España, 04-12-2016

Tres años sin explicaciones sobre la tragedia del tren Alvia en Santiago de Compostela

Tragedia en Santiago de Compostela.

Tragedia en Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela (La Coruña)
espacioseuropeos (26/7/2016)
El pasado día 24 de este mes, se cumplieron tres años de la tragedia acaecida el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela (La Coruña), cuando el tren Alvia estaba a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. Sin duda alguna fue un tremendo error humano, el del maquinista, pero ahora todo parece dar un giro importante gracias al informe elaborado por la Agencia Ferroviaria Europea.

Los manifestantes que asistieron a la concentración en Santiago de Compostela pidieron la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, ahora Presidenta del Congreso de los Diputados. Los manifestantes exigen “justicia”, tras tres años de “mentiras”, “ocultamientos”  y “afrentas” por parte del Gobierno de España, a la vez que han pedido una investigación del Congreso de los Diputados, un informe técnico independiente y que los ex ministros de Fomento, el socialista José Blanco (ahora Parlamentario Europeo) y la popular Ana Pastor, pidan perdón “públicamente”.

Asimismo, criticaron al PSOE y PP, ya que entienden que ocultan información vital para la causa judicial y por oponerse a la creación de una comisión de investigación parlamentaria.

Los representantes de las distintas asociaciones de víctimas, y alguno de los afectados, comentaron que ha sido “una auténtica vergüenza” todo lo ocurrido, desde la actitud de los dos ex ministros de Fomento, la actuación de los peritos de Santiago y la de los directivos de RENFE, ADIF e INECO. Se quejan, asimismo, de que no se hizo ninguna evaluación de riesgos antes de iniciar las operaciones en la línea ferroviaria, como fue el caso de la curva de la Grandeira en Angrois (La Coruña).

Las investigaciones que por entonces llevó a cabo Renfe y el Gobierno de España, así como peritajes oficiales, se ha demostrado que están hechos con parcialidad. Ahora, los familiares de las víctimas han pedido se amplíe el número de acusados más allá del maquinista, único acusado hasta ahora.

La curva donde tuvo lugar el accidente (81 muertos y 144 heridos) no era segura y carecía de las balizas de seguridad precisas. Pero ahora, ha sido Bruselas quien certifica que en los informes sobre el accidente ha habido incumplimiento de las Directivas Europeas de Seguridad Ferroviaria por parte del ministerio de Fomento (Ana Pastor era la ministra cuando se investigó el accidente) y afirma que: “Teniendo en cuenta la extremadamente seria naturaleza de este accidente debería abrirse una investigación que cumpla con las exigencias de independencia (…) Las conclusiones de la Comisión de Investigación Accidentes Ferroviarios (CIAF), auspiciada por Ana Pastor, no son válidas al no ser un organismo independiente”.

Para Bruselas, el informe de la CIAF, “se centra en el fallo humano y no da respuesta a preguntas esenciales, ni determina las causas estructurales y causas raíz, que son las que con toda probabilidad se refieren a las actuaciones que implicarían a ADIF, RENFE e INECO”, todas dependen del Ministerio de Fomento.

El informe, acusa a CIAF: “el cambio de proyecto que rebajó la seguridad y la desconexión del sistema de control de velocidad (realizado bajo el mandato de Ana Pastor), que, de no haberse producido, el accidente se habría evitado”.

Lo más grave, a nuestro entender, es que desde España se ha presionado a Bruselas para que ese informe no viera la luz, a la vez que critica el que no se acordara crear una Comisión Parlamentaria, a la que el PP y PSOE se opusieron.

Bruselas da la razón al juez instructor Lago Louro, ya que evaluó de forma correcta y objetiva el riesgo en la curva de Angrois, aunque “no admitió todos los recursos”, según las asociaciones de víctimas.

La reapertura de la instrucción es un aviso tanto al juez instructor, que ha tenido parada la causa prácticamente un año y medio, como al Fiscal Antonio Roma. De hecho, nada más conocer el informe elaborado por Bruselas, el Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, comentó que “habrá que volver a valorar el caso Alvia”.

El 11 de julio de este año, familiares de las víctimas del accidente se dirigieron a Ana Pastor –todavía era ministra de Fomento- para “notificarle” que la Agencia Ferroviaria Europea, “máximo órgano de la Unión Europea en materia de seguridad ferroviaria, el pasado día 7 de julio entregó personalmente a la Plataforma Víctimas Alvia 04155, el documento elaborado por sus técnicos sobre el desgraciado accidente que se produjo el día 24 de julio del 2013 y que produjo la muerte de 81 personas y lesiones graves a más de 140”.

En la misiva la manifiestan que ella conocía las presiones que el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha “presionado a la UE para que dicho informe no viera la luz, según han publicado la mayoría de los medios de comunicación”. Y le solicitan una reunión “para que usted nos explique personalmente por qué nos mintió a las víctimas y a sus familiares. Y cuando decimos que nos ha mentido no es un insulto sino la simple constatación de la realidad”. Y le detallan las veces que les ha mentido. Una de ellas en su comparecencia en agosto de 2013 ante el Congreso de los Diputados “para dar una explicación ante esta enorme desgracia y, entre otras cosas, dijo: “Señorías, en lo que se refiere a las causas que han provocado el accidente, en estos momentos están abiertas dos investigaciones, una judicial y otra que está llevando a cabo la Comisión de Investigación de accidentes ferroviarios, la CIAF…. la directiva 49/2004, la cual establece la obligación de que los Estados miembros cuenten con un organismo independiente de investigación. La CIAF es un órgano colegiado especializado que, si bien está adscrito al Ministerio de Fomento a través de la subsecretaría goza de total independencia y realiza sus actividades de forma transparente y neutral, independientemente de la Dirección General de Ferrocarriles, de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias o de cualquier empresa ferroviaria”.

José Blanco y Ana Pastor, respectivamente, Parlamentario Europeo, y Presidenta del Congreso de los Diputados.

José Blanco y Ana Pastor, respectivamente, Parlamentario Europeo, y Presidenta del Congreso de los Diputados.

En consecuencia, le piden que la Comisión de Investigación siga investigando para esclarecer definitivamente las causas que provocaron el accidente. La acusan, además de mentir, de tapar a su gobierno y al anterior, el del PSOE.

Ahora, la Audiencia Provincial de La Coruña reabre el caso de este accidente, tal y como venían pidiendo las asociaciones de víctimas y familiares. Es la Audiencia la que afirma que “pudiera haber responsabilidades criminales de terceros», y una vez más señalan al Director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, responsable de la desconexión del sistema de seguridad de control de la velocidad, el  ERTMS, en Angrois, sistema que hubiera podido evitar el accidente. Este hombre, que además se negó a declarar en el juicio, actuó como perito judicial en la investigación del grave accidente del metro de Valencia, y está imputado por otro accidente, el de dos mercancías en Arévalo, que causó en el año 2010, la muerte de un maquinista, al parecer, por una incorrecta señalización.

La Justicia española debe depurar las responsabilidades a que hubiera lugar, pero mucho nos tememos –experiencia existe- de que el tiempo, las presiones, el poder y las corruptelas, irán minimizando el impacto del informe de Bruselas.

José Blanco, exministro de Fomento del PSOE en la etapa de Zapatero, quería inaugurar ese tramo a toda costa por “necesidades” electorales; más tarde, ADIF tomó la decisión de reducir la seguridad de la línea del Ave Ourense-Santiago de Compostela, tramo donde tuvo lugar el fatídico siniestro.

Hay que recordar que en un principio hubo 27 técnicos y directivos de ADIF imputados por esta rebaja, pero en octubre del mismo año la Audiencia Provincial de La Coruña levantó esas imputaciones por entender que eran “prematuras”, exigiendo acto seguido la elaboración de peritajes técnicos especializados. Más tarde, Ana Pastor (PP), como ministra de Fomento, no mandó corregir la decisión que se había tomado durante la etapa de Blanco como ministro, sino que encima permitió a los trenes Alvia a que desconecten el sistema de control ferroviario europeo, el ERTMS.

Las direcciones de ADIF y de RENFE no propusieron un sistema alternativo para “compensar las carencias de seguridad que esta medida implicaba, lo cual podría haber evitado el descarrilamiento mediante una advertencia al maquinista por exceso de velocidad antes de llegar a la curva”, como recogió el digital InfoLibre.

En fin, una chapuza más, y encima premiada con altos cargos.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826