Los brotes de oposición a la política lingüística, implantada a ritmo creciente en Cataluña, fueron haciéndose visibles pese a las dificultades de la presión ambiental. Un auténtico hito lo marca el conocido como Manifiesto de los 2.300 (”Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña”), de 1981. La reacción terrorista de Terra Lliure, secuestrando e hiriendo de un tiro en una pierna a Federico Jiménez Losantos, llevará a éste y otros promotores del manifiesto, como Amando de Miguel y Santiago Trancón a alejarse de Cataluña.

En otra acción de Terra Lliure murió una anciana de Les Borges Blanques al resultar alcanzada, fuera de lo previsto, por la explosión de una bomba.

El 9 de setiembre de 1994 se produce una agresión a la vicepresidenta de CADECA (Coordinadora de Afectados en Defensa de la Lengua Castellana). Asunción García, médico, es engañada por dos individuos que acuden a su consulta y solicitan que les acompañe para prestar asistencia al padre de uno de ellos que, según le dicen, ha sufrido un ataque cardiaco. Ella va a su coche, al que también entran los simuladores, que la obligan a dirigirse a un descampado, donde le propinan una paliza e incendian el vehículo. Asunción García encabezaba “las madres de Salou”, movilizadas para impedir que a sus pequeños hijos castellanos los sumergieran forzosamente en el monolingüismo catalán escolar.

La resistencia ante ese monopolio idiomático va implicando a sectores afectados contra su voluntad, que dejan muestras de ello con iniciativas de rebeldía: Asociación por la Tolerancia y contra la Discriminación, Asociación Miguel de Cervantes y Foro Babel (en la gestación de éste hubo nombres ligados a revistas como El Viejo Topo y Ajoblanco).

“Extranjeros en su país”
Con la curiosa firma de Azahara Larra Servet, ve la luz un libro que denuncia la situación a que se somete a las mentes infantiles, insuflándoles catalán y catalanismo. La obra lleva por título “Extranjeros en su país” y, como cuño, Ediciones Libertarias. Acabaría sabiéndose que el nombre del autor era Antonio Robles, profesor de Instituto de Enseñanza Media, que había optado por el seudónimo a causa de su temor realista a las represalias. <<Hoy, en Cataluña -escribía- el conflicto lingüístico es un tabú. La criminalización llevada a cabo por el nacionalismo contra la legitimidad del castellano ha dejado sin palabra a los catellanohablantes. Nadie se atreve a hablar de la “limpieza lingüística” que se está llevando a cabo, de la voluntad monolingüísta del catalanismo o, si prefieren, del deseo de erradicación del catellano en Cataluña. Y cuando alguien  se ha atrevido, se le ha estigmatizado>>.

La situación más chusca tiene como protagonista  al catedrático de Lengua catalana, Jesús Royo, a quien la tónica oficialista le premia su libro “Una llengua és un mercat”, dando por supuesto que estaría en la línea propugnada desde el poder; pero el tiro les sale por la culata. Royo, nacido en Barcelona, de padres riojanos, se revela a favor del bilingüismo, en contra de la inmersión, y partícipe de la Asociación por la Tolerancia.

Otros dos casos
Para más botones de muestra, recurriré a otros dos.

Primero, el caso Gómez Rovira. En uno de los campamentos de la Milicia Universitaria, en Robledo (La Granja de San Ildefonso), compartimos, con otros compañeros, la misma tienda, de círculo abierto de pared y lona. Esteban Gómez Rovira estudiaba Derecho, aspiraba por entonces a entrar a trabajar en un banco -creo recordar que Banesto- donde le reclamaría alguien, y demostraba tener buen carácter. Alguna vez me contó que era descendiente del periodista, célebre en su tiempo (falleció en1929), Eduardo Gómez Baquero, que firmó mucho con su seudónimo de Andrenio, por el personaje de Gracíán; escribió en muchos periódicos, como El Sol o La Vanguardia, éste último de Barcelona. Con Esteban no volví a encontrarme desde entonces; pero durante cierto tiempo leí en la Prensa sus luchas, en la Ciudad Condal, por los conflictos lingüísticos. Sus pleitos con la Generalidad, su radicalización política y el enconamiento, que había que suponer fruto de un ambiente opresivo.

En segundo lugar pongo un libro del filólogo, periodista, profesor y algunas dedicaciones más, Iván Tubau. El libro destaca como título “Nada por la patria”; pero aporta mucha significación el subtítulo: “La construcción periodística de naciones virtuales”.

Tubau tuvo como lengua materna el catalán -no coincidente con el de Pompeu Fabra- como lengua escolar el francés, y el español lo aprendió más tarde, a la vuelta de Francia, donde vivieron exiliados sus padres, republicanos españoles. Él, dibujante además, ofrece algún trazo de autorretrato: “Yo, como ex-progre que soy…”

Este libro acarrea aportaciones de artículos anteriores y contiene recuerdos erótico-festivos a los que quien lo suscribió no parece capaz de sustraerse. Sí declara, sin ambages, que no es ni nacionalista catalán ni nacionalista español.

Periodistas y nación virtual
Echa mucha culpa de la situación al apoyo servicial mediático: “… los periodistas catalanes iban construyendo una nación virtual, una Catalunya destinada a sustituir a España sin que España se diese cuenta”. Naturalmente, los periodistas necesitan contar con la anuencia de los medios para los que trabajan.

Con los comunicadores, cita asimismo a los docentes: “Los enseñantes y los periodistas saben que algunos entre los más osados han sido tiroteados o morirán pronto arrinconados en un asilo para viejos locos enfermos. Saben que muchos están abjurando y que casi todos se resignan a un futuro de jaulas pequeñitas, pintorescas, dentro de la gran jaula asimilacionista poblada por el pensamiento único y monolingüe a efectos emblemáticos”.

Recoge, además, algunas curiosidades de la hibridación: contra “catanyol” en la calle y el patio, “espatalán” -aportación definitoria de Umbral- en el aula. Igualmente alude a una perspectiva de catalanizar apellidos: Peris, por Pérez; Gomis, por Gómez; Sanchis, por Sánchez: Roís, por Ruiz; Llop, por Lobo…

Hay realidades catalanas que basculan entre el sainete y el drama. Una parte importante de los catalanes perseveran, como es obvio, en sus valores humanos, sociales y políticos; pero su partitocracia gobernante representa una plaga que les ha caído y no precisamente en suerte.

He viajado muchas veces a Barcelona y a otras localidades catalanas. Por motivos profesionales, de turismo, e, incluso, periódicamente, con mi hijo Oscar, para acudir a un médico especialista que dio en el clavo, mientras que en la capital de España, las consultas fueron en vano. Quiero recordar aquí su nombre: era del doctor Luis Oller Daurella. Rindo tributo así y creo que queda bien claro, a la Barcelona en la que todavía no se padecía excesivamente el pujolismo. Antes, incluso tuve ocasión de saludar a Tarradellas en su residencia oficial, con motivo de unas jornadas mediterráneas sobre TV. El año pasado volví, por pocas horas, de paso para Oriente, a la Ciudad Condal. Hoy por hoy, no me apetece nada un nuevo viaje. La inmersión no deja respirar.

La invasión de Afganistán por parte de la OTAN, aunque dirigida por Estados Unidos, no parece solucionar los problemas que en teoría iba a resolver. Las calamidades de la población afgana no se han resuelto, sino que han aumentado. La promesa de la retirada de las tropas de la OTAN, pasando la responsabilidad de seguridad al gobierno afgano, es más bien una utopía, sobre todo después que se ha confirmado la existencia de importantes bolsas de gas y petróleo en su suelo.

Actualmente la OTAN tiene desplegados en suelo afgano más de 140.000 soldados, la mayor parte estadounidenses, además de un contingente muy importante de personal de seguridad de las empresas contratistas.

Associated Press informa también sobre el gasto -unos 6.000 millones de dólares al año- que para Estados Unidos va a suponer la formación y entrenamiento del Ejército afgano, después de la siempre anunciada retirada de las tropas.

Otro diario estadounidense, el Washington Post informaba ayer que el Presidente afgano, Hamid Karzai, pretende limitar la participación internacional en la investigación que se va a llevar a cabo sobre “presuntos actos de corrupción cometidos en su gobierno”.

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras afirmó que “la reforma laboral es reversible. Porque nos sobran las razones, más temprano que tarde el Gobierno se va a ver obligado a cambiar el rumbo de su política”.

Al grito de “¡Huelga!, Huelga, Huelga!, fueron recibidos los secretarios generales de CC. OO., UGT y CES (Confederación Europea de Sindicatos), por unos 20.000 delegados y representantes sindicales. Fuera, en la calle -la plaza de toros estaba repleta-, varios centenares coreaban esas mismas consignas.

El acto de protesta fue presentado por la actriz de la Unión de Actores, Petra Martínez, y la música del cantautor Pedro Guerra.  Cándido Méndez destacó que la reforma laboral va a suponer “un paso hacia atrás en materia de derechos sociales y laborales y en materia de calidad del empleo y no va a significar un revulsivo para luchar contra el paro”, advirtiendo que “con estas medidas, la Ley de Economía Sostenible, la Ley de Igualdad y el objetivo de cambio de modelo productivo quedan en papel mojado”.

El secretario general de de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, afirmó que “el movimiento sindical español está marcando el paso, ésta es una convocatoria importante, según destacó, no sólo para España, sino para toda Europa. Tras el 29 el Gobierno deberá escuchar a la gente y cambiar”.

Después de varios años de tolerar la política socio-laboral del gobierno de Zapatero, de repente los dos sindicatos mayoritarios han roto sus nexos de unión con el Gobierno de España. Especialmente duro ha debido ser esa ruptura para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, que hasta hace poco mantenía unas relaciones idílicas con el PSOE. Pero, la aprobación de la Reforma Laboral ha sido el aldabonazo de ese desencuentro que dificlmente podrá deshacerse.

La Reforma Laboral va a significar en la práctica, aparte de despido fácil y barato de los trabajadores, dejar al margen a los sindicatos de los convenios colectivos, que dejan de ser vinclantes y obligatorios. En definitiva, este gobierno se ha cargado de forma sibilina, reptando entre la demagogia populista y el buenismo, a los dos sindicatos mayoritarios. El resto, USO, CGT, CSIF, etc., seguirán con su tenaz y lenta marcha.

No hay duda que la Reforma Laboral la ha logrado el PSOE, con la abstención-apoyo del PNV, que nadie lo olvide, y con el consentimiento hasta el mes de septiembre de los sindicatos UGT y CC. OO.

Lamentablemente, y a pesar de las arengas y proclamas de los jerifaltes sindicalistas, la reforma laboral es ya irreversible.

Lo más preocupante no es el dato, que en si ya lo es, sino que la cifra va en aumento cada año, de acuerdo con la misma fuente.

El fracaso en los estudios y la formación es otro gran problema de nuestros ciudadanos. Mientras en la Unión Europea el porcentaje de personas que han terminado la Educación Secundaria postobligatoria, es de un  47 por ciento -un 44 por ciento en la OCDE-, en España es de un 22 por ciento.

Sin embargo, el informe de la OCDE destaca el avance de nuestro país en la formación de la población adulta, entre 25 y 34 años, que poseen título de Bachillerato, FP de Grado Medio o titulación superior, que es de un 65 por ciento, más del doble que hace 30 años.

Finlandia destaca por el número de años que los jóvenes permanecen estudiando, en contraste con México que es el país de la OCD donde los alumnos están menos años adquiriendo formación.

Otro aspecto en el que España está por debajo de la media de la OCDE es el relativo a la inversión en materia de educación, que se sitúa en el 5,11 por ciento, frente al 6,2 por ciento del PIB que el resto de los países de la OCDE gastan en educación.

Marruecos/España
Ana Camacho (9/9/2010)
Mientras los españoles intentan aterrizar de las vacaciones esquivando los baches y las tormentas de la vuelta al cole, Mohamed VI ya tiene bien montado el programa del nuevo curso cuyas bases fue implantando este verano con la crisis de Melilla, para ir abriendo boca. Se trata de apretar, apretar y apretar las tuercas al Gobierno de Zapatero que tanto presumió de saber hacer las cosas para no tener problemas con el “hermano marroquí” logrando que ese pecado de ingenuidad (por lo menos) se vuelva en su contra justo en uno de sus momentos más bajos. Objetivo: que se pringue en nombre de todos los españoles en una marrullería con el Sáhara de telón de fondo.

¿Y por qué justo ahora? El verano ha incubado un ambiente de cambio de régimen, con el rey Juan Carlos pachucho, con el presidente Zapatero sumido en una crisis sin precedentes. Hay aires de transición y por nuestra jungla política resuenan los tambores que llaman a las guerras tribales sacudiendo el trono del propio Zp. Momento propicio para que Mohamed VI ataque para rematar lo que empezó con esa “falta de colaboración” antiterrorista que propició el 11-M. Zapatero le prometió entonces ayudarle a rematar la faena del Sáhara y, como garantía de que iba a cumplir su palabra, puso a Moratinos al mando del timón de la diplomacia.

Los sultanes alauitas son grandes aficionados en acechar a España en los momentos de debilidad de sus gobiernos para sacar tajada a su favor en los muchos asuntos que, utilizando la jerga apaciguadora de nuestros diplomáticos, “tenemos en común”, un eufemismo de la cadena de acción y reacción que se monta entre la pusilanimidad española ante un vecino de incontenible apetito expansionista y el aliento que nuestra indefensión e incapacidad insufla a la voracidad alauita.

Transición y crisis son desde 1975 sinónimo en Rabat de “ocasión de oro para pillar en España”. Por si este resorte no bastase para disparar su instinto de caza, la ilusión de que pueda repetirse una coyuntura como la que en 1975 desembocó en la entrega del Sáhara, se junta ahora con consideraciones de cálculo dictadas por el estricto aquí y ahora.

La afinidad entre la casa alauita y Moratinos le valió a Zapatero que Mohamed le diese prórrogas en un pago contraproducente para la intención de voto. Pero el tiempo ha ido pasando y, por si acaso el PSOE (o Zapatero) no sigue estando ahí en la próxima legislatura, ha decidido ejecutar la deuda. Con más razón si Eulogio López lleva razón y el rey está pensando en jubilarse y pasarle los trastos al príncipe Felipe al que se supone pondrá al tanto de todos los secretos pero, al fin y al cabo, no estaba ahí cuando en otoño de 1975 desde Rabat lanzaron la Marcha Verde tensando la cuerda hasta que lograron que en Madrid les entregasen el Sáhara.

Aún suponiendo que Zapatero tuviese una tercera legislatura, ya no es apuesta segura para Mohamed tras la crisis abierta estas Navidades con el asunto de Aminetu Haidar. Cuando en un descuido al falso ángel se le cae la careta, ya no puede seguir contando con su poder de fascinación para dominar al contrincante, por muy poderoso que sea. Y seguramente al déspota marroquí se le quedó grabada la cara de pasmao de Zapatero al comprobar que todo lo que le habían contado sobre cómo ganarse al hermano del sur, ni sobre la sabiduría y habilidad de Moratinos para evitar crisis hispano-marroquíes, eran burras voladoras.

Como muestra del trauma que el Haidargate supuso para Zapatero, recordemos ese estallido de desespero de la responsable de Relaciones Exteriores en el PSOE, Elena Valenciano: “No nos merecemos que nos hagan esto después de todo lo que hemos hecho por él”, dijo más o menos. No hacía más que transmitirnos el desconcierto del jefe ante la escalofriante indiferencia con que su “hermano” Mohamed, entre apearse del burro con Aminetu y evitarle un pollo monumental en plena Navidades por un quítame de aquí estas pajas, optaba por su real orgullo.

Con lo bien informado que está sobre todo lo que se cuece en España, a estas alturas el sultán alauita seguro que anda mu enterao de que Zapatero nunca perdona a quien le deja en evidencia o le lleva la contraria en público. Probablemente su conclusión ha sido la de que ha llegado la hora de ir a por todas. Ya nada tiene que ganar con la espera, y sí en cambio mucho con el apretón de tuercas.

La respuesta de la ministra de Economía, Elena Salgado, alineadas en el más puro y duro liberalismo, ha considerado que la reforma laboral que está previsto que hoy apruebe el Congreso de los Diputados va a permitir una importante escalada de nuestro país en ese ránking de competitividad.

De acuerdo con la ministra, la bajada de nueve puntos se debe a la falta de flexibilidad del mercado laboral español. En total sintonía con el informe del Foro Económico Mundial, Salgado atribuye a la “inflexibilidad” del mercado laboral la que provoca ese descenso en nueve puntos de competitividad. No obstante, la ministra opina que a estas listas siempre hay que darles un “valor relativo”.

Atribuir los males de la economía siempre a los más desfavorecidos y desprotegidos, además de ser una falacia y una perversión, demuestra una tremenda insolidaridad. Es la incapacidad de los inútiles, de los necios, de los depredadores, de los buitres del sistema.

Quien otrora idealizaba a la China maoista se ha convertid ahora en la líder del más injusto sistema económico, el que se aprovecha de los desprotegidos en beneficio suyo y de la casta a la que pertenece y representa.

Las protestas mineras que tuvieron lugar el martes y el miércoles se centraron en el corte de las carreteras comarcales entre León y Palencia, a la altura de Carrión de los Condes y en la AP-66, en el límite entre Asturias y León. Hubo algunos incidentes con la intervención de grupos antidisturbios de la policía nacional.

La provincia de León se vio, asimismo, alterada por las jornadas reivindicativas de los mineros. Así, hubo manifestaciones y algunos incidentes  a la altura de las localidades de Rioseco de Tapia, La Magdalena y Caldas de Luna. También las zonas de El Bierzo (la N-VI, a la altura de Villamartín de la Abadía y en Toral de los Vados) fueron escenarios de estas concentraciones.

Para hoy se espera que las protestas continúen. De hecho, los mineros de las empresas, Unión Minera del Norte (Uminsa), Hijos de Valdomero García y Alto Bierzo, tienen previsto concentrarse en Ponferrada (León), frente a las sedes centrales de las compañías mineras. La protesta tiene como fin exigir el cobro de las nóminas pendientes y el futuro de la minería.

Como consecuencia de las dos jornadas (martes y miércoles) de reivindicaciones y de los incidentes habidos, hay un agente de la Guardia Civil herido y una decena de huelguistas identificados por las fuerzas de seguridad. Algunos mineros han resultado contusionados en los enfrentamientos con las unidades antidisturbios de la Guardia Civil.

Los informes de la Inteligencia argelina calculan que desde 2003 los 400 terroristas de Al Qaeda, que se refugian y actúan en zonas desérticas situadas en los confines de Mauritania, Níger, Malí y Argelia, han recaudado a cuenta de los secuestros realizados en el Sahel una cifra superior a los 20 millones de euros. Dinero que, según se ha podido comprobar, Al Qaeda dedica en gran parte a comprar armas, financiar atentados en el norte de África, asesinar a ciudadanos musulmanes y desestabilizar la región. Una realidad inquietante que llevó al Gobierno argelino a recurrir a las Naciones Unidas y enviar a su Consejo de Seguridad una propuesta para combatir la financiación de las actividades de grupos terroristas. La misma, que prevé sancionar a los Estados que negocian el pago de rescates con grupos terroristas para obtener la liberación de rehenes, fue aprobada, en la resolución 1.904, el pasado mes de diciembre.

Ahora y después de ser aprobada en el Consejo de Seguridad, el Gobierno de Argelia llevará la propuesta a la Asamblea General de Naciones Unidas para que una mayoría de países la secundara.

España no cumplió sus promesas
Un mes después de ser aprobada la resolución 1.904, en enero de este mismo año, la lucha contra Al Qaeda fue uno de los ejes centrales de la visita que el presidente argelino realizó a Madrid. En aquella cumbre bilateral España-Argelia, el Gobierno de español anunció «su rechazo a resolver el secuestro de los españoles -que estaba muy fresco porque se produjo el 29 de noviembre- con el pago de un rescate».

Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores, fue especialmente categórico en sus afirmaciones a raíz de aquella cumbre. «El Gobierno español no paga rescates», sentenció. Y prosiguió asegurando que «esa posición es clara y firme». Igualmente, señalaba «la determinación y compromiso» de que ese secuestro se iba a resolver «respetando los compromisos internacionales de lucha contra el terrorismo internacional».

A pesar de estas afirmaciones que hizo el Gobierno español, fuentes argelinas comentan que España no mantuvo su palabra y hubo pagos a los terroristas. Y añaden: “Este tipo de pagos puede servir para rescatar a dos personas, pero también -y a corto plazo- servirá para acabar con la vida de decenas si no centenares de ciudadanos argelinos y de otros países”.

Aunque oficialmente no trasciende ni trascenderá, según desvela el diario La Vanguardia, las relaciones policiales y de Inteligencia entre Argelia y España, imprescindibles para las investigaciones acerca del terrorismo de Al Qaeda, pasan por un momento crítico. Argelia, que sufre constantes ataques terroristas, está indignada por la liberación, en agosto pasado y tras las presiones españolas a Mauritania, de Omar Sid Ahmed Uld Hamma, conocido como Omar el Saharaui, secuestrador material de los tres cooperantes españoles, que es miembro de Al Qaeda y condenado por el secuestro de Roque Pascual, Albert Vilalta y Alicia Gámez.

Fuentes españolas reconocieron a este periódico que sus homólogos argelinos están muy molestos con el modo de proceder de España, ya que en todo momento Argelia estuvo en contra de que el Estado español pagara un rescate millonario por los cooperantes y mucho más que mediara para que un terrorista condenado por un tribunal fuera moneda de cambio. Para Argelia el dinero pagado ha ido a engrosar las arcas y el arsenal de los terroristas. Los servicios secretos argelinos ya han transmitido oficialmente al CNI su irritación por la actuación española.

Aunque las distintas fuentes no se ponen de acuerdo en la cantidad exacta, España habría pagado a los terroristas de Al Qaeda entre 4 y 10 millones de euros. Todo esto, ha provocado el malestar de algunos medios árabes y africanos que consideran que la financiación de los terroristas no es la solución para acabar con el terrorismo.

El desencuentro por la actuación española se produce en un momento delicado en las relaciones energéticas con el país árabe. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, pretende ahora que Argelia se olvidara de este asunto y tiene previsto, según El Mundo, desplazarse la próxima semana a Argel para hablar posiblemente de éste y otros asuntos como el gas.

N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de .mundoarabe.

El próximo domingo 19 de septiembre se celebrarán las elecciones generales en Suecia, y en caso de que Mona Sahlin, la candidata social demócrata ganara, Suecia sería el primer Estado de la Unión Europea en reconocer la RASD, abriendo un histórico y determinante precedente para futuras adhesiones en la cámara de Bruselas, añade Aranzadi.

“Conociendo las sintonías que existen entre los diferentes países escandinavos, sería posible que varios de ellos, incluyendo por ejemplo a Noruega, miembro de la OTAN y aliado social de la causa saharaui, contribuyesen a crear un efecto dominó que, cuanto menos, ponga de una vez por todas en la arena internacional la anacrónica ocupación del Sáhara ejecutada por Marruecos y amparada por Francia, España y Estados Unidos”, explica.

El PSD es el mayor partido político de Suecia y a pesar de los cambios ideológicos acaecidos en sus filas tras el asesinato de su histórico líder, Olof Palme, sigue contando con una larga tradición de apoyo a pueblos que luchan por su soberanía y democracia.

N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de Mundo Negro.

Después de muchos vaivenes al respecto, el gobierno ha tomado posiciones frente a las demandas de los sectores “autonomistas” radicales, los que, desde posiciones indigenistas y oligárquicas del oriente del país, pretendían reducir al mínimo el rol del Estado con los argumentos de ampliar las competencias, los recursos y el poder a favor de las autonomías departamentales e indígenas.

Morales, a tiempo de promulgar la Ley en julio último, manifestó que la Asamblea Plurinacional cumplió la tarea de aprobar las cinco leyes fundamentales de la flamante estructura del Estado: del Órgano Judicial, del Órgano Electoral, del Tribunal Constitucional, del Régimen Electoral y de Autonomías, “cumpliendo el mandato del pueblo boliviano y dando los pasos legales para asegurar la transformación de las instituciones centrales”.

Las regiones orientales y sureñas de Bolivia, con una fuerte presencia de burguesías y oligarquías locales vinculadas a los capitales agrícolas y petroleros, reivindicaron las autonomías con el objetivo, primero de denunciar el “poder centralizado en La Paz” y después, con el ascenso popular, intentar debilitar la emergencia de los movimientos populares que destruyeron el poder de los partidos neoliberales. Inclusive las transnacionales petroleras financiaron los movimientos “autonomistas”.

Durante el año 2008, los Prefectos (Gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, junto a Comités Cívicos y organizaciones empresariales, llevaron adelante una campaña de desestabilización del gobierno que alcanzó altos niveles de enfrentamiento, incluyendo la imposibilidad de que el Presidente Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera visiten estas regiones.

Esto obligó al gobierno a realizar una movilización de las organizaciones sociales que cercaron la ciudad de Santa Cruz y derrotaron a los sectores “separatistas”, al mismo tiempo las Fuerzas Armadas ocupaban militarmente el departamento de Pando, frontera norte con Brasil. Esta situación culminó con el triunfo del gobierno, el debilitamiento político de los grupos oligárquicos, que habían organizado grupos paramilitares apoyados por mercenarios europeos, la expulsión del Embajador de Estados Unidos, Philip Golberg por apoyar la sedición y la posterior prisión de Leopoldo Fernández.

Después de la aprobación de la nueva Constitución (2009) y la reelección de Evo Morales por un segundo periodo (2010-2015), el tema de las autonomías volvió al escenario político boliviano durante este año. Ante las expectativas de algunas comunidades indígenas, pueblos originarios y regiones y el interés de los reelegidos gobernadores de Beni (Ernesto Suárez), Tarija (Mario Cossio) y Santa Cruz (Rubén Costas) y parlamentarios opositores, se produjo una ofensiva social y regional.

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que cuenta con parlamentarios elegidos por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y fue parte fundamental del apoyo social a Evo Morales, inició una “marcha por los derechos indígenas” desde Trinidad, en la zona amazónica, hasta La Paz, sede de gobierno, rechazando la Ley de Autonomías.

La CIDOB estableció que la Ley de Autonomías no reconocía sus derechos a tierra y territorio, a contar con recursos suficientes para administrar su autonomía y formar sus gobiernos propios y a ser consultados en relación a concesiones de recursos naturales como minerales, petróleo y forestales. Su principal dirigente, el diputado Adolfo Chavez, manifestó que el gobierno está incumpliendo la Constitución Política del Estado en lo que corresponde a los derechos indígena originario campesinos.

Esta situación  fue aprovechada por la oposición parlamentaria y regional. La “caja de Pandora” fue preparada por las oligarquías tradicionales locales, apoyada por los políticos conservadores, las empresas transnacionales interesadas en recursos estratégicos y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) conservacionistas que tienen un doble objetivo: controlar los recursos naturales estratégicos como el gas, el litio, el hierro y la biodiversidad y debilitar el frágil Estado Nacional.

El gobierno avanzó en la aprobación de la Ley Marco de Autonomías con cuatro niveles de gobiernos autonómicos: el departamental, el municipal, el regional y el indígena, el mantenimiento de las competencias fundamentales en el gobierno central y del sistema fiscal e impositivo que distribuye los recursos económicos, obligando, asimismo, que los Estatutos Autonómicos que pretenden ejecutar las Gobernaciones, sean reformuladas por las Asambleas Departamentales, sometidas al control del Tribunal Constitucional y posteriormente a un referendo popular.

Paralelamente, el gobierno creó una poderosa entidad multisectorial destinada a impulsar el desarrollo de las macroregiones y de las zonas fronterizas, entendidas estas como polos de desarrollo geográfico en función de la integración nacional, el uso de los recursos naturales estratégicos y el movimiento poblacional en territorios con baja densidad demográfica, en las fronteras con Brasil, Chile, Argentina y en el centro del país.

Esta entidad multiministerial parece estar enmarcada en una propuesta de fortalecer el Estado Nacional con la elaboración y ejecución de proyectos de envergadura relacionados a la integración vial, la industrialización de recursos naturales y el control soberano de regiones que no han estado vinculadas a los centros urbanos y políticos  tradicionales.