España
Javier de Pablos (27/6/2017)
Sin llegar a los niveles de inquietud que alcanza el paro entre los españoles, el barómetro del CIS constata en las sucesivas encuestas publicadas que la preocupación de los ciudadanos por el aumento de la corrupción y el fraude en España es cada vez mayor. Un prejuicio que en noviembre de 2014 llego incluso a ser la principal inquietud para el 63,9 por ciento de la población. Una corrupción que se extiende como una balsa de aceite por toda España y que llega también al Congreso, Senado y Cámaras autonómicas, donde las distintas formaciones políticas han impulsado más de 30 investigaciones parlamentarias en la actual Legislatura.
A la vista del número de investigaciones y de los territorios y cámaras donde se llevan a cabo, Castilla-La Mancha se encuentra entre las más “honradas” con tan sólo una investigación parlamentaria: el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña -al parecer propiciado por una rencilla familiar debido a un negocio fallido-, una nimiedad en comparación con las formalizadas en otros territorios de mucho mayor calado y consecuencias. Un lamentable desfile de altos cargos, políticos y expertos para intentar aclarar casos de presunta corrupción, inversiones fallidas o mala gestión, para nada en tantas ocasiones. Tan sólo Canarias y Euskadi se salvan de la quema.
Más no todos los supuestos corruptos pasan por tribuna parlamentaria para su investigación. Al colectivo de granujas en este país, el ministro Montoro acaba de aportar nuevos fichajes. Una lista sin desperdicio de 4.549 contribuyentes que deben a la Hacienda Pública más de un millón de euros cada uno, y donde Castilla-La Mancha se encuentra muy bien representada. Una relación encabezadas por inmobiliarias con bastante presencia y mejores relaciones en esta tierra como Reyal Urbis (363,2 millones), Nozar (198), Martinsa Fadesa (65,2), y más cercanos y conocidos como las sociedades Aeropuerto de Ciudad Real (7), Albacete Balompié (3,7), CR Aeropuertos (3,6), Artesanos Camiseros (2,9), Tecon Esquivias (2,8), Residencial El Águila de Toledo (2,3), Alcarreña de Turismos (2), Inmobiliaria Comarcal Manchega (1,9) o Constructora Albacete-Cuenca-Valencia (1,7), entre otros.
Hacienda considera que poner nombres y apellidos, o denominación social a los contribuyentes morosos, supone una presión extra para que abonen la deuda. Un apremio que en muchos casos no llega al maula de turno pues buena parte de estos requerimientos son para sociedades que han desaparecido, liquidadas, en paradero desconocido sus titulares, o con pasivos muy superiores al valor de los activos. Una situación donde, en el mejor de los casos, la Agencia Tributaria apenas recupera una mínima parte de la cuantía reclamada a cada una de estas firmas. Que la ciudadanía tenga que pagar con sus impuestos la catarata de presuntos o probados saqueos en este país no es únicamente un problema penal. El escaso rédito conseguido con estas investigaciones o requerimientos no hace más que alentar a la ciudadanía a que haga otro tanto, en la medida de sus posibilidades.
Estanislao Figueras, Presidente de la I República Española, en medio de un Consejo de Ministros, espetó a su Ejecutivo: “Voy a serles franco: estoy hasta los cojones de todos nosotros”. En efecto, una exacta definición de su estado de ánimo y del que tenían gran parte de los españoles de la época. También los de ahora.
Fuente: El Digital CLM.