España, 09-12-2016

Reino de España: Reforma laboral y pacto de investidura

LaboralEspaña
Antonio Baylos (28/8/2016)
No parece el momento adecuado, y sin embargo lo es. Todos hablan del acuerdo de C’s con el PP que le debería garantizar la abstención del PSOE, continua y reiteradamente negada, y se preguntan si las diferentes voces nacionalistas apoyarán esta opción. La discusión luego se desliza a considerar la disyuntiva aut Rajoy aut nihil y anima el debate último la coincidencia de las posibles terceras elecciones con el día de la Natividad del señor, ya en las postrimerías del año 2016, yermo en términos resolutivos de gobierno. No sabemos mucho de lo que constituye el núcleo del previsible acuerdo entre el joven partido de la regeneración democrática de centro –derecha y el consolidado partido de gobierno– provisional–de centro-derecha con un rastro consistente de procesos penales y una ejecutoria terrible en términos de desmantelamiento de derechos y crecimiento de la desigualdad social y económica.

Conocemos, eso sí, que nada se ha hablado sobre la necesidad de modificar la regulación de las relaciones laborales que se inició en el 2010 y que se ha ampliado e intensificado tras la reforma laboral del 2012 y su desarrollo en el 2013 y 2014. Nada sabemos tampoco de la posición que este bloque político sostiene respecto de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal en lo que se refiere a la represión gubernativa y penal de derechos colectivos básicos de ciudadanía.

Son estos elementos decisivos para cualquier pacto político que se precie, y es importante que la ciudadanía sepa qué es lo que los partidos que aspiran a crear una mayoría de gobierno conciben sobre el particular. La democracia exige que este tipo de cuestiones sean debatidas en el marco de un proceso de negociación entre partidos para obtener un apoyo parlamentario suficiente para formar gobierno. Parece como si el trabajo y los derechos que de él provienen no tuviera importancia constitutiva en la determinación de un proyecto de gobierno en un país como el nuestro, devastado por la aplicación de las políticas de austeridad. Exigir que las fuerzas que se han configurado como los protagonistas mediáticos absolutos de este tiempo de silencio para el resto de los sujetos políticos y sociales, se pronuncien sobre este tema, resulta una obligación cívica para sindicatos y partidos políticos partidarios del cambio y de desalojar al PP del gobierno.

La reforma laboral no es un asunto que se pueda dejar en el olvido, dando por supuesto que son cambios irreversibles y definitivos que no pueden comprometerse en un pacto de gobierno. La reforma laboral, concebida como un proceso desplegado en el tiempo con una intensidad acelerada de 2010 al 2014, tiene su punto de inflexión en la Ley 3/2012, y ha impuesto una situación de excepcionalidad social que se quiere permanente, como una nueva fórmula que sustituya el paradigma constitucional sobre el que estaba fundado el pacto constituyente de 1978 que el Tribunal constitucional en sus sentencias de 2014 y 2015 ha reemplazado, de manera sectaria y complaciente, por otro en el que no se reconocen las mayorías sociales que legitimaron el modelo constitucional primigenio.

El Rey JUan Carlos, con Mariano Rajoy, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Foto La Moncloa.

El Rey JUan Carlos, con Mariano Rajoy, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Foto La Moncloa.

Las consecuencias económicas y sociales de la reforma laboral son sobradamente conocidas y no es el caso ahora de reiterarlas. Sabemos que el derecho al trabajo y el derecho a la negociación colectiva han sido severamente transformados por estas normas, y que la devaluación salarial, la incentivación casi indisimulada del trabajo no declarado y sobre explotado, el incremento exponencial de la precariedad y la proclamación de una tendencia a la extensión de la desigualdad económica y social, con la creación de amplias fracturas y exclusiones colectivas, son los elementos realmente perseguidos por la iniciativa legislativa y las políticas subsiguientes del gobierno, que además ha radicalizado el ciclo represivo contra la protesta social y el conflicto obrero. Pero ante todo las consecuencias más graves lo son en términos político-democráticos.

La reforma laboral se resume en un amplio proceso de pérdida y reducción de derechos individuales y colectivos. Pero se tiene que contemplar este proceso desde su opuesto. Es decir, que hay en efecto un recorrido normativo –con ciertos espacios de indeterminación logrados a partir del momento interpretativo judicial, como ha sucedido en el caso de los despidos colectivos o con la ultra actividad de los convenios– que establece una disciplina de pérdida y de reducción de derechos, pero a su vez eso implica la ampliación de los caracteres de violencia y de dominio que caracterizan el contrato de trabajo. Desde este punto de vista, el trabajo que regula la norma laboral se aleja decididamente de lo que debería ser el paradigma de la acción sindical, un trabajo que garantiza la calidad de la producción y que autogobierna su flexibilidad. Por el contrario, la reforma laboral favorece la consolidación de un poder discrecional de la dirección de la empresa casi absoluto en la determinación del trabajo en concreto, lo que implica a su vez discrecionalidad  –esta es  una problemática en la que insistía siempre Bruno Trentin– en la cantidad y calidad de la información de la que disponen los trabajadores que diseñan y ejecutan el mismo. La construcción de una relación directa de autoridad sobre el trabajador individual que está inscrita en el ADN del contrato de trabajo, se radicaliza como poder de coerción sobre cada trabajador individualmente considerado, en un contexto en el que el sindicato y las representaciones unitarias en la empresa se convierten en intermediarios de las decisiones inmodificables de la dirección.

El problema de la reforma laboral en España, como en general la regulación de las relaciones de trabajo en un país determinado, tiene necesariamente que tener en cuenta este aspecto directamente político, el de las relaciones de gobernantes y gobernados en los lugares de producción y la alteración de los equilibrios del poder en este espacio, modificado en el sentido de fortalecer la discrecionalidad hasta el puro arbitrio sin modular ni reducir la violencia de la explotación mediante mecanismos que actúen en la esfera de la distribución, señaladamente la Seguridad social, la protección por desempleo, los servicios sociales.

Todo este discurso crítico debe acompañar la narrativa sobre la reforma laboral, para que a través de la misma se pueda discernir la importancia de un movimiento de reforma gradual de los presupuestos de poder que separan a gobernantes y gobernados en el espacio de la producción y en los lugares de trabajo. Este enfoque permite resaltar dos elementos importantes de cambio. De un lado, el planteamiento de la democracia económica, que no sólo supone desarrollar elementos de participación y ganar espacios para la negociación colectiva, sino incidir en la organización y en las condiciones de trabajo como eje de actuación sindical a medio y largo plazo, sobre la base de un principio de enunciado sencillo, el derecho a ser informado, consultado  habilitado para expresarse en las formulaciones que se refieran a su trabajo, rompiendo la separación entre conocimiento y ejecución, impulsando los saberes del trabajo y su actividad creativa. De otro, el desarrollo de derechos colectivos e individuales que permitan avanzar en el territorio de la empresa disminuyendo su opacidad antidemocrática, mediante la generación de nuevos derechos y la vigorización de los antiguos. En esa estela actualmente se encuentra la Carta de Derechos que está impulsando la CGIL italiana, y, de alguna manera también en esa línea la Carta de Derechos que promueve CCOO como elemento característico de la fase posterior a la reforma laboral de la austeridad, puede ser una propuesta interesante.

Romper el silencio que pesa sobre este asunto es crucial. Enlazar la laceración económica y social que la reforma laboral ha producido con la crítica político-democrática debe ser, a partir del final de las vacaciones, un objetivo de los partidos políticos que buscan el cambio, así como de los sindicatos y los movimientos sociales. Hablemos del trabajo y de la democracia porque de esta manera estaremos poniendo sobre el tapete las cuestiones verdaderamente relevantes de esta sociedad.

N. de la R.
Antonio Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla La Mancha.
Este artículo se publica con la autorización de SinPermiso.


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