España, 23-04-2017

El Reino Unido se ha visto obligado a aminorar su Plan de Espionaje por Internet

Agente 007.

Reino Unido
Espacios Europeos (13/12/2016)
Hace pocos días nos hicimos eco de una noticia relativa a que el Reino Unido existen 48 organismos que tienen acceso al historial de internet de los ciudadanos británicos, pero hemos sabido que ese plan de espionaje se ha visto aminorado en sus pretensiones de exhaustivo control. El Plan de Espionaje (Ley de Datos de Comunicaciones) del gobierno británico permitía a los servicios secretos, policía y servicios de seguridad, tener acceso al historial de Internet de los ciudadanos del país. Pero de momento el gobierno ha sido obligado a abandonarlo tras el escándalo que se ha provocado.

El diario The Guardian, publicó hace días –se hacía eco de fuentes oficiosas gubernamentales- que “Tenemos absolutamente claro que partes clave de los planes originales del 2012 serán retirados del nuevo proyecto de ley. Hemos consultado ampliamente (…) y vamos hacia adelante con un nuevo enfoque”.

Varios ministros del actual gabinete comentaron a los medios de comunicación que el objetivo principal del proyecto de ley (Plan de Espionaje) es mantener la capacidad de las “agencias de inteligencia y la aplicación de la ley, enfocadas en las comunicaciones en línea entre los terroristas, pederastas y otros delincuentes peligrosos”.

El gobierno británico, con el argumento de facilitar el máximo de seguridad a los ciudadanos y sus familias, afirmó que facilitaría “todas las herramientas” para que eso fuera así. Sin embargo, el Ejecutivo británico encontró un escollo en los grupos de derechos civiles, que se opusieron a ese plan ya que “viola los derechos y libertades civiles”.

Al parecer, el proyecto, al que los ciudadanos llaman con sorna “Carta del fisgón”, ha sido abandonado por completo –eso dice el gobierno-, pero muchos son los que dudan de que sea así: “Cualquier acceso a los registros de conexión de Internet será estrictamente limitado y específico”, afirma el gobierno.

Según fuentes de los activistas de derechos civiles, a pesar de todo ha sido un éxito, pues el gobierno no ha logrado que se incluya que “cualquier intercepción de las comunicaciones debe hacerse sólo con autorización judicial”.

Mucho nos tememos que todo seguirá igual, mejor dicho, irá en aumento debido al avance de las tecnologías.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826