Internacional
Javier Martínez (29/6/2014)
El pasado 26 de junio el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado en Ginebra aprobó una resolución histórica en defensa de los derechos de los ciudadanos y de los pueblos frente a las empresas transnacionales (ETN). La resolución fue aprobada a instancias de Ecuador y Sudáfrica y con 20 votos a favor, entre ellos Cuba, Venezuela, India, China y Rusia.
Con 14 votos en contra, entre ellos países de la Unión Europa, como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, y USA, con 13 abstenciones, se ha decidido crear un grupo intergubernamental para trabajar en un marco legal que elabore un tratado vinculante para todas las transnacionales para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en los países que ratifiquen dicho tratado.
Frente a los tratados bilaterales y multilaterales, tipo TTIP (en proyecto), que sólo contemplan la defensa de las transnacionales y de los grupos financieros internacionales por encima de los derechos de los ciudadanos, de los pueblos y de los Estados, las Naciones Unidas han puesto en marcha lo que va a ser el primer instrumento de derecho internacional obligatorio para las transnacionales y así evitar y castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por dichas ETN.
Más de seiscientas ONGs de 95 países presentes en Ginebra, han celebrado este primer paso para acabar con la impunidad de las ETN.
Casos como el de la empresa anglo-suiza Glencore, con violaciones sistemáticas de derechos durante años, en Perú, Colombia, Zambia y Filipinas, cuyas actividades incontroladas han producido daños en las fuentes de agua y de alimentos de los núcleos poblacionales indígenas, llegando incluso a utilizar a fuerzas paramilitares con la connivencia de los ejércitos de los gobiernos corruptos de turno, han provocado el asesinato de “indígenas anti-mineros”.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, tribunal de opinión, creado en junio de 1979, ha ido denunciando durante años las violaciones graves a los derechos humanos, violaciones que siguen un patrón sistemático de conducta por parte de las ETN que desprecian la vida humana y el medio ambiente, que impiden también el acceso a la justicia de las víctimas de sus abusos, llegando a la intimidación y al asesinato y que destruyen el medio ambiente y la soberanía alimentaria de los pueblos.
Otros casos de violaciones delictivas flagrantes son el de Chevron-Texaco en Ecuador, con la destrucción de una gran parte de la Amazonía y la proliferación de muertes por cánceres entre las poblaciones locales.
Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU exige a todas las personas y a todos los órganos de la sociedad, incluidas las empresas, que protejan y promuevan los derechos humanos en sus ámbitos de actuación, desde los años 80 para acá, con la extensión de la ideología neoliberal, se ha ido imponiendo la llamada “lex mercatoria” de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por encima de las leyes nacionales de los Estados, obviando o violando flagrantemente las convenciones internacionales de Derecho Internacional Público.
Con este fututo tratado, que tendrá carácter obligatorio entre los estados firmantes, la primacía natural de las fuentes del derecho volverá a su cauce, pues por encima de los intereses privados de inversores extranjeros y empresas transnacionales, se ha de situar y bajo el paraguas de la protección de la ONU, la defensa de las convenciones de Derechos Humanos (Derechos políticos, sociales, económicos y culturales, como un todo indisoluble), los derechos de los ciudadanos y de los pueblos de los Estados que acojan a tales empresas.
Ya existe un modelo de tratado alternativo de defensa de los derechos humanos elaborado por más de 610 ONGs que podrá servir de inspiración a los trabajos del grupo intergubernamental de Naciones Unidas que habrá de empezar a trabajar antes del 2015.
El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, García-Margallo, en un acto público celebrado el martes en Madrid bajo el nombre «El Valor de las Multinacionales Extranjeras en España» abogó por los derechos de las grandes transnacionales por encima de los derechos humanos y dijo expresamente: “Las Corporaciones tienen derecho a imponer determinadas condiciones para instalarse …”.
¡Bravo, Sr. García-Margallo! Por encima de las leyes nacionales e internacionales están, según usted, los intereses del gran capital, de la banca y de las grandes compañías transnacionales. Gracias por mostrar sin caretas, a quienes defienden su partido y su gobierno, por encima de los intereses y derechos de los ciudadanos españoles.
Por favor, les ruego, por dignidad, que no me luzcan más banderitas en la muñeca y no se me hinchen como los pavos cacareando la defensa de la unidad de España, haciendo declaraciones y prácticas político-económicas como las que hacen o pretenden hacer.
¿A qué España defienden ustedes realmente? ¿cuál es el modelo económico que pretenden? ¿Una España de Eurovegas y de bienvenido mister Marshall, que conlleve la progresiva “chinización” de la economía española? ¿Una España con las condiciones económicas, sociales y laborales a lo Bangladesh? ¿Unas libertades públicas a la coreana?