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espacioseuropeos.com (13/12/2011)
La Asociación para el Progreso de los Pueblos de África (APPA) ha realizado un profundo estudio, elaborado por la socióloga María Suárez, relativo a las empresas españolas que actualmente pescan en aguas del Sáhara Occidental. En el informe, realizado durante el verano de 2011 en España, se recogen los resultados de una investigación realizada en «fuentes abiertas de información y en visitas a establecimientos de venta de pescado y productos del mar en España».

La feria CONXEMAR 2011, que se celebró en el mes de octubre en Vigo (Galicia), donde se dieron cita las principales empresas pesqueras españolas, fue uno de los puntos donde se centró la investigación de APPA. «Se pudo constatar que la importación de pescado desde Marruecos está muy extendida entre empresas españolas», recoge uno de los párrafos de ese estudio.

En el informe se apunta a que los resultados de la investigación «evidencian que existe un entramado muy extenso entre las empresas del sector pesquero español y las empresas marroquíes que explotan los recursos marinos del Sáhara». Asimismo, en el «complicado entramado empresarial se ha podido constatar que son gran mayoría las sociedades que ocultan o al menos intentan disimular la procedencia saharaui del producto que venden».

Desde que se firmó el primero de los acuerdos de pesca entre la Unión  Europea y-Marruecos, la Unión Europea ha «incurrido en una práctica que, según los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, y las resoluciones e informes legales de las Naciones Unidas, no se ajusta a la legalidad internacional», se afirma en el estudio de APPA.

De acuerdo con las reglas del comercio  internacional, que no exigen ningún  certificado del origen real o caladero de las capturas -afirma María Suárez-,  simplemente aceptan  poner «país de origen: Marruecos» sin  especificar que la especie comercializada es del Sáhara Occidental.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO (Food and Agriculture Organization) «se ha revelado como uno de los agentes responsables de la confusión existente sobre el origen del pescado del Sáhara Occidental (…)  el consumidor no sabe realmente de qué caladero viene el pescado pues la zona FAO 34 ocupa una enorme extensión del Atlántico-Centro-Este y va desde Tánger hasta Guinea Ecuatorial».

Así, de este modo, e esconde la procedencia del producto que se comercializa, y «el consumidor no tiene la certeza de que lo que está comprando sea del Sáhara Occidental, a no ser que el fabricante lo haga constar en su etiquetado como «caladero sahariano», circunstancia que se ha detectado muy poco frecuente y solo en los folletos publicitarios de la empresa en general, pero no en el producto envasado o a granel».

El Informe detalla países, zonas de pesca, tipo de pescado, empresas comercializadoras, etc., evidenciando que una parte muy importante de las actividades de empresas que faenan en el Sáhara Occidental lo hacen de forma ilegítima, ya que esas aguas pertenecen al pueblo saharaui, que reclama la autodeterminación de su territorio cuya resolución está todavía pendiente, según la ONU.

En el mencionado informe se alude a la «responsabilidad»  que tienen las empresas que pescan y comercializan el pescado procedente de aguas saharauis, «en el mantenimiento de la ocupación militar y colonial de Marruecos en el Sáhara Occidental. Si estas empresas no mantuvieran los negocios con empresas marroquíes, no presionarían desde «lobbies» a los políticos europeos para mantener esta situación».

El estudio finaliza exigiendo a los «políticos europeos y sobre todo de los españoles, que en sus decisiones y actos sitúen la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea por encima de los intereses privados de unas cuantas empresas que para cumplir con la legalidad internacional deberían obtener la mercancía para sus negocios en otros mercados internacionales y no en el marroquí».

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