España
espacioseuropeos.com (27/7/2010)
Las continúas fricciones entre la Guardia Civil y miembros de la Royal Navy y la policía gibraltareña, han conducido a que la Benemérita deje de patrullar las aguas españolas que rodean Gibraltar, medida que adoptó el Gobierno de España ante las presiones del Reino Unido. Con este motivo, la pasada semana, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclamó, a través de una nota de prensa, que los Gobiernos de «España y Reino Unido firmen un protocolo de actuación que fije unas directrices claras para los guardias civiles que operan en aguas de Gibraltar».
En el comunicado, la AUGV recuerda que Gibraltar es «una de las zonas más calientes» de Europa en lo que se refiere a tráfico de drogas, inmigración ilegal e incluso entrada de terrorismo islamista, sin excluir el amparo que ofrece la legislación gibraltareña para el blanqueo de capitales.
Lo que pretende la AUGC es que los guardias civiles trabajen en «condiciones idóneas» y en evitar que sufran una sensación de «nerviosismo» al «no saber a qué atenerse».
Hasta ahora, ha habido una buena relación entre las fuerzas militares y policiales de la zona, pero de un tiempo a esta parte, esa cooperación ha dejado de existir, razón por la cual la AUGC pide unas instrucciones «claras y precisas».
La AUGC es partidaria de que no existan barreras a la acción policial de prevención y persecución del delito, así se podrá prestar «un buen servicio a los ciudadanos gibraltareños y españoles porque de lo contrario ganarían los delincuentes», según recogía la agencia de noticias Europa Press.
El último incidente, al menos del que tengamos noticias, fue que la Guardia Civil recibió órdenes -al parecer verbales- de que no se vigile la zona de Gibraltar, a pesar de que esas aguas pertenecen a España. La orden verbal se refería, asimismo, a que la Guardia Civil debe retirarse a unos tres kilómetros del Peñón de Gibraltar.
Las quejas del gobierno gibraltareño y, por supuesto, del Reino Unido, han dado sus resultados. Los últimos incidentes entre patrulleras de la Guardia Civil y policías gibraltareños y militares ingleses, han sido el detonante para que el gobierno británico exija y consiga que el Gobierno de España ceda a sus pretensiones de que la Guardia Civil deje de vigilar las aguas territoriales españolas. Sin duda, estas medidas son una consecuencia de los acuerdos que Moratinos, por orden de Zapatero, llevó a cabo con Londres.