España
Antoni Domènech/ G. Buster y Daniel Raventós (27/2/2017)
“El cadáver no se queja de los gusanos que le comen, porque él los cría; cada uno mira que no se corrompa, porque será padre de sus gusanos” (Francisco de Quevedo)
El pasado 23 de febrero, el ya ex-fiscal general de Murcia, Manuel López Bernal, denunció en la radio (transcripción) haber estado sometido a presiones e intimidaciones en el ejercicio de su cargo y que el responsable de la fiscalía anticorrupción de la misma provincia hubiese sufrido dos asaltos a su casa “para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción”.
Lejos de ordenar la inmediata investigación de unas acusaciones de tal gravedad, el ministro de justicia, Catalá, se limitó a señalar que “debería haberlo puesto en conocimiento de la fiscalía general”.
Era la gota de agua que desbordaba no ya un vaso colmado, sino toda una ciénaga. La semana no podía estar más cargada de decisiones judiciales que han puesto en entredicho la independencia del poder judicial en el Reino de España en todos los frentes: la corrupción (Noos, Gürtel, tarjetas “black”), la libertad de expresión (el rapero Valtonye) o el ejercicio de las obligaciones políticas de los representantes electos (la presidenta del Parlament de Catalunya, Forcadell). Y llueve sobre mojado. Según el eurobarómetro de abril de 2016, solo un 30% de los ciudadanos tiene confianza en la independencia de la justicia. Una cifra que solo es superada en nuestro entorno por Italia (25%), y a una enorme distancia de Francia (54%), para no hablar de Alemania (69%) o Dinamarca (88%).
En octubre de 2016, el informe Greco del Consejo de Europa sobre la corrupción señalaba con preocupación el total fracaso de las medidas previstas en el Plan de Regeneración Democrática adoptado por el Partido Popular, con mayoría absoluta, en la primera legislatura del Gobierno Rajoy.
La corrupción ha sido una de las características estructurales de la Segunda Restauración borbónica. El llamado pacto de la transición dejó prácticamente intacto el peculiar complejo bancario-burocrático-patrimonial del núcleo socialmente rector del franquismo, y las libertades públicas arrancadas por las clases populares no fueron suficientes para cambiar o aun mitigar ese lastre. La vieja oligarquía sobrevivió a su amplio descrédito popular merced a la tácita promesa de que, con la monarquía restaurada, el país se “abriría al mundo”, y el poder de verdad, pasara lo que pasara, ya no lo tendría ella, sino las autoridades de una Europa “felizmente democrática”. Como hemos apuntado en otras ocasiones, la economía política de la transición y sus privatizaciones instituyeron un peculiar capitalismo de amiguetes políticamente promiscuos, clave de bóveda del cual fueron, como en la Primera Restauración, el propio Trono y el sistema político duopólico turnista entre los dos principales partidos dinásticos, PP y PSOE y sus auxiliares nacionalistas CiU y PNV. La crisis económica de 2008-2013 y el pésimo desempeño en ella de las autoridades europeas, ha hecho crujir todas las soldaduras en que se sostenía el privilegio.
Ello explica porqué miles de personas se concentraron, convocadas a través de las redes sociales, en la Puerta del Sol de Madrid en la noche del sábado 25 de febrero para protestar por la falta de independencia de la justicia tras las sentencias de estos últimos días y los selectivos mecanismos de aplicación de las mismas, en especial en lo que afecta al caso Noos y las tarjetas “black” de los consejeros de Bankia, al grito de “¡Basta ya de impunidad¡”. (En la foto).
La noche de los cuchillos largos de la fiscalía
El miércoles 22 por la noche el Consejo Fiscal –un organismo asesor compuesto por 9 miembros elegidos por los fiscales (de los que 6 son conservadores y 3 progresistas) y dos miembros natos— conoció del Fiscal General, José Manuel Maza, la sustitución de más de 30 fiscales implicados en la lucha contra la corrupción. Entre ellos, el fiscal anticorrupción –responsable de los casos Gürtel, Bárcenas y Púnica, que implican directamente al PP— y el fiscal de la Audiencia Nacional.
Solo los tres miembros de la Unión Progresista de Fiscales votaron en contra de las sustituciones, que son responsabilidad estricta del Fiscal General Maza. En un comunicado posterior, la UPF señaló que los cambios solo pueden interpretarse “desde un interés inminentemente político e ideológico”. “El mensaje que se da es que se cambia a quienes persiguen la corrupción”, explicó el presidente de la UPF, Álvaro García. Como para confirmar sus palabras, Maza había escogido como nuevo fiscal anticorrupción al único candidato sin experiencia en esa fiscalía, a Manuel Moix, hasta entonces fiscal de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo y responsable de la fiscalía de Madrid, cercano ideológicamente al Partido Popular. Por el contrario, los tres fiscales progresistas (Calparsoro, Bernal y Zaragoza) han sido sustituidos.
El “caso Auditorio”
En su segundo día de reuniones, tras la “purga”, el Consejo Fiscal tuvo que abordar, a petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (no representada en el órgano), la solicitud de amparo a favor de las fiscales García Cerdá y Gálvez por las críticas públicas del ministro de justicia, Catalá. Ambas fiscales del caso Púnica se habían negado a firmar el escrito de la fiscalía anticorrupción pidiendo que no se investigase al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Sánchez está en el epicentro del debate político sobre la corrupción y es investigado ya por prevaricación y malversación en el caso Auditorio. ¿Debería dimitir Sánchez al ser investigado por el caso Auditorio? El acuerdo electoral de PP y Ciudadanos –con distintos redactados según el nivel territorial del mismo- está abierto a interpretaciones interesadas de los firmantes y el PP limita la exigencia a la apertura de juicio oral: para escarnio de Ciudadanos, que apoyó su investidura.
Pero, además, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, que actúa como acusación popular en el caso Púnica ha solicitado que se investigue a Sánchez por encargar en un “concierto criminal” una campaña de lavado de imagen en Internet a cargo del presupuesto público de educación de su comunidad. El fiscal general del estado Maza bloqueó que se investigara a Sánchez con una decisión jerárquica contraria a la opinión de las fiscales del caso. Antes de hacerse pública, esta decisión fue filtrada a Sánchez y el ministro Catalá criticó a las fiscales del caso por no someterse al “criterio jerárquico” de sus jefes. Una semana después era sustituido en la “purga” el fiscal de Murcia y responsable de las investigaciones sobre Sánchez, Manuel López Bernal.
Las interpretaciones sobre la “autonomía” de los fiscales
La petición de amparo de las dos fiscales de la Púnica ha terminado con una declaración de los 11 miembros del Consejo Fiscal: “los vocales del Consejo Fiscal afirmamos la irrenunciable autonomía funcional del Ministerio Fiscal y la certeza de que las decisiones que se adoptan en su seno se ajustan a los procedimientos estatutarios y legalmente establecidos. Asimismo conocemos el trabajo profesional de los integrantes de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y que su actuación, como la de todos los Fiscales de España, responde exclusivamente a criterios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia”. Y concluye: “Como sucede con todos los poderes públicos, la labor del Ministerio Fiscal y de sus integrantes es susceptible de crítica, sin que sea admisible ninguna injerencia en nuestra actuación ordinaria”.
De nuevo se trata de un debate de interpretaciones, señaladamente sobre el significado, en este contexto, de la palabra “autonomía”. En su intervención previa a su designación en el Congreso, Maza afirmó: “Importante es, asimismo, que el ministerio fiscal en su conjunto y el fiscal general de manera destacada, en virtud de su supremacía jerárquica, disfrute y ejerza una verdadera autonomía. Recordemos cómo nuestra legislación atribuye a esta institución y a quien la dirige un carácter autónomo, lo que significa sencillamente que no debe ni puede recibir ni cumplir órdenes ajenas en el ejercicio de sus funciones y, lo que es aún más importante, que ha de tener clara conciencia de ese carácter propio de autonomía”. Pero matizaba poco después: “El Gobierno puede dirigirse al ministerio fiscal —no dar instrucciones, por supuesto que no, de ninguna manera, ni instrucciones ni órdenes— en lo que es una saludable y lógica relación institucional. Tampoco pretendamos que el Gobierno sea enemigo del fiscal ni el fiscal del Gobierno; tienen que colaborar institucionalmente, pero, eso sí, siempre con respeto por parte de terceros a la autonomía fiscal y siempre, como he dicho, siendo consciente el fiscal de que su función tiene que ser de esa forma autónoma”.
Y el ministro Catalá, en la presentación de sus líneas de actuación en esta legislatura: “en ningún caso el Gobierno ha obligado a la fiscalía a cambiar de criterio en absoluto. De verdad, creo que este tipo de planteamientos no hacen ningún bien a la percepción social de la independencia —eso de lo que hemos hablado tanto ustedes y yo—, aquí estamos hablando de la fiscalía no del Poder Judicial. No hacemos ningún bien cuando nosotros mismos transmitimos la idea de que el Gobierno le dice a los fiscales lo que tienen que hacer, que ha sido objeto de comentario en alguna ocasión. No ha sido así en ningún caso”.
Corrupción y crisis bancaria
En este confusionario debate, los hechos cuentan más que las palabras. Lo hemos visto también durante cinco años en la explicación del memorándum financiero: no es que España estuviera intervenida por la UE, es que el gobierno Rajoy se adelantaba convencido que era la única política posible, a pesar de lo cual no cumplió ninguno de los acuerdos de ajuste fiscal previstos para 2016, alegando que era año electoral.
Esta comparación viene a cuento porque estos días también han sido imputados los tres altos directivos del Banco de España responsables de la supervisión de la salida a bolsa de Bankia.
Como puso en su día de manifiesto el periodista Ernesto Ekáizer a raíz de los testimonios recogidos por el juez del caso Bankia, desde el comienzo de la crisis bancaria la dirección del Banco de España desoyó los informes de los inspectores responsables directos del seguimiento de Caja Madrid primero y Bankia después sobre las irregularidades en la aplicación de la normativa contable. Como afirmó el entonces presidente del Banco de España en sede parlamentaria, él no había sido el responsable de la decisión final, que solo habría correspondido a Rato, que a su vez achaca la responsabilidad a los informes de la consultora Deloitte y a los dos decretos del recién nombrado ministro De Guindos… El resultado de esta cadena de irresponsabilidades ha sido el memorándum de rescate bancario con la UE, que no iba a “costar nada a los españoles” (Rajoy dixit) y cuya factura supera ya los 60.000 millones de euros y un ajuste fiscal de cinco años… sin que se vea luz al final del túnel.
El ministro De Guindos, que ha escrito un vergonzoso panfleto auto-exculpatorio sobre su gestión de la crisis bancaria y fiscal española, ha animado a que la comisión de investigación aprobada por el Congreso de los Diputados se remonte hasta el primer gobierno Zapatero. Es una señal de que la fractura de la clase dominante ya recorre a la alta burocracia administrativa del estado.
La crisis final del bipartidismo en el poder judicial
Y ahora también los hechos son demoledores: la crítica pública de Catalá a las fiscales del caso Púnica, la imposición del criterio “jerárquico” de Maza contra la autonomía de las fiscales y la “purga” de 30 de ellos. Lo que se ha impuesto, en definitiva, es la “saludable y lógica relación institucional” de la que hablaba Maza.
Tanto Unidos Podemos como el PSOE han reaccionado exigiendo la inmediata comparecencia del ministro de justicia Catalá y del Fiscal general Maza ante el Congreso de los Diputados por lo que algunos han calificado de “23-F de la justicia española”. En realidad se trata de un aspecto más de la crisis del régimen del 78, que acaba con el bipartidismo en el reparto de los cargos judiciales acordado por el PP y el PSOE en 2001. Con el objetivo de “despolitizar la justicia y acercarla a los ciudadanos”, el Pacto de Estado de la Justicia fue negociado por Ángel Acebes y Fernando López Aguilar y firmado por Arenas y Zapatero –como representantes del PP y el PSOE- en presencia de Aznar. La consecuencia de dicho pacto fue justo la contraria, porque ambos partidos clientelizaron la administración de la justicia, asegurando un reparto de puestos que ha terminado por construir una amplia mayoría conservadora en todas las instancias jurídicas. El pacto se rompió con la firma de otro: el del PP con Ciudadanos en noviembre de 2016, del que ya solo quedan jirones, especialmente en materia anticorrupción. Ante las críticas, el Gobierno Rajoy ha reaccionado apoyando “el relevo normal en la fiscalía”.
Cuando los gusanos se comen el espejismo
La independencia de la justicia respecto del Poder Ejecutivo es un pilar básico de cualquier Estado de Derecho. Es quizás el último espejismo del carácter de clase de un sistema jurídico basado en la propiedad privada y la mediación arbitral en su nombre de los conflictos sociales e individuales, que legitima el monopolio público de la violencia y la represión. La capacidad del Poder Legislativo para controlar y aun derribar (si se queda en minoría parlamentaria) al Poder Ejecutivo y para regular y fiscalizar al Poder judicial es un principio fundamental de cualquier Estado Democrático de Derecho. Pues bien; lo que salta a la vista ahora mismo en el Reino de España es un poder ejecutivo que, aun en clara minoría parlamentaria, controla la justicia a su buen placer. Y un Poder Legislativo impotente ante el Ejecutivo y no sólo incapaz de defender la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, sino incapaz también de regular o fiscalizar ese poder. La administración de justicia ha perdido manifiestamente estos días buena parte de la legitimidad social que aún pudiera conservar. Y sin legitimidad social de la justicia, la Segunda Restauración aparece coram populo como teatro del ejercicio descarnado de un poder de parte. Un putrílago en el que el cadáver empieza a ser consumido por los gusanos.
Conviene recordarlo una vez más: el gobierno Rajoy es un gobierno minoritario que solo se sostiene por la abstención de la gestora del PSOE. Una alternativa de izquierdas es no solo necesaria, sino imprescindible para que no nos coman los gusanos.
N. de la R.
Antoni Domènech, Daniel Raventós y G. Buster, son editor general y miembros del comité de redacción de Sin Permiso.
Este artículo se publica con la autorización de SinPermiso.