espacioseuropeos.com (23/6/2008)
En el salón de actos del Ateneo de Madrid, un grupo de intelectuales, han hecho público hoy «El Manifiesto por una lengua común». El Manifiesto reivindica la importancia del castellano como lengua común «para el juego político de la democracia y su posición asimétrica respecto al resto de lenguas oficiales españolas», de alcance circunscrito a las autonomías bilingües, según se expuso en su presentación.
Entre los intelectuales que han firmado este manifiesto destacan Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Carmen Iglesias, Álvaro Pombo, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Sosa Wagner, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, José Antonio Marina, Alberto González Troyano, José Luis Pardo, Ramón Rodríguez, José María Ruiz Soroa y Carlos Martínez Gorriarán, entre otros, muchos de ellos cercanos a UPyD, partido político que lidera Rosa Díez.
Para los firmantes de este manifiesto, el castellano es «la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política»:
El papel del castellano se configura «como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación».
Savater ha pedido cambiar la Constitución para «garantizar el uso del castellano«. Por su parte, la historiadora Carmen Iglesias aseguró que «no estamos preocupados por el castellano, que hablan 450 millones de ciudadanos, sino porque se están conculcando derechos».
Algunas de las premisas de este Manifiesto son, que Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
Por otro lado, son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).
Una iniciativa que sin duda va a dar mucho que hablar, sobre todo por las críticas que, desde los gobiernos autónomos, comenzarán a arreciar. Una oportunidad perdida para el Partido Popular, enfrascado en sus Fricciones entre facciones.