Barrio saharaui de Luifak, El Aaiún, Sahara Occidental (SCSC)
Barrio saharaui de Luifak, El Aaiún, Sahara Occidental (SCSC)

Sáhara Occidental
espacioseuropeos (18/12/2014)
A través de un comunicado de prensa, la Delegación Saharaui en las Islas  Canarias recuerda que Marruecos es un país oficialmente «ocupante» y carece de legitimidad para explotar los recursos del pueblo saharaui  Ante la entrada de buques plataforma para la perforación petrolífera en aguas territoriales del Sáhara Occidental, la Delegación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Canarias se ve en la obligación de hacer público el siguiente comunicado aclaratorio: 

Con la ubicación en aguas territoriales del Sáhara Occidental de su buque plataforma durante la madrugada del pasado domingo con vistas a iniciar perforaciones en búsqueda de hidrocarburos, la empresa petrolera, de nacionalidad norteamericana, Kosmos Energy entra en un territorio declarado oficialmente por Naciones Unidas como «no autónomo» y «pendiente de descolonización», ocupado de hecho, además, militarmente por el Ejército de Marruecos.

La figura de Marruecos, por lo tanto, y así rezan las resoluciones al respecto, es la de «ocupante», por lo que carece de legitimidad para firmar cualquier acuerdo que afecte a los recursos del Sáhara Occidental. En consecuencia, Marruecos no es el titular de la soberanía del territorio y, por lo tanto, cualquier convenio con el país «ocupante» en la totalidad de dicho territorio, aguas incluidas, es un claro expolio de los recursos del pueblo saharaui, su único titular.

El vicesecretario general de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, Hans Corell, dejó claro en su informe de 2002 al respecto el criterio legal que tipifica el Derecho Internacional vigente sobre los recursos del territorio. La explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental debe ser consultada con el pueblo saharaui, que es su beneficiario, y únicamente corresponde a su voluntad. Los acuerdos entre Marruecos, la «potencia ocupante», y otros gobiernos o empresas, son contrarios a los principios que tipifican las leyes internacionales y todas las partes tienen la obligación de cumplirlos.

En cuanto a las declaraciones efectuadas en las Islas Canarias el pasado lunes por el ministro de Justicia del Gobierno español, Rafael Catalá, sobre que las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos en aguas del Sáhara Occidental se efectúan «dentro del respeto más absoluto al Derecho Internacional», que actúa «en su ámbito territorial» y «son conformes al Derecho aplicable», esta Delegación de la República Saharaui en Canarias solo puede calificarlas de aberrantes y carentes de relación alguna con la realidad.

Vienen además de un ministro que representa a un Gobierno supuestamente democrático, de una potencia europea que hasta hace solo unas décadas fue la metrópoli de lo que llamaba el «Sahara Español» y, por lo tanto, proceden de un Gobierno que sigue siendo responsable del calvario, la persecución, las desapariciones, las torturas y la represión más brutal en los que vive el pueblo saharaui desde hace ya 39 años y que, contrariamente a su pueblo, que es nuestro hermano y amigo como ningún otro, mira a otro lado. Proceden además de un Gobierno que sigue siendo la potencia administradora de iure, según todas las resoluciones de Naciones Unidas, mientras no se descolonice el territorio.

El Ministro de Justicia Rafael Catalá, o desconoce la legalidad vigente o miente
El Ministro de Justicia Rafael Catalá, o desconoce la legalidad vigente o miente

Así las cosas, si tanto interés tiene el señor ministro de Justicia español en el «respeto más absoluto del Derecho Internacional», no entendemos que pretenda dar visos de legalidad a ocupantes y expoliadores y no salga en defensa de de las víctimas, que también son su responsabilidad, de los hombres, mujeres y niños saharauis que luchan cada día heroicamente para evitar el exterminio porque una potencia colonial les vendió y los abandonó en manos de un ejército ocupante, que sigue ahí.

El pueblo saharaui le pide, por lo tanto, al señor Catalá y al Gobierno que representa que evite renovar, legitimar y fortalecer la ilegalidad permanente en la que incurre Marruecos en su ocupación del Sáhara Occidental.

Y le recomienda que atienda al estatus jurídico del Sáhara Occidental, le recuerda que existe una Misión de Cascos Azules en el territorio porque está en conflicto, que está latente pero no resuelto, le pregunta que cuál es entonces el sentido de la ocupación militar real del territorio con más de 250.000 hombres armados, le recomienda que consulte sobre la titularidad de la soberanía del territorio saharaui y, finalmente, si como se presupone a un ministro de Justicia, conoce realmente la situación legal del Sahara, le solicita que le aclare, por qué defiende la contraria.

En su comunicado de prensa, la Delegación saharaui en Canarias dice aprovechar “esta ocasión para advertir a las empresas y los empresarios a los que Marruecos extiende su alfombra roja, repleta de regalos, subvenciones y facilidades, ofreciendo lo que no es suyo, de que el régimen marroquí solo busca servirse de ellos para involucrarlos en un conflicto que se produce en un territorio que vive en una situación de paz relativa, que se puede romper en cualquier momento”. Esa es la realidad.

Finalmente, la República Saharaui llama al Gobierno de España a aprovechar la oportunidad de su pertenencia al Consejo de Seguridad de la ONU para activar el Plan de Paz para el Sáhara, que contempla un referéndum de autodeterminación y la conclusión así del proceso de descolonización con, de verdad, todas las garantías legales.