España
Diego Camacho (15/2/2018)
Debido a los acontecimientos acaecidos últimamente en España y al clima de inseguridad social y política que han generado, es muy frecuente oír como muchas personas se preguntan ¿Quién manda en el CNI? El Servicio de Inteligencia es el órgano más importante que tiene el poder ejecutivo, por la información y los medios materiales que posee, para la buena gobernanza de la nación. Cuando percibimos que las cosas no van bien enseguida pensamos que las decisiones tomadas no son las correctas y es el Servicio de Inteligencia el que debe fundamentar esas decisiones.
La respuesta a esta cuestión no es tan fácil como parece. Con la subida de Rajoy a la Presidencia del Gobierno, el CNI pasa a depender directamente de la Vicepresidencia cuando anteriormente había dependido del ministerio de Defensa. El cambio fue acertado, pues en las dos legislaturas de Aznar y en la primera de Rajoy el Rey impuso su candidato en contra de lo que marca la Constitución (CE). En lugar de Arias Salgado, Cascos y Ruiz Gallardón, los ministros de Defensa fueron: Serra, Trillo y Morenés.
Rajoy logró así atenuar el efecto perverso sobre la CE que venía produciéndose desde 1996, por la dejación de Aznar de sus atribuciones constitucionales. Por otro lado, vinculaba el CNI a la Moncloa y se lo sustraía a Defensa cuyo titular tenía como prioridad el palacio de la Zarzuela antes que el Consejo de Ministros. También favorecía el poder ejecutivo de su principal colaboradora en detrimento de una Cartera que no controlaba del todo.
El tema de fondo es la incursión del Jefe de Estado en un terreno que no le corresponde constitucionalmente. El Rey debe tener la mejor información disponible, pero esta le debe llegar por el Presidente del Consejo de Ministros y no por el director del CNI con quien despacha todas las semanas. En un régimen de monarquía parlamentaria las razones son evidentes, obrar de otro modo es debilitar la Constitución y por lo tanto a la Corona.
El Servicio de Inteligencia en un país democrático debe actuar siguiendo dos líneas esenciales: 1ª la defensa del orden constitucional y 2ª la promoción de los intereses nacionales. No debe orientar su actuación prioritaria en la defensa de los intereses de una familia, un partido, un grupo o una persona. Cuando se percibe que nos queda mucho camino por recorrer para lograr ese objetivo en España, es lógico que el ciudadano se haga la pregunta que da título a este artículo.
N. de la R.
El autor es Coronel del Ejército, escritor y Licenciado en Ciencias Políticas.