Mi Columna
Eugenio Pordomingo (19/2/2014)
La noticia ha sido un rayo de luz ante tanta oscuridad. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado archivar el ‘caso Couso’ tras la limitación de la justicia universal en España. Pedraz considera que una norma interna (de un país) no puede modificar un tratado internacional.
Para el juez, la muerte –otros lo llaman asesinato- de José Couso en el transcurso de la invasión de Irak, está amparada por la Convención de Ginebra, que obliga a los países firmantes -entre ellos España- a perseguir los delitos cometidos contra la población civil en caso de conflicto armado. Para el juez Pedraz un “Tratado no puede ser modificado por una norma interna”.
El 8 de abril de este año, se cumplirán once años de la muerte de José Couso en Bagdad, a causa de un disparo (cañonazo) que se hizo desde un carro de combate del ejército de Estados Unidos contra uno de los pisos del Hotel Palestina donde se encontraban varios periodistas, entre ellos el español José Couso. A estas alturas, nadie puede negar que los mandos del ejército estadounidense conocían perfectamente que en ese hotel y en ese piso se encontraban periodistas internacionales para cubrir la información sobre la invasión de Irak.
En la guerra hay víctimas que no combaten, son civiles inocentes de los conflictos que otros crean; que mueren por “casualidad”. Son “efectos colaterales”, según la nueva terminología al uso. Pero en muchos casos –como el de José Couso y su compañero ucranio, Taras Protsyuk, de la agencia Reuters- el destino o la estrategia diseñada, las víctimas son elegidas como objetivos tan aleatorios e inhumanos para que, simplemente, sirvan de castigo y ejemplo para que otros no hagan lo que ellos estaban haciendo. Y esa pudo ser la causa de la muerte de los dos periodistas que se encontraban el 8 de abril de 2003 en la planta 14 del Hotel Palestina.
De acuerdo con los datos aportados por Javier, hermano de José Couso, la sargento de la Inteligencia Militar de Estados Unidos, Adrienne Kinne, se encontraba espiando “a los periodistas esa mañana en Bagdad y vio que el Hotel Palestina podría ser objetivo». El Hotel Palestina figuraba en una lista de “blancos” elegidos, según declaró años más tarde la mencionada sargento: “los servicios secretos estadounidenses conocían que había periodistas en el hotel porque habitualmente interceptaba sus llamadas telefónicas (…) En una oportunidad escuchamos a los periodistas que se quedaban en el Hotel Palestina. Y lo recuerdo concretamente porque durante el período previo a la operación ‘Shock and Awe’ (‘Impacto y Terror’), con la que muchas personas de mi unidad estaban inquietantemente entusiasmadas, nos entregaron una lista de posibles blancos en Bagdad, y el Hotel Palestina era uno de esos posibles blancos”, manifestó Kinne a la periodista Amy Goodman de la cadena estadounidense Democracy Now.
La Audiencia Nacional tras un calvario jurídico de la familia Couso, revocó el procesamiento de los tres militares estadounidenses, que estaban implicados en el supuesto asesinato de José Couso: el teniente coronel Philip de Camp, que dio la orden de disparar sobre el hotel; el capitán Philip Wolford, jefe de la unidad de carros de combate, quien transmitió al sargento Thomas Gibson la orden de disparar.
Hay que recordar que el Hotel Palestina era el centro internacional de prensa en el que se concentraban los corresponsales extranjeros que cubrían la invasión desde el frente iraquí, circunstancia que conocían perfectamente los mandos del ejército de Estados Unidos, como declararon miembros de la Comisión Internacional de Periodistas que denunciaron los hechos acaecidos. La declaración está firmada en Madrid, el 14 de mayo de 2008, por Jon Sistiaga, Olga Rodríguez, Jesús Quiñonero y Carlos Hernández.
Durante varias horas de aquel fatídico 8 de abril, los fotoperiodistas estuvieron grabando las incursiones de los carros de combate norteamericanos, acción que no pasó desapercibida para los invasores.
El portavoz de la familia Couso (entonces era Javier, al que le ha sustituido David –otro hermano-, debido a que el primero va en la lista de IU a las elecciones europeas), denunció en una rueda de prensa celebrada en Murcia (España), que la Fiscalía «haya intentado otra vez archivar el caso”, pero que a pesar de ello la familia estaba llevando a cabo acciones judiciales para exigir a las autoridades españolas que reactiven y tramiten las órdenes de búsqueda y captura contra los procesados, el sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford. También denunció la postura de Interpol, afirmando que es la primera vez que ese organismo policial internacional se ha negado a incumplir la orden dada por un juez.
La familia de Couso vivió mil y una peripecias judiciales durante la etapa socialista de Zapatero, como lo fue el viaje a Irak del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la ausencia del fiscal Jesús Alonso en esa comisión judicial, y el escasísimo apoyo, cuando no cortapisas y trabas por parte del gobierno socialista. El mismo trato les dio el gobierno popular de Mariano Rajoy. Ya se sabe, son “razones de Estado”.
Más tarde supimos por los cables filtrados por WikiLeaks (recogidas por los medios de comunicación), que hubo comunicaciones entre la embajada de Estados Unidos en Madrid y la Administración española. A través de esos cables tuvimos conocimiento de que Estados Unidos había presionado –quizás no mucho, pues no hizo falta- a jueces, fiscales y políticos españoles para que se archivase la denuncia contra sus militares. Pero un manto de silencio, una especie de “materia reservada” u “ormetá”, se volcó sobre todos. El caso es que las gestiones debieron tener éxito a la vista de los resultados.
El hermano de José Couso, acusó también a María Teresa Fernández de la Vega, por entonces poderosa vicepresidenta del gobierno socialista, de ser la persona que ordenaba y coordinaba las actuaciones tendentes a desactivar el ´caso Couso´. Ahora la susodicha se encuentra bien aposentada y mejor remunerada en el Consejo de Estado, viajando de acá para allá con escoltas incluidos.
El nulo apoyo del gobierno de Zapatero queda constatado en la actuación del entonces (enero de 2007) fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, que se entrevistó, para tratar sobre el asunto, con el embajador norteamericano, Eduardo Aguirre. En el encuentro que mantuvieron, Conde-Pumpido informó al diplomático que el gobierno no podía hacer nada con la actuación judicial, pero que los fiscales –¡siempre los fiscales!- continuarían oponiéndose a las órdenes de detención de los tres militares. La Audiencia Nacional archivó el ‘caso Couso’, pero el Tribunal Supremo lo reabrió.
Los familiares del periodista asesinado se sintieron “estupefactos, engañados y absolutamente indignados” por las revelaciones y la intromisión de EE.UU. en la justicia española. Y anunciaron que iniciarán acciones legales.
El fiscal Javier Zaragoza recibía, de acuerdo con las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, a los espías de la calle Serrano de Madrid, para ponerles al corriente de la marcha de las investigaciones. Algún titular de prensa plasmó la situación así: “Fiscales españoles al servicio de la CIA”; curiosamente, la longa mano del Poder ha hecho desaparecer de Internet algunos de ellos.
El diario ‘El País’ de fecha 30 de noviembre de 2010 publicó un artículo titulado “EE UU maniobró en la Audiencia Nacional para frenar casos”, en el que afirmaba que “En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota”.
Otros medios, allende los mares, vieron la situación así: “A los abogados hispánicos les informan menos que a los espías foráneos. Mientras los fiscales mantienen los sumarios en secreto durante años, la embajada yanqui dispone de copias de sus pesquisas al minuto. ¿A qué precio? ¿O los funcionarios de la fiscalía trabajan gratis para una potencia extranjera? ¿Es puro servilismo lo suyo? ¿Tienen vocación de lacayos del imperialismo? ¿Cobran algunas monedas por hacer lo contrario de lo que deberían? ¿Cómo es posible que los fiscales estén trabajando para una potencia extranjera en contra de los jueces de su propio país?”
El mismo medio vio así la situación: “Si los fiscales de la Audiencia Nacional están trabajando como soplones para una potencia extranjera contra sus propios jueces, ¿por qué no han sido cesados? ¿No será que el gobierno y los partidos parlamentarios son cómplices? ¿No será que todos están jugando un doble juego?”.
El entonces jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, informó asiduamente a la embajada estadounidense en Madrid sobre la marcha del ´caso Couso´.
Fungairiño era un personaje muy cuestionado en medios judiciales por su actuación profesional. Por ejemplo, solicitó el sobreseimiento de la causa abierta en España contra el argentino Adolfo Scilingo, acusado de torturas y crímenes contra la humanidad; o su mofa de la comisión del Congreso de los Diputados que investigaba el 11-M, al afirmar que no leía los periódicos por “salud mental”.
Por lo que se refiere al fiscal Vicente González Mota, WikiLeaks afirmó que tiene la consideración de «estrictamente protegido», de acuerdo con los cables publicados por esa página.
La asociación Preeminencia del Derecho presentó denuncia ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), contra el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, por ser un ´topo´ de EE.UU. en el mismo caso. La asociación que preside el letrado José Luís Mazón, acusó al juez Bermúdez de haber ofrecido información y asesoramiento ilegal a la embajada de EE.UU., basándose en la información de los cables telegráficos desvelada por WikiLeaks.
La actuación del juez Javier Gómez Bermúdez en este asunto, según los denunciantes, pone en tela de juicio su independencia como presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por lo que piden al órgano de gobierno de los jueces que estudie si de ella puede derivarse responsabilidad disciplinaria. Los denunciantes consideran que hay indicios para entablar una acción penal contra Gómez Bermúdez ante la Sala Segunda del TS, aunque espera que sea la familia Couso la que presente la querella correspondiente.
Según la información revelada por WikiLeaks, el 13 de mayo de 2007, el mismo día que la Sala de lo Penal archivó el procedimiento que había abierto el juez Santiago Pedraz por el asesinato de Couso, Gómez Bermúdez llamó por teléfono a un contacto de la embajada de EE.UU. en Madrid y le informó de la resolución favorable a los intereses de ese país.
Esta decisión, según señala la denuncia, fue adoptada con el voto particular discrepante de uno de los magistrados de la Sala. Posteriormente, el Tribunal Supremo ordenó reabrir el caso, dato que también es revelado en los cables de la embajada estadounidense, que ponen de manifiesto la decepción que la decisión del alto tribunal causó en el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
Añade la denuncia de Preeminencia del Derecho que un día después de la llamada telefónica de Bermúdez, el 14 de mayo, se produjo una nueva conversación entre el juez y su contacto en la embajada de EE.UU., en el transcurso de la cual el magistrado le informa que las órdenes internacionales de búsqueda contra los tres militares norteamericanos habían sido anuladas.
En esta ocasión, el presidente de lo Penal de la Audiencia Nacional le dijo a su interlocutor que se había decretado el archivo por “sobreseimiento provisional” en vez de hacerlo por “sobreseimiento libre” en beneficio de la parte americana, para impedir que se pudiera recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, según puede leerse en los citados cables.
Por ello, los denunciantes piden al CGPJ que abra una investigación y se interrogue a los componentes de la Sección Segunda de la Sala Penal, que fueron los que dictaron el auto de archivo, «a fin de que declaren si hubo o no intromisiones o recomendaciones del denunciado para que se produjera un fallo favorable a los intereses de EE.UU., por si de los hechos hubiere también materia pernal susceptible de control por la Sala Segunda del Tribunal Supremo».
Para la Asociación Preeminencia del Derecho, la conducta de Gómez Bermúdez en este asunto «supone la infracción de los deberes básicos del oficio de magistrado», así como un claro quebrantamiento de sus obligaciones deontológicas, según establece el Código de Ética Judicial Iberoamericano, aplicable en España y suscrito por el propio CGPJ.
Según ese Código, el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado. El artículo 15 de este texto dice que “el juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados que las contrapartes puedan razonablemente considerar injustificadas”. Queda claro que el gobierno estadounidense presionó al Ejecutivo español para frenar el ‘caso Couso’, y que altos cargos del PP y PSOE entraron en este círculo servil, claudicante y vergonzoso.
Todo esto es muy serio, dramático y vergonzoso. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿En manos de quiénes estamos? Más que un Estado, una Nación o un País, parecemos un Estado Asociado ‘malgobernado’ por virreyes.
Recuerdo ahora dos frases que me citó durante una larga entrevista que mantuve con Rafael Pérez Escolar. Una de las frase pertenece al Talmud, y dice así: “¡Ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados!”; la segunda, es de Herbert Spencer, filósofo y sociólogo, fundador de la filosofía evolucionista en Gran Bretaña: “Todo delito impune engendra una familia de delincuentes”.