España
ReVoltaire (16/7/2014)
La gestión privada de la sanidad pública ha sido un virus que se ha ido introduciendo en los programas y prácticas políticas en España desde que en 1997 se aprobara la ley 15/97 de Nuevas Medidas de Gestión de la Sanidad con los votos a favor de PP, PSOE, CIU, CC. El resultado es que con los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad del Reino de España, con fecha 2011, sólo queda un tercio de los 452 hospitales del Servicio Nacional de Salud que estén gestionados directamente por la Administración pública.
Los resultados son cada vez más desastrosos: peor calidad de los servicios, peor gestión, más onerosos y a cargo de los bolsillos de los contribuyentes. Algunos de los ejemplos de esa gestión:
Complejo Hospitalario de Navarra
Las cocinas fueron privatizadas en enero 2013. Las quejas entre 2010 a 2012, cuando el servicio era público, fueron de 15. A partir de su privatización hasta mayo de 2014 las denuncias alcanzan ya las 2.322, un 59% de ellas son debido a la mala calidad de los alimentos. Casos como la detección de restos fecales en la comida, tres expedientes sancionadores por 17 infracciones, siete de ellas consideradas infracciones sanitarias graves. Además y según los datos publicados el 23 de junio por el Tribunal de Cuentas Navarro, si no se hubiera privatizado la gestión de las cocinas hospitalarias y si la instalación del sistema de producción en frío, junto a la unificación de las cocinas se hubieran hecho con medios propios del Sistema Navarro de Salud el ahorro habría sido de 676.314 euros por año.
La gran beneficiaria de la explotación privada del servicio es MEDITERRÁNEA DE CATERING . Esta empresa está participada por la firma de capital riesgo Portobello a través del Fondo de Private Equity Portobello Capital. Portobello, sociedad en la que participan entidades como Santander, BBVA, Sabadell, Bankia y Goldman Sachs, cuenta con 400 millones de euros de activos bajo su gestión y participa en empresas medianas como CIE Automotive, la compañía de álbumes de fotos digitales Hoffman y la empresa de alimentación Angulas Aguinaga.
Futuro Nuevo Hospital de Toledo
Seguirá el modelo de PFI (Private Finance Initiative) o iniciativa de financiación privada. Es una forma de crear «asociaciones público-privadas (APP)» mediante la financiación de proyectos de infraestructura pública con capital privado. De origen británico y australiano, estas prácticas de PIF y sus variantes han sido adoptadas en España como parte del programa más amplio de la privatización y financiarización de la economía, impulsadas aparentemente por una mayor necesidad de la rendición de cuentas y la eficiencia en el gasto público, pero que se utiliza simplemente para colocar una gran cantidad de deuda «fuera de balance».
El nuevo centro en Toledo costará a la Administración 2.043 millones de euros, 72 anuales, durante los próximos 30 años, que irán a parar a la empresa constructora. La empresa tendrá que invertir sólo 73 millones de euros y como compensación el Servicio de salud de Castilla La Mancha le entregará la concesión desde 2015 a 2043 de todos los servicios no sanitarios, no sólo de este centro sino también de todo el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, en el que están incluidos el Hospital Virgen del Valle, el Provincial y el Nacional de Parapléjicos.
Nuevo Hospital de Burgos
Comenzó a funcionar en 2012 con un retraso de tres años y un sobrecoste de 223 millones de euros. El canon anual de la empresa beneficiaria de la privatización de los servicios sanitarios ha pasado de los 38 millones iniciales a 71 millones de euros anuales.
La sociedad adjudicataria del servicio es Nuevo Hospital de Burgos, S.A., bajo la marca EFICANZA participada por 8 accionistas, entre los principales son Banco Santander Infraestructuras F.C.R., Obrascón Huarte Lain, S.A.; Urbanizaciones Burgalesas, S.L., Corsan Corviam; Concessia, Cartera de Gestión de Infraestructuras, S.A., esta última participada por Bankia, BBVA, Sabadell, Caixabank, Kutxabank, Ibercaja, Banco Mare Nostrum, Caja 3 y Hill Internacional.
Se les cedió el terreno para construir, construyeron además el aparcamiento más caro de Burgos con 990 plazas y un centro comercial. Un dato del enorme negocio que hacen: el menú de cada paciente lo cobran a 22 euros, que a su vez lo subcontratan a otra empresa que les cobra 14 euros.
Su voracidad enriquecedora ajena al concepto de servicio público y moviéndose por el mero afán de lucro hace que incumplan con promesas como las de contratar un 10% más de personal, siendo justo lo contrario lo que han hecho reduciendo personal hasta ser un 8% menos, pues vacaciones, bajas y puntas de trabajo se cubren no con nuevas contrataciones sino con el incremento de cargas de trabajo sobre los empleados que aún están en plantilla. Sobre-explotación, precariedad e ineficiencia neoliberales.
Y esto no es más que el principio porque los planes son también de privatizar los servicios sanitarios, pasar del PFI a los PPP (Public-Private Partnership).
Los PPP pueden ser definidos como un contrato a largo plazo (por lo general 15 a 30 años) de una autoridad del sector público y una o varias empresas del sector privado que operan como una entidad legal. El gobierno proporciona la fuerza de su poder adquisitivo, establece las metas para un sistema de salud óptima y otorgar poder a la empresa privada para innovar, construir, mantener y / o gestionar la entrega de los servicios acordados durante la vigencia del contrato.
El sector privado recibe el pago por sus servicios y asume el riesgo financiero, técnico y operativo sustancial aprovechando al mismo tiempo el potencial de crecimiento de los ahorros de costos compartidos. En este modelo PPP, la gestión ya es 100% privada incluida los servicios sanitarios. Así veremos los servicios de radiografías, radiodiagnóstico, detección del cáncer, quirófanos, materiales como vendas, jeringuillas, termómetros… ¡movidos únicamente por el afán de lucro!
Si a todo ello unimos los primeros resultados de la ineficiencia y fracaso de los modelos privatizadores: El Hospital de Manises que seguía el modelo PFI, como Alzira, Valdemoro, Torrejón, Móstoles, que fue inaugurado hace apenas 3 años. Es el segundo hospital modelo PFI rescatado (con dinero público, por supuesto), en la Comunidad Valenciana.
La empresa beneficiaria Sanitas alegó “menores ingresos económicos de los esperados” y reconoció un agujero de 76 millones de €. “Amenazó” que si no era “rescatado”, podrían derivarse “responsabilidades patrimoniales de la Administración”. Exigiendo aumentar el periodo de concesión, aumento de las tarifas, o incremento de la población asignada, es decir, más dinero.
Podemos concluir que la Salud pública no es un negocio y sólo nosotros, ciudadanos y contribuyentes, podemos defenderla.
Plataformas por la Sanidad Pública en todas las ciudades de España siguen y seguirán luchando en las diversas Marea Blancas por la derogación de la Ley 15/97 y por la vuelta a manos públicas de todos los hospitales privatizados.