España
Espacios Europeos (9/5/2018)
Rechazo absoluto y enérgico contra los responsables de la cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria y contra la delegación Marroquí
El pasado viernes 4 de mayo, sobre las 9:30 horas, se desarrolló una protesta a las puertas de la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria y ante la presencia de los responsables de la Cámara de Comercio, y de la delegación marroquí encabezada por el cónsul general de Marruecos en Canarias. Frente a ellos, enarbolando banderas de la RASD y una pancarta con el lema “Canarias, por un Sáhara Occidental Libre e Independiente, RASD”, concurrió una representación de la sociedad canaria: organizaciones políticas canarias, organizaciones sindicales: (CC.OO, UGT, Intersindical Canaria, Estibadores del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria), ONG’s, Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Asociación Palestina y C. Saharaui en Canarias.
Todo un éxito y coraje por parte de la representación canaria de dar visibilidad a la ilegal y corrupta conducta de la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria en complicidad con el régimen marroquí en clara violación de la Resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Sáhara Occidental.
Antecedentes
La Cámara de Comercio llama a financiar la ocupación marroquí del Sahara Occidental:
– Actúa así contra la legalidad de la UE que rechaza la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental.
– La Cámara de Comercio utiliza fondos europeos.
El viernes 4 de mayo se celebro en la Cámara de Comercio de Gran Canaria una jornada sobre “Oportunidades de negocios e inversión en la Región de Dakhla”. El objetivo de estas jornadas, según se especifica en el programa, es “conocer las oportunidades de inversión ofrecidas por la región de Dakhla Oued Eddhab, fortalecer la cooperación y los intercambios comerciales entre empresarios” y se prevé la participación de diversos sectores económicos.
La Cámara de Comercio no ignora que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016 (C-104/16 P) que establece que Marruecos y el Sahara Occidental son territorios distintos y separados, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de autodeterminación de los pueblos.
La justicia europea ha determinado igualmente, con absoluta claridad, que el único título de Marruecos en el Sahara Occidental en términos del derecho internacional es el de potencia ocupante.
Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental, y habiéndolo adquirido por la fuerza militar, es la potencia ocupante en aplicación de la IV Convención de Ginebra.
La actitud irresponsable de la Cámara de Comercio de Gran Canaria al cobijar esta jornada contrasta con las recomendaciones del antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Sr. García Margallo, quien, no hace aún un mes, recordaba que el Sahara Occidental es un territorio pendiente de descolonización, sobre cuya situación se pronunció el TJUE afirmando que Marruecos no tiene soberanía, y que como consecuencia eso introduce una alta incertidumbre sobre la viabilidad de inversiones empresariales en ese territorio en las actuales circunstancias.
Marruecos viola sistemáticamente sus obligaciones como potencia ocupante, lo que se pone de manifiesto en la implantación masiva de colonos y las flagrantes violaciones de derechos humanos, como en los casos de los presos de Gdeim Izik – que estuvieron últimamente más de un mes en huelga de hambre para pedir un trato humano en las cárceles – o los estudiantes del grupo El Uali – recientemente condenados a monstruosas penas de cárcel – la brutal represión de las protestas contra la visita de Mohamed VI a El Aaiún a comienzos de abril, la militarización de Dajla cuando la población protestó contra el asesinato del activista Abdelfatah Ahmedzain a finales de marzo, o la negativa a que la profesora francesa Claude Mangin pueda visitar, desde hace ya dos años, a su esposo Naama Asfari, del grupo de Gdeim Izik, lo que le ha llevado a una huelga de hambre desde el pasado día 18.
La sentencia citada del TJUE, que obliga a todos los estados, individuos, empresas y entidades de la UE, y por supuesto también a la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y establece claramente que en lo relativo a actividades económicas en el Sahara Occidental, lo relevante no es valorar si una actividad económica concreta puede ser favorable o no a la población saharaui, sino garantizar que el representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario, haya dado su consentimiento para su desarrollo, y la Cámara de Comercio de Gran Canaria no cuenta con esa autorización para impulsar inversiones en Dajla ni en ningún otro lugar del Sahara Occidental.
El Frente POLISARIO desea el desarrollo del territorio, y confía mucho en la cooperación inteligente con las empresas europeas y canarias, pero siempre que se parta del principio de respeto a la soberanía saharaui sobre los recursos de las tierras y aguas del Sahara Occidental.
Este tipo de jornadas, continuación de las frecuentes campañas en la prensa local financiadas por Marruecos, son maniobras propias de quien está desesperado, tratando de embaucar a empresarios no solo sin principios morales, sino muy torpes, pues están negociando con quien nadie reconoce como dueño del Sahara Occidental.
El Frente POLISARIO continuará impulsando la aplicación de la lógica jurídica: el que se sitúa en la ilegalidad asume sus responsabilidades.
Esta reunión tiene un objetivo completamente ilegal pues defiende la tesis de la colonización, presentando a Dajla como una ciudad marroquí y animando a las empresas españolas y canarias a participar en la financiación de la colonización, lo que constituye un crimen contra la humanidad, como, paradójicamente, recordó Macron en un discurso en Argel el pasado mes de febrero, y que puede acabar generando responsabilidades exigibles ante la Corte Penal Internacional.
Desde el movimiento solidario con el pueblo saharaui se ha advertido de esta situación a la Cámara de Comercio y a la Consejería de Comercio, exigiendo que no se utilicen recursos públicos para promover actividades contrarias al derecho o que se produzca lucro mediante subvenciones marroquíes para defender sus tesis.
Fuente: http://es.wesatimes.com/archives/4900.