Ecología/Medio Ambiente
Ana Isabel García-Espinosa (28/3/2015)
Tras agotar los yacimientos en los EEUU, la industria del fracking trata de vender su técnica al viejo continente e Hispanoamérica. Sin embargo, la fuerte oposición social de grupos de ciudadanos y organizaciones que se está produciendo, ha hecho que esa industria cambie su estrategia, contando en algunos casos con la complicidad de gobiernos y poderes políticos.
El asentamiento de esta nueva técnica ha tenido escaso éxito en Europa; Francia y Bulgaria lo han prohibido, mientras que Alemania, Suiza o Austria tienen moratorias mientras logran quitarse de encima la presión de la industria. Tan solo Reino Unido, Polonia y España han apostado por el fracking.
En el Reino Unido, el primer ministro, David Cameron, se ha topado con los primeros obstáculos en sus planes de perforar el 64% de la campiña inglesa a la búsqueda del gas pizarra. La oposición de la opinión pública británica, así como de decenas de diputados conservadores y liberal-demócratas, que han hecho causa común con la oposición laborista para imponer 13 severas restricciones a los planes del gobierno, ha sido decisiva. Por su parte, el Comité de Auditoría Medioambiental del Parlamento ha emitido un informe en el que advierte que los planes de explotación de gas pizarra en su país son «incompatibles con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 80% de aquí al 2050». También ha recalcado, en ese informe, «las incertidumbres que existen sobre el impacto del fracking en el suministro del agua y en la salud pública».
Polonia, decidida como está a impulsar esta actividad, «ha dado el sí incondicional» a la industria del fracking. Líder en la carrera para explotar comercialmente el gas pizarra en Europa, no ha reparado en hacer cambios drásticos en su propia legislación medioambiental, permitiendo que los pozos exploratorios de menos de 5.000 metros de profundidad no requieran ya de la Evaluación de Impacto Ambiental. Hecha así la «ley para la trampa» se da carta blanca al fracking. Troy Wagner, director general en Polonia de la empresa canadiense BNK, la cual cuenta con seis concesiones en el país, ha manifestado con gran satisfacción: “No conozco a nadie que haya perforado tan profundo”.
Los ecologistas, Bruselas y parte de la población se preguntan si Varsovia no estará dando demasiadas concesiones a la industria a cambio de «El Dorado energético».
El Gobierno de España, que también ha apostado por el fracking, no ha tomado todavía decisiones ambientales como ha hecho Polonia, pero el entusiasmo de ministros como José Manuel Soria, titular de Industria, no desentona con el de los dirigentes polacos. Por ahora, la lentitud en la tramitación de los permisos, así como la oposición popular y la presión de los gobiernos locales y regionales, han dificultado la implantación de la industria en nuestro país.
Cantabria, Navarra, La Rioja y Cataluña han intentado blindarse con acuerdos o leyes autonómicas, pero distintos fallos del Tribunal Constitucional han dado al traste con sus intenciones.
Aunque ya hay más de 120 permisos de exploración concedidos o en trámite en toda España, la cuenca vasco-cantábrica podría ser la primera zona donde se produzca gas esquisto. BNK España, filial de la canadiense BNK Petroleum, que tiene dos permisos de investigación de hidrocarburos en la zona, en concreto en Sedano (Burgos) y Urraca (Burgos y Álava), ha declarado que en 2016 podrían estar ya perforando. En el caso de que se determinara que la explotación es viable podrían empezar a producir en cuatro o cinco años. Esta zona, según los expertos, es el dominio geológico con mayor potencial objetivo de gas pizarra en toda España.
Los defensores del fracking calculan que los recursos prospectivos de este nuevo «oro negro», en nuestro país, podrían cuantificarse en unos dos billones de metros cúbicos, lo que supondría unos 70 años de consumo. La multinacional BNK hace hincapié en que «la gente tiene miedo de lo que no conoce» y en los importantes beneficios económicos que obtendrían los municipios en los que se encontrara gas pizarra.
Para extraer este gas, que se encuentra atrapado a unos 3.000 metros de profundidad, en las «entrañas de la Tierra, se inyectan a presión grandes cantidades de agua, arena y aditivos químicos en la roca.” Los efectos que producen este sistema de perforación, ha puesto en píe de guerra a la Plataforma antifracking de la comarca de Las Merindades. Sus habitantes están muy preocupado por los posibles problemas de salud que pueden padecer debido a las sustancias químicas que se inyectan en el suelo, y también por la previsible contaminación de acuíferos. Advierten, además, que con esta técnica de extracción por perforación hidráulica, se va a destrozar la zona, su seña de identidad y su economía, basada en el turismo.
La vertiente mediterránea también ha sido «objeto de deseo» por parte de la industrial del fracking, y ya hay permisos de exploración en Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. En la región de Murcia, Invexta y Oil & Gas Capital tienen tres proyectos (Calasparra, Cehegín y Moratalla) y en Albacete posee tres licencias. Los permisos concedidos por la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha (llamados Esteros, Almorada y Nava) tienen extensiones de entre 20.000 y 26.000 hectáreas en zonas rurales de la provincia, entre los que se encuentran los términos municipales de Munera, Ossa de Montiel, El Ballestero o El Bonillo.
No se puede negar que el almacenamiento de aguas residuales en pozos profundos, bajo la superficie de la tierra, sumado a otros procesos implicados en el fracking, altera la presión sobre las fallas existentes. Esto podría suponer un registro más frecuente de terremotos en el futuro. Es por esta razón, por la que EQUO, a raíz de seísmo ocurrido el pasado 23 de febrero en Albacete (Ossa de Montiel), ha planteado la suspensión de las licencias ya concedidas en la zona. Aunque, los trabajos de extracción, aún no han comenzado, y por lo tanto el temblor no guarda relación, las perforaciones que se hagan a partir de ahora pueden provocar el corte de fallas inactivas y su reactivación. Hace años, algunos investigadores sostenían que la magnitud de los sismos provocados por la fracturación hidráulica no podía ser superior a 5º de la escala Richter, ahora no se atreven a asegurarlo. El geofísico Justin Rubinstein, del Servicio Geológico de EE.UU. , insiste en la necesidad de estudiar este asunto en profundidad.
Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz han canalizado su oposición a través de sus respectivos ayuntamientos, declarándose todas ellas «libres de fracking». La guerra contra la industria de la «fractura hidráulica» se está librando pueblo a pueblo con el apoyo de plataformas, asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales.
La organización CERES (Coalition for Enviromentally Responsible Economies), en un primer análisis sobre la creciente demanda de agua en las operaciones de fracking, indica que las empresas energéticas no examina suficientemente la zona en la que se implantan en busca de gas, ni calibran las consecuencias que puede producir el uso masivo de agua. Esto significa que, si no hay una regulación más estricta al respecto, la industria del fracking entraría «en conflicto» con otros usuarios del agua, corriéndose el riesgo de caer en algunas zonas en un «alto o extremadamente alto estrés hídrico». Este podría ser el caso de Murcia, Albacete, Jaén o Córdoba, entre otras ciudades.
AVAAZ, organización civil global, se ha pronunciado en contra de la implantación de la industria del fracking. En plena campaña, a través de su plataforma, exige al Ministro de Industria, José Manuel Soria; a los gobiernos autonómicos; y a todos los candidatos a las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, que impidan el fracking en nuestro país. Se reclama la paralización de forma inmediata de los permisos en curso y se demanda a los principales partidos, el compromiso de prohibir esta práctica y que lo incluyan en sus programas electorales.
Un estudio publicado en 2012 en Science of the Total Environment alertaba de los riesgos derivados de las emisiones al ambiente de partículas contaminantes, como hidrocarburos y bencenos, que «son considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)». El problema es que muchas de las sustancias que emplean estas prospecciones afectan a muchos órganos. «No se quedan sólo en el sistema respiratorio, la piel o el sistema digestivo (si se ingieren a través de agua contaminada, por ejemplo) sino que son capaces de atravesar el epitelio y afectar al sistema inmunitario, cardiovascular, etc. Un estudio realizado en Estados Unidos, por ejemplo, permitió observar un 60% de aumento del riesgo de cáncer en la población que vivía a un kilómetro a la redonda de estos puntos».
El Observatorio Petrolero Sur, organización que defiende la producción y consumo de energía de forma justa, democrática, saludable y sustentable, acaba de publicar el pasado 16 de marzo la Declaración Internacional contra el acuerdo euro-latinoamericano pro fracking. En dicha declaración se oponen al informe “Sobre oportunidades y desafíos de gas de esquisto en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y en los Estados miembros de la UE”, que fue discutido en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Los firmantes, organizaciones y grupos de ciudadanos movilizados contra el fracking, han declarado que teniendo en cuenta «los impactos asociados que se presentan como casi inevitables, de acuerdo con un gran número de estudios científicos revisados por expertos, resulta urgente que los líderes de los países con planes de desarrollar esta industria reconozcan estos efectos adversos lo más rápido posible». Y añaden que es preciso hacerlo ahora, cuando los debates sobre el desarrollo de «no convencionales» han comenzado en varios países de Europa (Reino Unido, Polonia, Rumanía, Hungría, Dinamarca, Alemania, España) e Iberoamérica (México, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Bolivia).
El Gobierno de los EEUU, ante el poco éxito que ha tenido el «canto de sirenas» de la industria del fracking fuera de sus fronteras, intenta cerrar un acuerdo comercial con la Unión Europea mediante la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) para facilitar el comercio entre los dos continentes. Lo grave es que en el marco de este acuerdo comercial, se produciría una pérdida de legislación medioambiental, evitando de este modo cualquier traba que limite los beneficios de la economía y la industria del fracking.
No puedo evitar pensar, mientras escribo sobre la industria del fracking y sus efectos, en la película estadounidense Erin Brockovich, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Julia Roberts, basada en una historia verídica sobre la técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional y sus consecuencias en la salud.