España, 20-10-2017

Intento de asesinato en masa en Arkansas

Estados Unidos
Amy Goodman y Denis Moynihan (23/4/2017)
Si logra su objetivo, este mes, el gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, ejecutará a ocho hombres en once días. El 27 de febrero de este año, Hutchinson emitió las órdenes de ejecución de los reclusos, con jornadas de doble ejecución pautadas para el 17, 20, 24 y 27 de abril, porque el suministro estatal de midazolam, uno de los tres fármacos que se utiliza en el “cóctel” de ejecución, vencerá a fines de abril. Al momento de escribir esta columna, tres de las ocho ejecuciones fueron suspendidas temporalmente; las otras cinco tienen fecha programada en lo que sería una ráfaga de ejecuciones sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.

Megan McCracken es abogada y forma parte de la Clínica Jurídica sobre Pena de Muerte de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, en Berkeley. En una entrevista para Democracy Now!, declaró: “El midazolam es un fármaco ansiolítico, una benzodiacepina. Como ansiolítico es potente y se usa en el pre-operatorio en las cirugías, pero no es un anestésico. Eso significa que no es el tipo de fármaco que se usa solo para que una persona despierta y consciente sea sometida a anestesia quirúrgica y sea mantenida en ese estado. Y eso es lo que se necesitaría para que la ejecución sea humana, en virtud de la Constitución. Este fármaco no es apropiado para ello. Tenemos una situación creada por el estado donde se apresura a utilizar un fármaco antes de su vencimiento, incluso cuando el mismo no es apropiado para el uso que se le quiere dar”. El midazolam es el primer fármaco del combo letal de Arkansas que se inyecta al condenado durante la ejecución.

Los fármacos utilizados en ejecuciones mediante inyección letal se están volviendo cada vez más difíciles de adquirir. Las farmacéuticas no quieren verse asociadas con la práctica de la pena de muerte, cada vez más impopular, y la Unión Europea ha prohibido la venta de fármacos para ejecución desde 2011, en parte por la sensibilidad asociada al Holocausto (sí, secretario de Prensa Sean Spicer; Adolf Hitler usó gas para matar a millones de personas).

Cada uno de los ocho hombres cuya ejecución programó para este mes el gobernador Hutchinson presenta circunstancias particulares, pero todos caen en las categorías comunes de los condenados a muerte en Estados Unidos: personas pobres, desproporcionadamente de color, mayormente hallados culpables de un crimen que involucraba una víctima blanca, e incapaces de implementar el tipo de defensa enérgica que los acusados más pudientes pueden presentar.

Damien Echols conoce muy bien el pabellón de los condenados a muerte de la cárcel de Arkansas: pasó más de 18 años en él. Echols era uno de los llamados “tres de West Memphis”, encarcelados por el asesinato de tres niños de 8 años en 1993. Se hicieron cuatro documentales sobre ese caso, que concitaron atención mundial y generaron un seguimiento más amplio del caso. Años más tarde, con la aparición de mejores pruebas de ADN, él y los otros dos acusados fueron liberados en 2011.

Echols declaró en Democracy Now!: “Son personas que conozco personalmente por haber convivido durante un largo tiempo. Son personas que tienen un coeficiente intelectual de 70. Algunos de ellos son mentalmente dementes. Se cree que un par de ellos son inocentes”. Una de las ejecuciones programadas es la de Don Davis.

Echols habló sobre este caso: “Mató a una mujer al invadir un hogar, durante un robo. Y decía que, desde que lo hizo, esto lo torturaba y lo torturaría todos los días por el resto de su vida. Lloraba al relatarlo. Decía que desearía poder ser tan malvado como lo consideraban las personas que querían matarlo, para no tener conciencia y ya no sentirse mal por ello. Cada noche, cuando regresaba a su celda, era lo único en lo que pensaba durante toda la noche. Este es un hombre que ha estado allí durante 25 años y ha tenido una increíble cantidad de tiempo para reflexionar sobre lo que hizo, y está sinceramente arrepentido”.

A pesar de sufrir varios ataques de ansiedad, Damien Echols regresó a Arkansas, el estado que casi lo mata, para participar en una manifestación en el Capitolio de Arkansas el Viernes Santo, acompañado por su amigo, el actor Johnny Depp.

Cerca del Capitolio, frente a la mansión del gobernador, media docena de personas portaba carteles contra la pena de muerte. Frente a ellos, un hombre afroestadounidense se acostó en una cama plegable, como si estuviera en la camilla de la cámara de la muerte a la espera de su ejecución. Ese hombre era el juez Wendell Griffen.

El juez Griffen, del estado de Arkansas, había emitido una orden de restricción temporal de las ejecuciones en respuesta a una petición presentada por la compañía McKesson Corp., que distribuye productos químicos. McKeeson afirma que el Departamento Correccional de Arkansas los embaucó para adquirir bromuro de vecuronio, uno de los fármacos letales del cóctel para ejecuciones del estado. McKesson solo vende bromuro de vecuronio para fines médicos autorizados, los cuales no incluyen ejecuciones. La orden de restricción del juez Griffen, junto con el inminente vencimiento de la demanda estatal de midazolam, podría detener efectivamente las ejecuciones en Arkansas de forma indefinida. Eso sucedería a pesar de que, en respuesta a su participación en la protesta contra la pena de muerte, la Corte Suprema de Arkansas destituyó a Griffen de su autoridad para supervisar todo caso de pena de muerte.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos está considerando una apelación de los reclusos condenados a muerte de Arkansas. Por el momento, el objetivo del gobernador Asa Hutchinson de supervisar la ejecución de ocho hombres pende de un hilo.

N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de Democracy Now.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826