España, 19-10-2017

El Gobierno de España impone nuevas medidas de control financiero a Cataluña

Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno.

España
Espacios Europeos (17/9/2017)
El Consejo de Ministros celebrado el viernes pasado, acordó entre otros asuntos, “imponer nuevas medidas de control financiero a Cataluña tras vulnerar la Generalitat las condiciones fijadas en el mes de julio”, según recoge la referencia del citado Consejo. En consecuencia, la  Comisión Delegada para Asuntos Económicos dio “48 horas al presidente de la Generalitat para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, con el fin de proteger el interés general y garantizar la estabilidad presupuestaria”.

De acuerdo con esta medida, el Estado “no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes”.

Dicho acuerdo será remitido por el gobierno a las entidades de crédito para que “no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat vaya acompañado de un certificado de la Intervención General. Si detectan cualquier irregularidad, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal”. Es más, de acuerdo con la medida, todas las operaciones de endeudamiento que trate de hacer la Generalitat, incluso las que sean a corto plazo, “deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros”.

Estas medidas son un fortalecimiento en el control del Estado sobre los pagos que haga la Generalitat, “después de que el Gobierno catalán haya decidido vulnerar las condiciones que la propia Comisión Delegada estableció en el pasado mes de julio con la misma finalidad”, refiere el mencionado Consejo de Ministros.

La decisión de la Generalitat de “desobedecer las condiciones del acuerdo del mes de julio” fue comunicada esta semana por la interventora general de la Comunidad Autónoma de Cataluña y por el vicepresidente de Govern catalán. Hasta que se produjera está comunicación, el gobierno catalán cumplía semanalmente con facilitar esos datos.

Esa actitud –afirma la referencia del Consejo de Ministros- se produce en “un contexto político y jurídico de enorme gravedad, cuando las instituciones catalanas han decidido vulnerar el ordenamiento constitucional con la aprobación de las leyes del referéndum de autodeterminación y el desarrollo de los reglamentos para la convocatoria de la consulta de independencia el 1 de octubre”.

Las nuevas medidas aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos son:

– Se requiere al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un Acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales. Ello supone que la Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales. Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial de dicho Acuerdo de no disponibilidad, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.

– La Comunidad Autónoma deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General, certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal. Una vez recibida la información, el Estado no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar esos servicios, sino que abonará directamente, tanto las facturas de los proveedores, como las nóminas de los empleados públicos.

– El Acuerdo de la Comisión Delegada se va a enviar a las entidades de crédito con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero. De esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Además, a partir de la entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal.

– A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este Acuerdo de la Comisión Delegada, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero.

– Asimismo, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono.

El Gobierno de España justifica la imposición de estas medidas “consciente de que son necesarias para preservar la estabilidad presupuestaria, la recuperación económica y la prestación de los servicios públicos básicos, y lo hace en el ejercicio legítimo de sus competencias”.

La nota finaliza así: “El Gobierno asume la responsabilidad de estas actuaciones ante los ciudadanos españoles en general y ante los ciudadanos de Cataluña en particular, desde la convicción de que es su obligación política, constitucional e institucional defender el interés público y el progreso económico del país frente a las iniciativas que lo están poniendo en peligro”.


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