España, 10-12-2017

¿Por qué Macron y Europa apoyan a la mafia española?

¿Es así como funcionan Rajoy y su ex tesorero Barcénas y la corrupción que Europa quiere promover como modelo de funcionamiento europeo?

España
Antoine Gasquez  (4/12/2017)
Esta es una pregunta que hay que hacerse y que habrá que hacerse, y cuya respuesta es sumamente importante. De hecho, dibujará el futuro o el no futuro de Europa. ¿Podemos imaginar una Europa fuerte y duradera construida sobre la base de la corrupción de los países y los partidos políticos? Este es el caso de España y del Partido Popular de Mariano Rajoy, señalado por los medios españoles como el partido más corrupto de Europa.

En primer lugar, ¿por qué hablamos de la mafia española al referirnos al Partido Popular?
La definición comúnmente utilizada para referirse al término Mafia es normalmente la de “una organización criminal”.

El término “organización criminal” es utilizado por muchos jueces y magistrados españoles para referirse al Partido Popular (PP). Ignacio González, ex presidente del PP de la Comunidad de Madrid, imputado y procesado por ser responsable de una “organización criminal” en el caso de corrupción “Lezo”.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, abrió una investigación en el marco del caso “Papeles de Barcénas” -que lleva el nombre del ex tesorero del PP y amigo de Mariano Rajoy– por los delitos de “organización criminal, asociación ilegal, tráfico de influencias, lavado de dinero,…”

El jefe de la Unidad Antifraude española, Manuel Morocho, dijo el 7 de noviembre pasado, ante los diputados de la Comisión de Investigación sobre la financiación del Partido Popular, que las estructuras de este partido “respondían al perfil de una organización criminal” por sus acciones en el caso Gürtel.

En su informe final, Concepción Sabadell, fiscal anticorrupción, concluía que los funcionarios del partido habían establecido “mecanismos viciados en la adjudicación de contratos públicos (que) se han consolidado como un problema estructural”. También señalaba que “la naturaleza de los delitos cometidos y el perjuicio para los fondos públicos se extendió y arraigó durante un largo período de tiempo en múltiples comunidades gobernadas por el Partido Popular”.

El 3 de noviembre, la fiscalía anticorrupción española encarceló a José Manuel Villarejo, ex comisario de policía cercano al Partido Popular. El motivo de esta detención es desmantelar “una organización criminal” de la que el ex policía era uno de los responsables. Una organización delictiva dedicada, según los investigadores, a “reintroducir en España y otros países de la Unión Europea fondos de actividades ilícitas relacionadas con la corrupción internacional en los negocios”.

En este caso, Martin Blas, jefe de Asuntos Internos, el equivalente a la IGS francesa, la policía de la policía, dice: “el aspecto más grave de toda la red de corrupción policial en la época del ministro Fernández Díaz” (ministro del Interior del Gobierno del Partido Popular de Rajoy. NDLR) es lo que han hecho el ministerio del Interior y el ministerio público para evitar la realización de la investigación. Los más altos niveles del Ejecutivo han intentado, desvergonzada y casi públicamente, obstaculizar la acción de la justicia.”

El primer juez en España en encarcelar a un banquero, Elpidio José Silva, especialista en casos de corrupción, señalaba el 21 de octubre: “El Partido Popular es presentado como una organización criminal por jueces que investigan casos de corrupción”.

Esta “organización criminal” del Partido Popular actualmente en el Gobierno ha utilizado su poder en el terreno judicial para frenar los casos en curso. Además de presionar a jueces y policías, el Partido Popular intentó destruir las pruebas de sus actos de corrupción.

El 14 de noviembre de 2017, el diario Público presentaba pruebas de que el comisario José Luis Oliveira, actual jefe del servicio español de Inteligencia, ex jefe de la Unidad Antifraude, mintió durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. “Oliveira ha maniobrado para tratar de reducir o hacer desaparecer las pruebas de la corrupción del Partido Popular. (…) [Oliveira] Desempeñó un papel importante en la Operación Catalunya, que tenía como objetivo comprometer a los dirigentes catalanes. Una manipulación realizada junto con el comisario Villarejo”, hoy en prisión por, entre otras cosas, casos de corrupción y escuchas ilegales, indica el diario.

El mismo José Luis Oliveira había bloqueado la transmisión de información sobre yihadismo a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra, en particular las advertencias de la CIA y otras agencias internacionales de Inteligencia de que Barcelona era uno de los objetivos previstos por los grupos terroristas.

El Partido Popular también intentó destruir, en 35 ocasiones, antes de conseguirlo finalmente, el disco duro del ordenador de Bárcenas -el ex tesorero del PP-, antes de que la policía lo requisara. Barcénas llevaba la contabilidad paralela del PP, la Caja B, un fondo para sobornos cuya existencia ha sido probada en el juicio del caso Gürtel. Estas operaciones de destrucción han llevado al propio Partido Popular -por primera vez en España y tal vez en Europa- a ser enjuiciado por la destrucción de pruebas.

La sede del tribunal de Valencia se incendió a principios de diciembre, la semana en que debía comenzar el juicio del caso Taula, otra de las causas del PP en la Comunidad Valenciana.

En julio de 2017 fueron destruidos varios dosieres del caso Púnica, otro caso más de corrupción del Partido Popular. Se trataba de todos los datos de adjudicación de contratos de la Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes (PP). La destrucción de esos documentos necesarios para la instrucción habría durado varias semanas.

Los documentos o los discos duros no son los únicos que desaparecen en el marco de los cerca de 75 casos de corrupción en los que está implicado el Partido Popular en España. Las personas relacionadas con los procesos judiciales también desaparecen…

Los muertos de la corrupción: doce a fecha 1 de noviembre,  dos desde julio de 2017
Miguel Blesa
se habría disparado un tiro en el pecho, antes de derrumbarse, concluyó la autopsia hecha pública el 20 de julio. Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, fue condenado a seis años de prisión en el juicio por las tarjetas de crédito “black” entregadas a más de 60 dirigentes de esa entidad bancaria para sus gastos personales. Caja Madrid, hoy Bankia, fue rescatada en 2012 con más de 20 mil millones de euros de dinero público por el Gobierno del Partido Popular, mientras que muchos pequeños ahorradores se arruinaron.

Francisco José Yánez Román, miembro del PP, amigo personal de Luis Bárcenas –el ex tesorero del PP-  y padre del hombre de paja de Bárcenas para la apertura de cuentas en Suiza, murió por motivos desconocidos, unos días antes de declarar ante la justicia sobre los 10 millones de euros que desaparecieron de la cuenta de Bárcenas.

En 2015, la esposa del senador Tomás Burgos y portavoz del PP en el Senado, María del Mar Rodríguez Alonso, imputada por malversación de fondos en contratos públicos, se habría suicidado en un hotel.

Un año después, Rita Barbera era encontrada muerta en su hotel, debido a un ataque al corazón. Era alcaldesa por el PP de la ciudad de Valencia, epicentro de un escándalo de corrupción en la contratación pública. Acababa de testificar ante el tribunal.

También fallecido Francisco Sánchez Arranz, consejero de Iberia y concejal electo del PP, murió de “causa natural” una semana antes de declarar ante la justicia.

Muerto también, aunque a los 86 años, en agosto de 2015, el empresario José Martínez Núñez, implicado en el caso Gürtel.

El cuerpo del periodista y dirigente del Partido Popular, y amigo del ex ministro de Trabajo Javier Arenas, Isidro Cuberos, de 58 años, fue encontrado en un barranco, sin vida, cerca de su motocicleta, en octubre de 2015. Miembro del PP de Andalucía, estaba imputado en el caso Gürtel.

También fallecido, el arquitecto Leopoldo Gómez, hombre de confianza de Jesús Sepúlveda, ex marido de la ministra del PP Ana Mato, uno de los hombres con más información sobre los contratos públicos de la Comunidad de Madrid, imputado en el caso Gürtel, fallecido antes de declarar ante el juez.

Suicidio del rocambolesco Juan Pérez Mora, que fingió ser un falso juez para engañar al cerebro del caso Gürtel, Fernando Correa. Fue encontrado muerto después de que se descubriera su engaño.

El segundo juez en el caso Gürtel, Antonio Pedreira, autor de los principales cargos en este explosivo dosier, murió después de treinta y seis meses de convalecencia, a causa de una complicación cardiovascular. Había reanudado el caso después de que su predecesor, el célebre juez Baltasar Garzón, hubiera sido inhabilitado por extraños motivos.

Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, entró en coma irreversible tras caerse accidentalmente en su casa en abril de 2013. Era una pieza fundamental para la investigación del caso Gürtel, en el que había sido imputado. No podrá comparecer debido a su estado de salud.

Tomás Villanueva, ex presidente del PP de la Comunidad de Castilla y León, Implicado en el caso de corrupción en parques eólicos, murió en su casa el 2 de octubre de 2017. Debía declarar como imputado por comisiones ilegales el 18 de octubre. Estaba implicado también en el caso de La Perla Negra, por presuntas adquisiciones fraudulentas en Valladolid y tenía que declarar por ello en noviembre.

La corrupción política en España: 45 mil millones al año, 900 políticos del PP procesados….
España vivió el pasado año uno de los mayores casos de corrupción de un partido político en Europa, la primera fase del caso Gürtel, con no menos de 74 personas en el banquillo de los  acusados, entre ellas un ex ministro de Rajoy, dos ex tesoreros del Partido Popular, una multitud de cargos electos del PP,… El costo de esta causa para el Estado español se estima en unos 120 millones de euros entre 2000 y 2008.

El 17 de noviembre finalizó la primera fase del caso Gürtel, en la que Mariano Rajoy hubo de comparecer y prestar declaración en el mes de julio pasado.  Este juicio, que ha durado más de un año después de casi siete años de instrucción, ha confirmado el pago del 3 al 4 por ciento del importe de los contratos públicos al Partido Popular por parte de las empresas que se beneficiaban de los contratos en cuestión. También ha confirmado la existencia de una caja negra, la Caja, B, del Partido Popular, alimentada por los sobornos que financiaban las campañas del partido y a algunos de sus líderes, entre ellos presuntamente Mariano Rajoy. En efecto, su nombre aparece en el cuaderno de notas de Bárcenas, el ex tesorero del PP, que llevaba una contabilidad paralela.

Pero este enorme proceso es solo uno entre los más de 75 casos de corrupción del Partido Popular que han sido o están siendo investigados por la justicia española, que, por otra parte, se ha visto obstaculizada por el poder ejecutivo. Cerca de 900 responsables políticos del Partido Popular están procesados por casos de corrupción. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estima el costo de ello en unos 45 mil millones de euros anuales, cuantía confirmada por la ONG Transparencia Internacional, que actualmente sitúa a España como el país más corrupto de Europa, después de Italia.

El costo de la corrupción política –principalmente del PP- se estima en el 4.5 por ciento del PBI español. El costo de la mafia en Italia se estima entre el 1 y el 16 por ciento del PIB italiano, según cómo se calcule. Las cantidades desviadas en España por la “organización criminal” mencionada encajan perfectamente dentro de esta horquilla.

Parte de la corrupción española está vinculada a la asignación y desvío de fondos europeos, lo que explica que Bruselas haya pedido cuentas. En efecto, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha solicitado a la Audiencia Nacional española información sobre la posible malversación de fondos europeos (El País, 3 de noviembre). La solicitud se refiere a contratos públicos de la Comunidad de Madrid que están siendo investigados en el marco del caso Púnica. La petición de la OLAF concierne a la adjudicación de contratos públicos en 2006 por parte del Instituto Imade, un organismo de la Comunidad de Madrid sospechoso de haber nutrido, a través de una empresa intermediaria, la caja negra, la famosa “Caja B”, del Partido Popular.

Pero este no es el único caso de malversación de fondos europeos en España del que sospecha la OLAF. Este mismo organismo también pidió información sobre el uso de fondos europeos en el caso Acuamed. Esta empresa pública, especializada en la gestión y distribución de agua y vinculada al gobierno del Partido Popular, pilotaba muchos proyectos de obras públicas, como los financiados por la Unión Europea con más de 821 millones de euros entre 2000 y 2013. Uno de estos proyectos es el de la desalinizadora del Bajo Almanzora, en Andalucía, que habría generado, según el juez de instrucción, una “compensación indebida” de 40 millones de euros, involucrando a altos funcionarios del ministerio español de Agricultura. Este proyecto recibió 22,7 millones de euros de fondos FEDER.

Toda esta información es de conocimiento público en España. De hecho, el barómetro [del CIS] sobre las preocupaciones de los españoles indicaba en septiembre pasado que la corrupción ocupaba el segundo puesto, después del desempleo. La independencia de Cataluña se situaba solo en quinta posición. Lo cual era lógico, ya que la contribución de Cataluña al Estado central se estima en 16 mil millones de euros al año, tres veces menos que el costo de la corrupción.

Y Europa, ¿qué hace?
La pregunta es, pues, por qué Europa apoya al régimen corrupto de Madrid y a su jefe Mariano Rajoy. Se puede entender la preocupación por la demanda de independencia de Cataluña e incluso la negativa a admitir ese deseo de independencia de los catalanes. Pero no podemos entender el apoyo indefectible a un partido corrupto hasta esos niveles.

Antoine Gasquez

La impresión que ha dado Europa hasta ahora, por su lógica de no intervención, es que su objetivo es apoyar a los regímenes corruptos y, por tanto, construir una Europa de la corrupción. Pero esta no es necesariamente la idea que los ciudadanos europeos podrían hacerse de ella. Intentar construir una Europa sin sus ciudadanos es una utopía. Lo que sugiere que Europa, la idea misma de Europa, está muriendo lentamente entre Madrid y Barcelona.

Indicamos, a continuación, algunos enlaces a artículos recientes publicados en periódicos españoles que arrojan luz sobre los niveles y casos de corrupción en España, sospechosamente silenciados por los medios de comunicación en Francia. Algunos de estos artículos pueden encontrarse, en forma resumida, en el sitio web de “La Semaine du Rouss

NOTA:
El texto original en Francés, La Semaine du Roussillon, y su autor es el periodista Antoine Gasquez.
La traducción al español es de Luis Portillo Pasqual de Riquelme.
Este artículo se publica con la expresa autorización de su autor y de la dirección de La Semaine du Roussillon.


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