Sáhara Occidental
Ebbaba Hameida (28/12/2013)
La pasada semana, activistas saharauis en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental remitieron a este periódico las fotografías de una pareja de la Guardia Civil, de uniforme, paseando por las calles de El Aaiún ocupado. Los agentes de la benemérita iban acompañados por un oficial de la Gendarmería Real, según muestran las fotografías tomadas en la calle Bucráa, del antiguo Barrio de Piedra.
Estas imágenes han tenido repercusión y un gran impacto mediático en las redes sociales; no deja de ser llamativo el hecho de que España, a pesar de su aparente neutralidad en el conflicto de descolonización del Sahara Occidental y de su dejadez de funciones como potencia administradora de este territorio, treinta y siete años después vuelva a estar presente en las calles de la que un día fue la capital de su provincia número 53.
Este hecho carecería de importancia en circunstancias normales, pues es vox populi que las fuerzas de seguridad y del orden de los Estados marroquí y español colaboran para “garantizar” la seguridad internacional; sin embargo, tratándose de la última colonia española, adquiere gran relevancia, pues es un gesto que indica como la política oficial del Estado español está tomando un rumbo descaradamente contrario a la legalidad internacional.
Desde la Marcha Verde, Marruecos se ha negado a la presencia de fuerzas españolas en la zona, ni siquiera la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) cuenta con personal española, pese a ser España el país que más dinero aporta a esta misión.
Averiguaciones llevadas a cabo por espacioseuropeos, revelan la existencia de varios convenios de colaboración bilateral entre España y Marruecos en materia de seguridad e inmigración. El último de ellos (publicado en el BOE de 15 de mayo de 2012), sobre cooperación policial transfronteriza, que autoriza la creación de Centros de Cooperación Policial (CCP) en Tarifa y Tánger. Los agentes destinados en estas Comisarías conjuntas tienen las siguientes funciones según el Art. 5: a): la recogida e intercambio de información; b) la prevención y la coordinación de la lucha contra el terrorismo; la criminalidad transfronteriza, en particular el crimen organizado, la inmigración irregular, la trata de seres humanos y el tráfico de drogas y armas; c) la coordinación de medidas operativas conjuntas en los ámbitos citados en el punto b) del mismo artículo.
Sin embargo, ningún convenio o tratado puede ceder la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos, según indica el informe de Naciones Unidas (Hans Corell, 2002), que confirma la ilegalidad de los Acuerdos de Madrid (1975) por los que España pretendió ceder burdamente el territorio saharaui a Marruecos y Mauritania. Hay que tener en cuenta que el derecho de autodeterminación legalmente reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas no prescribe ni se extingue, si no es con la voluntad del Pueblo Saharaui.
En conclusión, España vuelve a pasear por las calles saharauis, mostrando así complicidad con su aliado marroquí y reconociendo la pretendida soberanía alauita sobre un territorio que, a la luz del Derecho Internacional, sigue siendo español, que se encuentra a la espera de un referéndum de autodeterminación.