España, 24-07-2017

Reino de España: La solidez del fango

Mariano Rajoy y Susana Díaz.

España
G. Buster (6/2/2017)
Han bastado tres acontecimientos, en sí mismos limitados, para que el espejismo de estabilidad institucional resultante de la formación –remodelación, en realidad– del gobierno Rajoy, gracias a la abstención del PSOE de la gestora, y las largas vacaciones navideñas se haya evaporado. En concreto, la reaparición definitiva del defenestrado exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Dos Hermanas, con un poder de convocatoria que evidentemente no tienen los otros potenciales candidatos a las primarias socialistas de mayo; la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la iniciativa popular impulsada por CCOO y UGT para una renta mínima de inserción, con el voto en contra de PP y Ciudadanos; y las revelaciones (exageradas) del ex juez independentista y senador Santiago Vidal sobre la hoja de ruta de la desconexión independentista de la Generalitat.

Detrás del espejismo reaparece la cruda realidad de la crisis del régimen del 78, con sus elementos coyunturales y estructurales. Rajoy vuelve a lo que hace mejor: pie en pared, ganar tiempo, no hacer nada y clarificar cuales son las opciones, convirtiéndolas en amenazas, para todos aquellos que quieren poner en peligro su “estabilidad”.

Pero esa tranquila pasividad es también parte del espejismo. Rajoy dirige con mano firme los engranajes del estado, utilizando todos los mecanismos de una democracia nacida bajo las presiones de los “poderes fácticos” y las continuas concesiones, en nombre del “mal menor”, de las distintas oposiciones.

“Restaurar el orden político…
Con esa lógica táctica, ha gobernado por real decreto, obviando la presentación de cualquier proyecto de ley que obligaría a la puesta en marcha de debates, enmiendas y votaciones parlamentarias. Y ha conseguido, gracias de nuevo al apoyo o la abstención del PSOE de la gestora, la convalidación de tres de ellos: medidas tributarias para la reducción del déficit, con el aumento del impuesto de sociedades (20 de octubre), medidas de consolidación fiscal y aumento del 8% del SMI (15 de diciembre), medidas urgentes en materia financiera (también el 15 de diciembre), y el aplazamiento en la aplicación de la LOMCE (21 de diciembre).

Tiene el compromiso de la gestora del PSOE de hacer posible la convalidación de otros tres: sistema nacional de garantía juvenil, el llamado “bono social” para la lucha contra la pobreza energética, y la gestión de las cláusulas suelas de las hipotecas tras la sentencia condenatoria del Tribunal Europeo. Sobre todo, ha alcanzado otros dos grandes acuerdos sobre el techo de gasto y de deuda pública para 2016 y 2017-2019, que suponen blindar los acuerdos del gobierno en funciones Rajoy con la UE para un ajuste trienal 2016-2019.

Hay que añadir a esta ya larga lista la creación de la subcomisión parlamentaria sobre la violencia de género, otra sobre la estrategia nacional de justicia, una tercera sobre el Brexit y sus consecuencias y hasta una “comisión permanente” sobre la corrupción, que entre sus tareas tiene el estudio de la financiación de los partidos políticos. El PSOE se ha comprometido a participar en la subcomisión sobre el régimen de los trabajadores autónomos, iniciativa de los pactos PP- Ciudadanos y a impulsar la creación de otra sobre el pacto educativo.

La Conferencia de Presidentes Autonómicos del 17 de enero, pospuesta desde hace años, ha permitido –a pesar de las ausencias de Euskadi y Cataluña- poner las bases de otra comisión de estudio para la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero mientras tanto, Montoro sigue reinando impávido en sus comunicaciones unilaterales con los consejeros de hacienda autonómicos, aunque su capacidad final para frenar el déficit público autonómico esté más que cuestionada. Y está abierta la negociación, en la senda del heredado Pacto por la Justicia PP-PSOE, para la renovación largamente aplazada del Tribunal Constitucional, que debe ser un instrumento de represión jurídica directo del proceso soberanista de la Generalitat catalana.

http://noticias.teleame.com/madina-analgesico-yo-lo-llamo-un-psoe-que-cambia-cosas-patxi-lopez-ha-votado-estas-cosas-2/Semejante balance de la Gran Coalición fáctica PP-PSOE, con la colaboración marginal de Ciudadanos, ha permitido al Gobierno Rajoy ponerlo en un “documento interno” para amplia distribución a los medios de prensa, que lo han reproducido casi de manera clónica a finales de enero. Su intención, evidentemente, no es otra que dar argumentos, por una parte, a la gestora del PSOE para justificar la defenestración de su exsecretario general Pedro Sánchez y la abstención que permitió la constitución del gobierno minoritario de RajoyEduardo Madina, coordinador de la ponencia marco del próximo congreso de junio, lo ha explicado como “un PSOE que cambia cosas” frente a la “oposición estéril” de Unidos Podemos. Pero, por otra parte, ante su propia base conservadora y las presiones de Ciudadanos –ninguneado tras su voto de apoyo a Rajoy– para justificar unas concesiones mínimas al PSOE en nombre de la “estabilidad política” de la legislatura.

La visita de Christine Lagarde a Madrid, en el marco de las consultas del art. IV del FMI, han servido para afianzar está táctica del palo y la zanahoria del PP con la gestora del PSOE. Tras recibir las felicitaciones por la “impresionante recuperación económica”, en riesgo de decrecimiento por “factores externos”el FMI ha pedido que se aplique la nueva vuelta de tuercaexigida también por la UE: subir el IVA, reducción rápida de la deuda pública, ajuste fiscal con copago sanitario y nueva reforma laboral con contrato único.

Para alimentar la lógica del “mal menor” que preside la actuación de la gestora del PSOE, la amenaza de Rajoy es situarla ante el dilema, antes del Congreso de junio, de permitir la aprobación de unos nuevos presupuestos para 2017, como ha exigido la UE, o convocar nuevas elecciones en otoño si no puede superar el obstáculo final de la aprobación de los presupuestos para 2018 con el apoyo de la nueva dirección del PSOE.

Esta es en definitiva la encrucijada de esta legislatura, como advirtió Rajoy en su debate de investidura. Porque para el segundo elemento central de la misma, la reacción frente a la convocatoria de la Generalitat catalana de un referéndum de autodeterminación, Rajoy cuenta con el apoyo de la mayoría del PSOE –matices aparte sobre reformas constitucionales inviables, dada su capacidad de veto- para la “aplicación de la ley”. Y esta ya se ha puesto en marcha desde todos los aparatos del estado, con una judicialización y represión preventiva que irá in crescendo, hasta forzar unas elecciones anticipadas autonómicas en Cataluña este mismo año.

Pedro Sánchez.

…normalizar la excepcionalidad social”
Las declaraciones del “conseguidor” Correa en el juicio del “caso Gürtel” han obligado a la fiscalía a reabrir las investigaciones sobre la Caja B del PP. Y en los próximos días llegará a su conclusión el juicio por las tarjetas negras de Bankia, arrastrando transversalmente a todas las fuerzas políticas del régimen del 78. Pero en este clima de corrupción generalizado, Rajoy encabeza el homenaje a Rita Barberá, la responsable institucional última de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que gracias a las inmunidades y dilaciones jurídicas y un imprevisto infarto murió antes de que recayese sobre ella todo el peso de la ley.

Sin embargo, cuando en el 40 aniversario de la masacre perpetrada por las cloacas del franquismo contra los abogados laboralistas de Atocha, los sindicatos CCOO y UGT presentan una iniciativa popular para una renta de inserción minima que saque de la miseria, aunque no de la pobreza, a dos millones de parados de larga duración, y los diputados del PP y de Ciudadanos votan en contra. Y el gobierno Rajoy recurre su toma en consideración, alegando que ponen en peligro la estabilidad de unos presupuestos de 2016 ampliados y unos techos de gasto futuros. Cuando la deuda pública por el rescate del sector bancario ha superado los 60.000 millones de euros, resulta excepcional el rescate de dos millones de ciudadanos por valor de 12.000 millones de euros.

Sal sobre la herida, porque también está recurrida ante el Tribunal Constitucional la toma en consideración, adoptada mayoritariamente por el Congreso de los Diputados, de enmienda parcial de la reforma laboral del PP. El propio Guindos ya advirtió que se trataba de una “línea roja” que el Gobierno Rajoy no estaba dispuesto a cruzar.  CCOO y UGT han tenido además que sufrir la afrenta de ver como la gestora del PSOE aceptaba una negociación sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) que reducía su incremento por debajo de las regulaciones europeas y, además, marginaba a las organizaciones sindicales en un elemento clave de la recuperación del “diálogo social”.

Y en este mismo mes de enero, en plena ola de frío siberiano, se produce otro latrocinio legal con las facturas de la luz, a las que el Ministerio de Industria permite subidas puntuales del 75%, mientras los consejos de administración de las eléctricas acomodan a buena parte de la clase política del régimen del 78 con sueldos anuales de 200.000 euros.

En realidad son todas las partidas del gasto social y el sistema de financiación de las pensiones –cerca de agotarse la caja de reserva y aumentar la precariedad hasta un punto que no asegura que los nuevos trabajadores pobres puedan sostener a los que se jubilan-, las que están en peligro. Porque se han convertido en meros instrumentos electoralistas de una formula algebraica tan inestable como coyuntural.

Los presupuestos del 2018 como ancla de la legislatura
Rajoy ha firmado un pacto de austeridad trienal con la UE, que es su hoja de ruta estratégica. Pero sabe que 2017, pendientes las elecciones presidenciales en Francia y las legislativas en Países Bajos y Alemania, van a permitirle una amplia holgura en el cumplimiento del primer tramo anual, con un presupuesto de 2017 que es ampliación del de 2016 y cuyos recortes generales ya ha pactado y aprobado con la gestora del PSOE. Ahora tiene margen de maniobra para apaciguar a los distintos componentes de su sufrido electorado e incluso hacer concesiones a la gestora del PSOE cara a su Congreso. Más si finalmente se cierran las perspectivas de mantener la Gran Coalición de hecho y apruebe el presupuesto de 2018, tras el Congreso del PSOE. La convocatoria forzada de elecciones generales  es el factor de incumpliendo del déficit que han subrayado tanto la UE como el FMI: ya conocen a Rajoy en año electoral.

La cadena de encuestas que se han sucedido desde la formación del segundo gobierno Rajoy apuntan todas a una subida en expectativa de votos del PP de alrededor de 2 puntos, hasta situarse en el 35% del voto, mientras PSOE y Unidos Podemos (a la espera de sus respectivos Congresos) oscilan en el 21% disputándose la segunda posición y Ciudadanos mejoraría en un punto sus resultados de junio de 2016, sin cambios apreciables en el resto de fuerzas políticas. Pero la volatibilidad del electorado puede volcar mayorías y minorías en poco espacio de tiempo, dependiendo de la credibilidad de las alternativas de coalición.

El pantano político del régimen del 78
Si la clave de la legislatura es la aprobación del presupuesto de 2018, su resolución depende de los resultados de las primarias y el Congreso del PSOE. Susana Díaz, principal garante de la Gran Coalición con el PP se encuentra prisionera de su coalición con Ciudadanos en Andalucía y la marea blanca de la sanidad que, desde Granada, se va extendiendo por toda la región.

Ciudadanos no tiene el menor interés de verla en la secretaria general porque la consolidación abierta de la Gran Coalición supone su marginación para el resto de la legislatura. Patxi López, el candidato lanzado por el aparato para intentar bloquear o dividir la candidatura de Sánchez, no será capaz de sobrevivir a la polarización entre los verdaderos protagonistas de la confrontación estratégica socialista. Y el reinventado Pedro Sánchez es el único, hasta el momento capaz de movilizar a una militancia humillada y encabronada, sobre la base de un proyecto de izquierdas para desalojar a Rajoy del gobierno.

Hasta ahora, todos los mecanismos que torpemente ha puesto en marcha la gestora del PSOE para controlar las primarias y el Congreso han sido impotentes. Primero, disciplinando al PSC. Segundo, intentando una candidatura única a las primarias de Susana Díaz, que evitase su celebración. Tercero, confinando a un ejercicio de aparato el diseño de la ponencia marco del Congreso, bajo la coordinación de Eduardo Madina y con José Carlos Díez como estratega económico, con más de 260 excargos y cuadros que amenazan con reproducir a puerta cerrada todos y cada uno de los debates que han fraccionado al partido en el pasado, sin saber el resultado de las primarias.

Albert Rivera.

Sin referente político y con escasa capacidad de influencia tanto en el PSOE como en Unidos Podemos, CCOO y UGT han acabado por encontrarse en un aislamiento social sin precedentes, en el momento en el que las consecuencias de las contrarreformas laborales son más dañinas y el gobierno cuestiona abiertamente la negociación colectiva. Desde 2014, el movimiento obrero atraviesa uno de los ciclos de desmovilización más profundos desde el fin del franquismo, con una caída continua del número de horas perdidas por conflictos laborales o el número de trabajadores implicados.

Todavía lastradas por el proceso de reorganización interno, ambos sindicatos han intentado en esta coyuntura jugar su propio peso como aparatos: con la convocatoria de movilización de sus delegados y base más cercana el 15 y 18 de diciembre y la iniciativa popular parlamentaria de la renta de inserción mínima. Pero ambas iniciativas de presión no parecen tener gran recorrido en la continua degradación de la correlación de fuerzas política para el conjunto de la izquierda que supone la Gran Coalición de facto PP-PSOE.

Las tensiones que ello genera fueron evidentes en el homenaje a los Abogados de Atocha: las discrepancias abiertas sobre el papel de las izquierdas en la Transición son una proyección de las diferencias sobre cómo actuar en la actual coyuntura y ante la crisis del régimen del 78 tras la derrota de la izquierda en las elecciones de 2016 y el agotamiento del ciclo de movilizaciones sociales de 2011-2013.

A pesar de haber recompuesto en buena medida su hegemonía política y social y adquirido un papel de árbitro sobre las distintas fracciones de las clases dominantes -que se pondrá en evidencia en el Congreso del PP del 11 y 12 de febrero-, Rajoy sigue encontrándose con maniobras y maniobrillas como las de la renuncia de Aznar a la presidencia honoraria y la financiación de la FAES por el partido, que podrían aumentar si se viera finalmente abocado a convocar elecciones a finales de 2018, bien por el abandono del PSOE de la Gran Coalición de facto o la necesidad de anegar con unas elecciones generales unas elecciones catalanas con pretensiones de plebiscitarias.

Eso sin tomar en consideración otros dos factores estructurales con fuerte incidencia coyuntural. El primero, la gestión chapucera de las cloacas del estado y los pretendidos servicios de inteligencia, en un enfrentamiento abierto entre los altos mandos policiales del Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia, que no está ahorrando escándalos como las grabaciones del exministro Fernández Díaz, las cuentas de múltiple uso compartidas que han aparecido en la causa contra Mario Conde, las últimas supuestas operaciones llenas de infiltrados contra yihadistas o anarquistas, los chantajes del comisario Villarejo o los dossieres licenciosos sobre el Monarca emérito.

El segundo, la sostenibilidad de un crecimiento superior al 2%, cuando los elementos determinantes dependen, como la luz, “de que llueva” –como ha precisado Rajoy en sede parlamentaria- o si se prefiere, por no ser tan preciso, de factores externos como la continuidad a medio plazo de la política de flexibilidad cuantitativa y compra de deuda del Banco Central Europeo, el precio de la energía o la situación económica internacional tras el Brexit y Trump, todos ellos determinantes para mantener el servicio de una deuda pública que ronda el 100% del PIB.

Más que de moverse en el fango, Rajoy ha demostrado una capacidad inusitada para estarse quieto y presenciar cómo sus contrincantes y oponentes se hundían en sus propias ciénagas, resultado de su propia agitación sin perspectivas. Pero las dos cuestiones claves de la legislatura -la aplicación del acuerdo trienal de austeridad con la UE y la respuesta al movimiento soberanista en Cataluña-, siguen abiertas y para cerrarlas necesita una mayoría social y parlamentaria que solo es posible apoyándose en un PSOE subordinado y la falta de movilización social de los de abajo. Y que el clima le acompañe en la situación económica internacional. Es mucho esperar, incluso para Rajoy.

N. de la R.
G. Busteres miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
Este artículo se publica con la autorización de SinPermiso.


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