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spacioseuropeos.com (11/12/2008)
Dentro de la campaña que AI está llevando a cabo para movilizar a instituciones y ciudadanos, en torno al 10 de diciembre de 2008, Día Internacional de los Derechos Humanos y 60º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) por la Asamblea General de la ONU, ha denunciado que en España «también se vulneran los derechos humanos y ha advertido al Gobierno de que el P
lan Nacional de Derechos Humanos que quiere aprobar esta semana debe ser mejorado» si quiere ser coherente con el propósito que persigue.
Tras reconocer que en seis décadas ha habido logros importantes, Amnistía Internacional relata algunos de los fracasos en el ámbito de los derechos humanos. En concreto, referido a España, estima que «se han producido sustanciales progresos en el campo de los derechos humanos durante los últimos 60 años«. No obstante, menciona que el Gobierno español tiene «asignaturas pendientes», tales como «no subordinar la agenda de derechos humanos a intereses comerciales y/o políticos en sus relaciones bilaterales con otros países, especialmente con Colombia, Cuba, Marruecos y Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial, Rusia, China, Israel y Territorios Ocupados y Estados Unidos, países con un oscuro historial en materia de derechos humanos, y con los que España mantiene una estrecha relación».
Sin duda alguna, la política que el Gobierno español mantiene con Guinea Ecuatorial y Marruecos, ha provocado que tanto el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y Mohamed VI, rey de Marruecos, tengan el apoyo del Ejecutivo español en sus respectivos contenciosos.
El apoyo decidido de España a la propuesta marroquí acerca del contencioso con el pueblo saharaui es un claro ejemplo, a pesar de que el Gobierno de Zapatero trate de ocultarlo con maniobras mediáticas.
Por lo que se refiere a Guinea Ecuatorial
, el persistente y obstinado respaldo al dictador Obiang es, asimismo, una decidida apuesta del Ejecutivo español, que no duda incluso en enviar delegaciones parlamentarias a Malabo con el único fin de diluir esa responsabilidad entre otras instituciones.
En ambos asuntos, el gobierno socialista español cuenta con el apoyo decidido y cómplice del Partido Popular.