Murcia (España)
Espacios Europeos (5/3/2017)
Hoy domingo varios miles de personas -10.000 según los organizadores y 3.00o la Policía Local- se han manifestado en Murcia para protestar contra la corrupción existente en la comunidad autónoma. La manifestación, que recorrió las calles más céntricas de la capital murciana, exigía “decencia” en todas las instituciones, así como la dimisión del presidente de la comunidad, el popular, Pedro Antonio Sánchez.
El todavía presidente de la Comunidad de Murcia, está acusado en el ‘caso Auditorio’, de la comisión de cuatro delitos. Durante el recorrido, los manifestantes profirieron gritos pidiendo la dimisión del presidente de la comunidad. Mañana lunes el presidente murciano declara como imputado en este caso de corrupción.
El ‘caso Auditorio’ ha enfrentado al PP y Ciudadanos hasta el punto de romper el pacto de legislatura que había entre las dos formaciones políticas. El líder de Ciudadanos Albert Rivera, llegó a decir lo siguiente: «que sabrá el señor Sánchez de la financiación del Partido Popular para que hasta Mariano Rajoy lo esté avalando»
Este asunto lleva dando coletazos desde hace tiempo. Recordemos que el ex fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, denunció la semana pasada que la mayoría de fiscales anticorrupción de España sienten “cierta desprotección”, asimismo, en declaraciones a la Cadena SER dijo que a los fiscales “no se nos ha hecho la vida especialmente agradable. Llama la atención que se haya creado, por ejemplo, una asociación en Madrid con la única finalidad de querellarse contra mí y mi familia, en fechas próximas a mi renovación”.
Pero la preocupación por las consecuencias del ‘caso Auditorio’ ha sido de tal calibre que incluso han asaltado el domicilio de López Bernal en dos ocasiones, en una de ellas se llevaron un ordenador. También hay que recordar que fue asaltada la casa de un subinspector de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia, que investiga varios temas de corrupción para la Fiscalía.
Y, por si fuera poco, la Guardia Civil implicó en 2016 a cuatro grandes empresas constructoras en el desvío de fondos de las obras del AVE (Murcia-Alicante) que se acometen en la región murciana. En el informe de la Guardia Civil, realizado en colaboración con la Agencia Tributaria se asegura que es imposible que el desvío de 17 millones de euros se hiciera «sin el concurso o conocimiento de las grandes adjudicatarias». Las empresas son Acciona Infraestructuras SA, Dragados SA, Sacyr y Constructora San José SA.