España
espacioseuropeos.com (7/3/2009)
Hoy se ha sabido que un cargo del ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, recibió 660.000 euros 15 días después de adjudicar una «obra faraónica» en el ayuntamiento. La obra, el «Parque del Deporte y la Salud», estaba presupuestada en unos 30 millones de euros, y la empresa a la que se adjudicó fue «Hispánica», de la red de Correa, según menciona la Cadena SER, haciéndose eco del sumario.
La dimisión de los alcaldes del Partido Popular de las localidades de Arganda y y de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Ginés López, y Jesús Sepúlveda, respectivamente, no van a ser las últimas en esta etapa tan aciaga para Génova 13. Los dos alcaldes están implicados en el caso «Cürtel», cuyo auto ha sido elaborado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garz
ón. Asimismo, el concejal del mismo partido en la localidad de Estepona (Málaga), parece ser que también dimitirá.
Ayer, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, manifestó que las personas imputadas en los autos del juez Garzón, afiliados al PP, han solicitado la «baja cautelar de militancia». Que sepamos, de momento, han sido los alcaldes de Arganda, Ginés López, y de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, los únicos que en las últimas horas lo han hecho.
Cospedal reiteró que esa suspensión de militancia ha sido solicitada por los aludidos, y en ningún caso a petición del Partido Popular. Lo han hecho -según Gospedal– por «no dañar al partido y de ejercer en mejores condiciones su derecho a la defensa».
Por otro lado, Garzón se ha inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que ha encontrado indicios contra los diputados regionales del mismo partido, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
Hasta ahora, la «operación Gürtel» ha dejado 37 imputados, 3 de ellos en prisión, y el resto en libertad. Tres alcaldes del PP, un concejal, un consejero de la Comunidad de Madrid, dos cargos de confianza y un director de Ayuntamiento están imputados por el juez de la Audiencia Nacional; todos ellos se han visto obligados a dimitir.
Los cargos que han dimitido son: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte (Madrid); Jesús Sepúlveda, alcalde Pozuelo de Alarcón; Ginés López, alcalde de Arganda del Rey; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda; Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Tomás Martín Morales, director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la V
ivienda (EMSV).
En prisión se encuentran, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antonio Sánchez, acusados de delitos de «blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho». Por otro lado, ha quedado en libertad Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa «Orange Market», que organizó actos para el PP.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cesó a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa, imputado por Garzón en la misma trama. Situación similar ha vivido el director de la empresa municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente.
Seis personas, todas relacionadas con el PP, están imputadas por Garzón. Son, Francisco Camps (presidente de la Comunidad de Valencia); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte); Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey).
Ante este cúmulo de hechos, el PP ha anunciado que suspende de militancia a todos aquellos afiliados imputados por el juez Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid, hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
No estaría de más, que la Justicia tirara del llamado «informe Naseiro«, que en la etapa de Manuel Fraga como presidente de AP, elaboró Rosendo Naseiro, que ocupó la Tesorería Nacional, aunque por poco tiempo. Tampoco vendría mal -como higiene democrática- que se revisara la etapa en la que Antonio Hernández Mancha y Arturo García Tizón, ocupaban, respectivamente, la Presidencia y Secretaría General del PP.