Diego Camacho (19/6/2010)
La resolución 1920 del Consejo de Seguridad aprobada el 30 de abril, viene a certificar la consolidación del estatus quo existente en el Sáhara. Supone una victoria momentánea para Marruecos pero también marca la debilidad argumental de Francia, artífice de su redacción, al omitir de la misma cualquier referencia a los Derechos Humanos y a los recursos naturales, que son las cuestiones de fondo. Más si se tiene en cuenta que Marruecos había alegado el mismo día de la resolución «que tenía motivos extremadamente serios para oponerse a que los DDHH en el Sáhara se sometieran a escrutinio internacional».
En lo referente a los recursos naturales, el Sáhara esta considerado por la ONU como un territorio no autónomo y por ello tiene una consideración distinta de la del territorio que lo administra, hasta que el pueblo haya ejercido su derecho de autodeterminación. Marruecos no puede suscribir tratados con terceros para la explotación de unos recursos que no le pertenecen.
Es extravagante que el Secretario General se haga eco de las numerosas violaciones a los DDHH que se producen en el Sáhara y sea la MINURSO la única misión de Naciones Unidas que no tenga asignadas competencias en materia de derechos humanos.
La propuesta marroquí de conceder al Sáhara una autonomía no mereció la atención de los miembros del Consejo de Seguridad, la resolución evitó así caer en una solución-trampa, pues sería admitir que el rey de Marruecos puede ceder algo que no le pertenece. La soberanía pertenece a los saharauis, que son los únicos que pueden decidir sobre su futuro. Por otro lado, esa opción iría contra la propia esencia del sultanato, régimen despótico y teocrático, pues conllevaría su debilitamiento. Para que fuera posible una autonomía en Marruecos antes habría que cambiar toda la superestructura del Estado alauí.
Para el gobierno español, la resolución 1920 le abre la posibilidad de reorientar un asunto del que se había desentendido desde 1975 y que ha originado un gran desprestigio. Lo que entonces tenía una cierta explicación, hoy es impresentable desde cualquier punto de vista.
Los documentos desclasificados por Washington han permitido conocer que en la apropiación del Sáhara por Marruecos, existe un factor determinante: el interés estratégico de los EE. UU. En aquellos tiempos, surgen variables capaces de modificar el equilibrio regional y que son: la revolución de los claveles en Portugal, abre una interrogante sobre la operatividad futura de la base de las Azores por la ideología comunista de alguno de sus promotores; la enfermedad Franco acentúa el riesgo de inestabilidad en la península ibérica y el control en profundidad del estrecho de Gibraltar por el eje Azores-Rota; impedir que Argelia, aliada de la URSS, alcance la costa atlántica y logre la hegemonía en el Mahgreb; y finalmente evitar que el bloque oriental pueda acceder a los recursos estratégicos, petróleo y fosfatos, que posee el territorio.
Estos cuatro factores serán orientados adecuadamente por el director adjunto de la CIA, Vernon Walters, en una dirección: la estabilidad del mediterráneo occidental y la libertad de movimientos de la VI Flota, esencial para el apoyo a Israel, pasan por reforzar a Marruecos económica y militarmente con la colaboración de Francia, para así lograr que el control inmediato de la costa atlántica del norte de África pertenezca al reino alauí por si la hipótesis más peligrosa: la inestabilidad de España, Portugal o ambas, terminara por hacerse realidad.
La «marcha verde» se organiza con dinero kuwaití por agentes de la CIA una vez que la Casa Blanca obtiene la colaboración de Francia. España no representa problemas ya que Franco está moribundo y aunque en uno de sus momentos de lucidez llega a ordenar la declaración de guerra a Marruecos, al poco vuelve a entrar en crisis y Arias Navarro, con la colaboración de Carro y Solís, se apresta a seguir las instrucciones del amigo americano para abandonar el Sáhara. Previamente, Cortina Mauri, MAE, había sido apartado oportunamente de este asunto y sustituido en la gestión del mismo por Solís Ruiz, que además de ministro en el último gobierno de la dictadura llevaba los intereses económicos de Hasan II en España.
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uan Carlos, como Jefe de Estado interino, no representa precisamente un papel airoso. En su viaje relámpago al Aaiún convence con facilidad a los mandos militares de la firmeza del gobierno y de la necesidad de mantenerse firmes, mientras negociaba con Hassan II, con los buenos oficios de Vernon Walters, la retirada de las tropas españolas y la anexión de la antigua provincia española al reino marroquí.
Por el tratado de Madrid, España cede la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Este tratado permite dejar abierta la ventana del referéndum, salvar la cara a España y a la ONU. La primera por su acatamiento a las resoluciones descolonizadoras del Consejo de Seguridad, aunque conlleve desentenderse de los saharauis y entregárselos a Marruecos, y la segunda al permitirla preservar sobre el papel uno de los principios de la Carta de San Francisco: el derecho inalienable de los pueblos a elegir su destino.
La estrategia diseñada por Kissinger no dio los resultados previstos: la hegemonía marroquí en el Magreb no se ha producido; la guerra del Sáhara ha supuesto una losa para el desarrollo de Marruecos que se ha visto impotente para controlar todo el territorio y como sus políticas de colonización e integración se convertían simplemente en represión y tortura para aquellos que no aceptaban el sometimiento al sultán.
Las causas objetivas que permitieron «la marcha verde» han desaparecido: la hipótesis más peligrosa que contemplaba la inestabilidad de la Península Ibérica no ha tenido lugar; el fin de la guerra fría deja sin sentido estratégico beneficiar a un país del norte de África en detrimento de otro, en lugar de buscar el equilibrio regional por la vía del entendimiento y el libre acceso a las materias primas existentes; hoy la hipótesis más peligrosa en esta zona reside en el auge y fortalecimiento del fundamentalismo islámico y, este no aparece por generación espontánea sino por el fracaso de las políticas de modernización.
Si la política auspiciada por los EE. UU., se basaba en la defensa de sus intereses en el Mediterráneo, la de España era el resultado de la cobardía de una clase dirigente durante los últimos estertores de la dictadura. Los implicados obtuvieron el pago generoso a su colaboración en forma de dinero, de poder o de ambas cosas a la vez. A costa, claro está, del prestigio internacional de nuestra nación y de lo que es mucho más importante de la vida de varios miles de nómadas. Aunque la clase política emergente no era mejor. A pesar de la postura inicial del PSOE favorable al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, la diplomacia española se ha ido convirtiendo en una sucursal de París.
Los efectos negativos de la guerra sobre Marruecos comienzan a visualizarse en el ámbito internacional. El año pasado, el embajador saliente de los EE. UU. en Argel declaraba que «la administración norteamericana no tenía intención de presionar al Frente Polisario para que acepte la proposición de autonomía… EE. UU. desea una solución pragmática bajo los auspicios de la ONU… los EE. UU. han acogido favorablemente las ideas contenidas en la proposición saharaui».
La petición realizada por numerosos parlamentarios europeos, en la Asamblea francesa, para que Francia respete el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en vísperas de asumir este país la presidencia de la UE. Muestran que cada día que pasa se hace más insostenible defender la aspiración marroquí sobre el territorio, por su violación sistemática de los Derechos Humanos. Es evidente, que la colaboración francesa se producirá en el momento que el pragmatismo norteamericano tome carta de naturaleza efectiva y no sólo declarativa.
L
a Moncloa debería acelerar esa adopción de realismo político por parte de la Casa Blanca, en su condición de antigua metrópoli, en lugar de apuntalar opciones sin futuro político, mientras siga vivo el espíritu de resistencia saharaui, que sólo nos conducen a la debilidad y al desprestigio y convierten a nuestro gobierno en cómplice de la violación de los DDHH. Existe la certeza, al igual que en 1976 cuando se organizó la marcha verde, de graves responsabilidades en las altas instancias del Estado. Personas que actúan en beneficio de una potencia extranjera y en contra de los intereses nacionales. La diferencia es que hoy carecen de argumentos razonables, solo la dinámica de la corrupción.
N. de la R.
Diego Camacho López-Escobar, es Coronel de Infantería.