Sáhara Occidental
Espacios Europeos (18/2/2018)
“Durante más de cuatro décadas, la antigua colonia española del Sáhara Occidental ha estado parcialmente ocupada, bajo control de las fuerza armadas, con sus habitantes, los saharauis, privados de la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación. Durante este periodo se ha venido perpetrando un continuo pillaje a gran escala de los recursos naturales incluyendo el fosfato natural, la pesca en el gran ecosistema marino de la corriente de Canarias, arenas y áridos. La ilegal comercialización y exportación de estos recursos es contraria a los principios establecidos del derecho internacional, que garantizan la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. Esta comercialización y exportación constituye una violación del derecho internacional humanitario definido por la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. La compra de tales recursos no proporciona seguridad jurídica alguna ni título ejecutivo sobre los mismos. El transporte marítimo de estos recursos ayuda e incita al crimen de guerra de pillaje definido en la Convención y en el Estatuto. En los últimos años, el Gobierno de la RASD ha informado a armadores, compañías navieras, fletadores de buques, empresas y otros operadores económicos de que cualquier implicación en la exportación de los recursos naturales del Sáhara Occidental conlleva riesgos jurídicos y de reputación.” Así reza el inicio de la Declaración Política del Gobierno de la República Saharaui sobre el riesgo y la responsabilidad de los buques que transportan recursos naturales procedentes del Sáhara Occidental ocupado.
Y así comienza el pormenorizado trabajo que ha escrito el economista Luis Portillo Pasqual del Riquelme, sobre el expolio de los fosfatos del Sáhara Occidental, que son propiedad del pueblo saharaui.
Ante el descarado expolio de sus recursos naturales, los saharauis no se callan. Las continuas protestas de la población saharaui son sistemática y violentamente reprimidas por las fuerzas de ocupación marroquíes. Recientemente, varias asociaciones saharauis de derechos humanos han enviado una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para pedirle que use su influencia y acabe con las injusticias perpetradas por Marruecos en los territorios del Sáhara Occidental. En su carta recuerdan que, conforme al plan de paz aprobado por la ONU y la Unión Africana, estaba previsto un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, pero después de 25 años no se ha celebrado, y las manifestaciones que reivindican este derecho «son sistemáticamente reprimidas con violencia»; las autoridades marroquíes privan al pueblo saharaui de su derecho de asociación; «cientos de ciudadanos saharauis, activistas, periodistas, blogueros y sindicalistas han sido arrestados, encarcelados, torturados y humillados en público y en los locales de las administraciones policiales y judiciales», indica el escrito.
Asimismo, recuerda que las autoridades marroquíes prohíben el acceso de los observadores internacionales al territorio del Sáhara Occidental que intentan documentar las violaciones de derechos humanos, y que sólo en 2014 Marruecos expulsó a 120 observadores de diferentes nacionalidades. Además, la carta denuncia que Rabat no respeta el derecho de los saharauis a una justicia equitativa, y cita como ejemplo el caso de los detenidos tras los disturbios de Gdeim Izik en El Aaiún, en 2010. Añade que ciudadanos saharauis son despedidos de forma arbitraria de su trabajo por su activismo, lo que constituye una violación del derecho al trabajo. Y subraya que el Estado marroquí persiste en su política de agotar los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado, en particular los fosfatos, con una producción de hasta 3 millones de toneladas por año, empleando a trabajadores marroquíes, en el lugar de a saharauis.[i]
El autor ha consultado varias fuentes, entre ellas el Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental (Western Sahara Resource Watch, WSRW).
En este trabajo se detallan las empresas, barcos y toneladas de fosfatos que se han extraído de Bu Craa por Marruecos. A través de una detallada cronología, que se inicia con el descubrimiento de los fosfatos, Portillo nos relata el devenir de ese expolio, sin obviar los despachos de abogados españoles y extranjeros que asesoran a esas empresas que sin escrúpulos negocian con los recursos naturales de ese territorio del pueblo saharaui. Covington & Burling LLP, Palacio y Asociados (propiedad de la ex ministra de AA. EE., de España, Ana Palacio), DLA Piper, son algunos de los bufetes que se dedican a esa labor.
Para leer íntegramente este trabajo: