), hasta 1979 la violación era usada selectivamente por las Fuerzas Armadas contra mujeres pertenecientes a organizaciones guerrilleras. Sin embargo, en la década de 1980 fue utilizada sistemáticamente como parte de los ataques del Ejército contra las poblaciones civiles indígenas. La CEH registró 1,465 casos de violación cometidos durante los 36 años de conflicto armado. El 80% de las víctimas eran indígenas.

Durante la audiencia de apertura el 1 de febrero, la fiscal Hilda Pineda dijo que la violencia sexual era usada como “arma de guerra” contra la población civil. Tres hombres maya q’eqchí declararon que los militares separaban hombres y mujeres para que las mujeres pudieran ser violadas en grupo por la tropa. También dijeron que quedaron sin hogar luego que los soldados los obligaron a desmantelar sus chozas y llevar la madera y planchas de aluminio a la base militar donde fueron usadas como materiales de construcción. Los tres testigos señalaron a Valdez Asij y dijeron que estaba presente en el lugar donde se cometieron estos crímenes.

El juicio por el caso Sepur Zarco se está llevando a cabo en la misma sala en la que se realizó el juicio por genocidio contra Ríos Montt en el 2013. Tal como ocurrió en ese caso, la defensa trató de detener el proceso al presentar una interminable sucesión de apelaciones, reclamando que la jueza Yassmin Barrios no era imparcial ya que ella ya había emitido fallos en otros casos vinculados con violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.

Militares arrestados
Dos semanas antes que empezara el juicio por el caso Sapur Zarco, se realizó otro paso importante para garantizar la justicia para las víctimas de violaciones durante el conflicto armado con el arresto de 18 oficiales militares por las masacres y desapariciones forzadas cometidas en la década de 1980.

Catorce de los arrestados son acusados por desaparición forzada y tortura en relación a una fosa común conteniendo los restos de 533 cuerpos de 84 fosas clandestinas descubiertas en el 2012 en una exbase militar en el departamento de Cobán. Entre los detenidos se encontraba el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García, hermano del dictador Fernando Romeo Lucas García (1978-82).

Los fiscales también pidieron retirar la inmunidad como legislador a Edgar Ovalle Maldonado, uno de los oficiales militares en retiro que fundó el Frente de Convergencia Nacional (FCN) que llevó al poder al nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en el 2015, para que enfrente cargos por su supuesta participación en el caso Cobán. Sin embargo, el 28 de enero, la Corte Suprema determinó que no había motivos para enjuiciar a Ovalle.

Víctimas de la dictadura.

Víctimas de la dictadura.

Expertos forenses determinaron que las víctimas de Cobán provenían de diversas partes del país, sugiriendo que el lugar podría haber sido un centro de interrogación y detención. Numerosos cuerpos se encontraban vendados, con las manos y pies atados, lo que indicaría que fueron ejecutados. Algunos tenían heridas de armas o huesos rotos que fueron curados y vueltos a romper, señal que fueron torturados antes de ser ejecutados. La fiscal general Thelma Aldana se refirió al caso como “uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”.

Los cuatro oficiales restantes fueron acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, secuestrado por integrantes del aparato de inteligencia del Ejército en 1981 en venganza por el activismo de su familia como opositora a la dictadura de Lucas García. Entre los acusados se encuentra el coronel retirado Francisco Gordillo Martínez quien llegó a ser uno de los tres miembros de la junta militar encabezada por Ríos Montt.

Mientras tanto, el nuevo juicio contra Ríos Montt sobre cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad experimentó un nuevo retroceso. El 11 de enero fue suspendido por el tribunal para resolver peticiones legales pendientes.

N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de Alterinfos.

 


Contenido relacionado...


Compartir:


Espacios Europeos © Copyright 2005-2016 No nos copiéis, nos cuesta mucho trabajo mantener esta página.
Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826