España, 20-09-2017

Guinea Ecuatorial

¡Que pena, Monseñor Juan Matogo Oyana! El Obispo de Bata parece estar atacado del mal de Alzehimer o pertenece al “clan de Mongomo”

Mi Columna
juan-matogo-obispo-de-bataEugenio Pordomingo (10/10/2005)
Había oído muchos dimes y diretes acerca de los “hombres de la Iglesia”, los sacerdotes, los curas, de Guinea Ecuatorial. Me habían contado “bondades” de los misioneros, de la labor de algunas congregaciones en el terreno de la salud, de la formación laboral, y de sus dificultades para moverse en aquellas procelosas aguas de Guinea Ecuatorial. Me habían hablado, también, de otras muchas cosas…

Y me habían comentado acerca de los sacerdotes nativos, de esos curas que continúan en Guinea Ecuatorial, y de otros, que siguiendo su labor evangelizadora se tuvieron que marchar del país. Me habían hablado,



Bernardino León, Secretario de Estado del ministerio de Asuntos Exteriores, denunciado por inductor

Guinea Ecuatorial
Baltasar Pérez (22/7/2005)bernardino-leon
En relación con la lista de “objetivos a eliminar”, elaborada, supuestamente, por encargo de Teodoro Obiang Nguema.

El pasado 20 de julio, Benjamín Moreno Silva, ciudadano español, ha denunciado en los Juzgados de Guardia de Plaza de Castilla (Madrid) a  Bernardino León, Secretario de Estado del ministerio de Asuntos Exteriores. El motivo de esta denuncia se debe a que el Secretario de Estado “ha actuado de inductor en relación con los objetivos mencionados en la supuesta lista de personas a eliminar”.

Esta supuesta “lista”, se refiere a una relación de personas, ecuatoguineanos y españoles, que, supuestamente, el régimen imperante en Guinea Ecuatorial ha encargado para su ejecución a unos “sicarios”.



Mientras España “regala” dinero a Obiang Nguema, Marruecos está iniciando varios proyectos industriales en Guinea Ecuatorial  

guinea-ecuatorialGuinea Ecuatorial
Baltasar Pérez (16/7/2005)
Marruecos está comenzando varios proyectos en Guinea Ecuatorial por un valor superior a los 90 millones de Euros. Entre estos proyectos destaca la construcción de un nuevo puerto en Malabo, así como la puesta en práctica de un programa de viviendas sociales. El primer ministro marroquí, Dris Yetú, así lo anunció en la entrevista que mantuvo con su homólogo de Guinea Ecuatorial, Miguel Abia Biteo Boricó.

La visita oficial de la delegación ecuatoguineana, que se produjo el



Manuel Tomo Mayo se recupera, mientras los ocho guineanos detenidos han sido puestos en libertad

Guinea Ecuatorial
espacioseuropeos.com (25/6/2005)
Manuel Tomo Mangue
, se recupera satisfactoriamente de las graves heridas de arma blanca que recibió de unos supuestos “sicarios”. El jueves día 30 fue dado de alta en el Hospital Fundación de Alcorcón.

Por otro lado, esta redacción se ha puesto en contacto con algunos de los guineanos que fueron detenidos en los incidentes acaecidos ante la sede de la embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid. Según nos manifiesta uno de ellos, “el trato que hemos recibido por parte de la Policía Nacional y en el Juzgado ha sido muy correcto. Yo diría que hasta comprensivo con lo que ha ocurrido”. Ahora, tras la comparecencia en el Juzgado, habrá que esperar a que la autoridad judicial dictamine.

Nuevas informaciones que han llegado a nuestra redacción, apuntan a que “personas de la propia embajada debieron ser las que arrojaron desde las ventanas de la sede, cristales y algunas otras cosas, pues allí ya no quedaba nadie nuestro”. Esta información se puede unir a la que nos aporta la llamada telefónica que, desde la propia embajada, se hizo a los Bomberos. Cuando las tres dotaciones que llegaron se encontraron que se les había “llamado para nada”, pues no había ni fuego que apagar ni ninguna situación que “nosotros tengamos que resolver”.

Este último suceso, unido a la manifestación del día 12 de marzo ante el Ministerio de Exteriores y la Embajada de Guinea, marcan una evolución en la protesta de la oposición guineana en Madrid. Como nos confirma uno de los líderes del FDR (Frente Demócrata Republicano), “ahora veremos si los del PDGE (partido de Obiang) se atreven a amenazarnos, hacer fiestas y presumir en Móstoles, Alcorcón o Torrejón, por poner un ejemplo, de que ellos mandan aquí, en España, igual que en Malabo. Que se anden con mucho cuidado, a partir de ahora, no vamos a permitir que nos maten allí ni aquí”.



¿Quién protege en España a Teodoro Obiang?

Guinea Ecuatorial
espacioseuropeos.com (15/4/2005)
Tras la presentación de “recurso contencioso-administrativo”, interpuesto por el súbdito ecuatoguineano Celestino Okenve Nsué y un grupo de españoles, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el 12 de julio de 2002,  pidiendo “amparo Judicial -entre otras cosas- por la inactividad Administrativa del Gobierno español”, los firmantes  de ese recurso se dirigieron al embajador de la República de Guinea Ecuatorial en España.

En la embajada de Guinea en Madrid, no les quisieron recepcionar el mencionado escrito, razón por la cual lo tuvieron que entregar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que a su vez lo remitió a la embajada.

Pues bien, con fecha 3 de septiembre de 2002, AA.EE. de España registraba el mencionado documento dirigido al embajador ecuatoguineano. A esta carta le acompañaba otra, dirigida al Presidente de la República. Este documento de nueve hojas, está firmado por el abogado madrileño Víctor Hortal Fernández en nombre propio y en representación de Celestino Okenve Nsué, Victoria Benado de Orellana, Elena Gómez de Aldecoa, Clara López de Letona, Virgilia Aguirre, Giuseppe Lulli, Jacobo Echevarría, Juan Carmelo García, y de las asociaciones siguientes: Federación de Asociaciones de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad, Instituto de Estudios para América Latina y África y Asociación Pro Derechos Humanos de Guinea Ecuatorial.

Una denuncia sin respuesta
En el ministerio de AA.EE., que dirigía en esas fechas Ana de Palacios tuvieron conocimiento de la misiva dirigida al Presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Como es preceptivo la tramitaron ante la embajada de Guinea en Madrid. Sin duda alguna, a pesar de ciertos comentarios que hubo al respecto, el embajador ecuatoguineano, la envió con presteza a Malabo.

La demanda interpuesta ante Obiang Nguema le insta “a que ordene el ejercicio de la acción penal que corresponda para denunciar y, en su caso, sancionar las conductas de ser calificadas como torturas y cuya autoría atribuimos a las siguientes personas…”. El escrito relaciona a diecinueve ecuatoguineanos, entre las que destacan Armengol Ondó Ngu (hermano del Presidente), Manuel Nguema Mbá (ministro de Interior), Diosdado Nguema EyÍ (Teniente Coronel del Ejército y Jefe Superior de Policía de Bata; muerto en extrañas circunstancias), Cayo Ondó Mbá (Comandante-Jefe de la Gendarmería Nacional), Antonio Obama Ndong (General del Ejército).

A todos ellos se les acusa en el escrito de “la aplicación sistemática de torturas a ciudadanos ecuatoguineanos con la intención de castigarles, al tiempo que intimidan y coaccionan a la población”. No obstante, la conducta más grave que les imputan es la violación del precepto recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con cada una de sus violaciones más individualizadas con cada una de sus víctimas.

El modo de comisión del delito -ataques sistemáticos y generalizados a la población civil por motivos políticos, religiosos  y étnicos hace “de la conducta mencionada un crimen de lesa humanidad”.

La denuncia ahonda en la posible prescripción de los delitos: “La fecha en que se hayan cometido es indiferente, y aún cuando esos actos declarados punibles por el derecho internacional no constituyan violación del derecho interno de Guinea Ecuatorial, son imprescriptibles respecto de la acción penal que los persiga y de la pena que los castigue”.

Otra consecuencia es la responsabilidad, tanto de la autoridad del Estado y de sus representantes como de los particulares, según las diversas formas de participación como autores o cómplices de dichos actos o de su incitación, conspiración o tolerancia: “El Estado, por su parte no puede tomar ninguna medida que menoscabe sus obligaciones internacionales de perseguir y prevenir tales hechos”. Ambas consecuencias derivan de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el 26 de noviembre de 1968 y el 2 de diciembre de 1973.

La relación de esas 19 personas a las cuales imputan en este escrito como autores reiterados de torturas y crímenes de “lesa humanidad no es enumeración exhaustiva de los componentes posibles de un elenco de torturadores guineoecuatorianos como es claro suponer, aunque si es suficiente para que el Poder Judicial de Guinea Ecuatorial inicie los procesos penales en que enjuicie las conductas denunciadas como función jurisdiccional o potestas del Estado que tiene esa obligación con la comunidad internacional en su conjunto cuya representación  asumimos los abajo firmantes junto con las organizaciones en nombre y representación de las cuales actuamos, por obvias razones de seguridad para las víctimas, supervivientes y los familiares de todas las víctimas supertites o no del delito de tortura denunciado”.

La apelación a la comunidad internacional para defender los derechos de los ciudadanos ecuatoguineanos, víctimas y familiares, se hace imprescindible. El escrito del abogado Víctor Hortal alude a esa comunidad: “Demandamos de V.E. el acceso adecuado a la justicia a la que esas personas tienen derecho, así como al resarcimiento equitativo proveniente de sus victimarios y del Estado, indemnización a cargo de éste, asistencia material, médica, psicológica y social necesarias y el apoyo de cualquier naturaleza que su recuperación requiera”.

Habeas Corpus
A la vista de los hechos denunciados, cabe preguntarse a qué ha sido debido tanto silencio por parte de las autoridades españolas y, desgraciadamente, también, de los medios de comunicación. No son pocos los que se preguntas qué intereses se ocultan en las relaciones entre España y Guinea para que esto suceda.

Pues bien, el mencionado escrito afirma, a este respecto, lo siguiente: “En torno a 150 personas detenidas o arrestadas por funcionarios y agentes del Estado de Guinea Ecuatorial, han desaparecido. Nada se sabe de ellas, pese al tiempo transcurrido (entre dos y cuatro meses) desde el acto de autoridad de su detención o arresto. Sustraer a esas personas de la protección de la Ley a la que tienen derecho es el primer efecto buscado por las autoridades, funcionarios o agentes que no rebelan la suerte o el paradero de los detenidos o arrestados. Con su forma de actuar, los representantes del poder público, persiguen la desprotección más absoluta de la persona a la que ya han privado de su libertad”. La desprotección es de tal guisa que llega hasta “el punto de no reconocer siquiera esa privación, además de los graves sufrimientos que causa a víctimas y familiares”.

Estos actos del poder público ecuatoguineano vulneran, a juicio de los firmantes de la carta dirigida a Obiang, “todos los preceptos del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente los previstos en los apartados 3 y 4, por el modo generalizado y sistemático con que lo están practicando representa un crimen de lesa humanidad. Así lo declara la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de diciembre de 1992”.

La Norma Internacional recién citada también dispone negar a los estados toda posibilidad de cometer, autorizar o tolerar las desapariciones forzadas, apremiándoles a prevenir y eliminar esa práctica abolida con medidas eficaces de diverso carácter, entre ellas, el proceso judicial: “La misma norma asegura la máxima protección a los detenidos, establece en uno de sus artículos mientras sus autores continúan ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se haya esclarecido los hechos…”.

Según el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, en la comisión de este tipo de delitos, significa que  “el nuevo órgano judicial es competente para juzgar toda situación de desaparición forzada sin aclarar ni cesar después del uno de julio fecha de su entrada en vigor”.

En nombre de la Comunidad Internacional y de acuerdo con resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas “ejercemos el derecho de comunicar a VE la existencia en Guinea Ecuatorial de no menos de 150 personas en situación de desaparecidas tras ser detenidas por representantes del Estado que usted preside y del que es primer Magistrado. Motivo por el cual le exhortamos, también en nombre de la Comunidad Internacional, a que inicie proceso judicial idóneo para la protección más efectiva de los derechos esenciales, y de las personas mismas, de las víctimas de las desapariciones forzadas que le acabamos de denunciar”.

Obligaciones contraídas
El escrito alude  a las obligaciones contraídas por el Estado de Guinea Ecuatorial al haber suscrito el acuerdo ACP (África, Caribe y Pacífico) firmado entre estos países y la Unión Europea.

A tal efecto, y en base a esos acuerdos, afirman: “Los signatarios, empero, anteponen la dignidad del hombre a la voluntad plena expresada con una declaración en la que reiteran su profundo compromiso en la dignidad humana…”.

Y algo que no le debió gustar al presidente Obiang Nguema: “En relación con los ilícitos descritos, el Estatuto de Tribunal Penal Internacional prevé como crímenes de la Humanidad cuyo enjuiciamiento es competencia de la jurisdicción, el encarcelamiento y cualquier forma de privación grave de libertad física o violación de normas fundamentales de derecho internacional, así como actos inhumanos de carácter similar a los anteriores y a los recogidos en otros nueve apartados entre los que se encuentran los referidos a la desaparición forzada de personas y a la forma y que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental”.

Tras solicitar que las denuncias expuestas sean investigadas, le reiteran que “entre los actos que han de ser investigados, no solo se consideren las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, también se incluyen, por supuesto, la muerte, la desaparición y cualquier violación”.

Y algo que atañe indirectamente a España: “La Comunidad Internacional ha sido testigo de la farsa representada por el Poder Judicial ecuatoguineano en el juicio celebrado en Malabo del 23 de mayo al 9 de junio, y de los diversos sucesos relacionados con él. De por sí el juicio resulta inaceptable por el desafuero que comporta contra los bienes más preciados de las personas, la dignidad y la libertad”.

Tras reiterar su apelación en nombre de la comunidad internacional al cumplimiento de las normas internacionales, se dirigen a Obiang  a fin de que adopte una serie de medidas, entre las que destacan:

Promover la nulidad de las sentencias y de las actuaciones del juicio de Malabo; libertad de los condenados y detenidos por los mismos hechos que, sin enjuiciar y sin procesar, continúan privados de libertad en lugares desconocidos; asistencia médica inmediata y adecuada; invitación a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre las torturas y sobre la independencia de magistrados y abogados para que supervisen in situ, con entrevistas personales las materias propias de su competencia fiscalizadora; sometimiento a proceso judicial de los torturadores y demás victimarios que hayan conculcado derechos esenciales de las víctimas; indemnización para las víctimas de torturas, enjuiciamientos y privación de libertad para personas que hayan sufrido pérdida o daño o lesión o que hayan estado en grave riesgo de sufrirlos por intervenir en auxilio de las víctimas; institución de una autoridad judicial cuyos miembros tengan jurisdicción plena sobre lugares y personas incluyendo las de carácter militar como la Gendarmería de Bata y sus mandos para el control judicial permanente y efectivo de las privaciones de libertad y sean competentes pata aceptar y resolver procesos de habeas corpus y para desarrollar y garantizar la administración de justicia de menores con el régimen tutelar adecuado.

Ni que decir tiene que, hasta el presente, nadie se ha dignado contestar a estos escritos. Sin embargo, nuestro país sigue cooperando con Guinea, contraviniendo los requisitos que tal cooperación exige. Sin obviar, la condonación de la mayor parte de la deuda que Guinea tiene con España, además de las reiteradas visitas de diplomáticos, sin excluir la del ministro de AA. EE. de España, Miguel Ángel Moratinos.



El Papa, Obiang y el pueblo de Guinea Ecuatorial

plaza-del-relojespacioseuropeos.com (8/4/2005)
La Iglesia Católica de Bata -la jerarquía-, vive desde hace algunos años una auténtica “luna de miel” con el Gobierno de Teodoro Obiang Nguema. No son pocos los que opinan que, aparte de intereses comunes, el Vaticano no quiere problemas en una zona donde las “otras” religiones están dando pasos agigantados en su expansión, especialmente las iglesias norteamericanas.

Pues bien, con este panorama a la vista, la Iglesia Católica de Guinea Ecuatorial y Obiang vieron la necesidad de



Elías Maho Sicacha, Ramón Nnar y Fernando Micó. Extrañas muertes sin resolver

La Reina Sofia saluda al doctor Maho Sicacha

La Reina Sofia saluda al doctor Maho Sicacha

Guinea Ecuatorial
espacioseuropeos.com (6/4/2005)
El 10 de agosto de 2004 moría en un extraño “atropello” en Malabo, mientras realizaba footing, el doctor Elías Maho Sicacha, Presidente de la Cruz Roja de Guinea Ecuatorial. Más tarde, el 12 de octubre de ese mismo año -fecha cargada de simbolismo-, fallecían Fernando Micó, en Malabo, y Ramón Nnar en Madrid. Los dos últimos de manera repentina y sin que hasta el presente se hayan hecho públicas las causas en ambos casos.

La muerte del periodista ecuatoguineano Ramón Nnar acaeció de forma repentina y casi fulminante, mientras se encontraba reunido con dos ecuatoguineanos, Pedro Nolasco y Andrés Moisés Mbá. Estaba haciendo una entrevista al político y opositor Moisés Mbá,



España guarda silencio: Muertes y Torturas en Guinea Ecuatorial

Teodoro Obiang Nguema, cuando era teniente

Teodoro Obiang Nguema, cuando era teniente

Guinea Ecuatorial/España
Espacios Europeos
(25/2/2005)
Por su interés, espacioseuropeos.com, se hace eco del Informe que, en enero de este año, ha difundido el Comité  Ejecutivo Nacional del Partido UNIÓN POPULAR de Guinea Ecuatorial. Y una vez más, lamentamos el “apagón informativo” que envuelve todo lo relacionado con la ex colonia española. Esta actitud es compartida por la mayor parte de los medios de comunicación y, evidentemente, por el Gobierno español y, en especial, por el ministerio de Asuntos Exteriores.

Informe del Comité Ejecutivo Nacional del Partido UNIÓN POPULAR de Guinea Ecuatorial

RESUMEN DE LA SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUINEA ECUATORIAL.-

ANTECEDENTES: UP, Partido Progrereso, Severo, Moto, Faustino, Ondó, Ebang,

Desde hace más de 36 años, la República de Guinea Ecuatorial se encuentra sometida a un continuado régimen dictatorial. Los primeros once de ellos conocidos como la era Macías y los últimos



Obiang ordena a sus esbirros “eliminar” pruebas en su contra: Secuestros a la carta

Obiang NguemaGuinea Ecuatorial
espacioseuropeos.com (18/2/2005)
Pedro Nsue Ela, notario de Malabo, Teniente Coronel del Ejército y miembro de la Seguridad Presidencial, junto a un grupo de personas intentaron asaltar el domicilio particular de Cándido Elá Eyang, exilado guineano, para raptarle y, supuestamente, conducirlo a Guinea. El grave incidente tuvo lugar el pasado 2 de febrero en la ciudad de Granada.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de este intento de secuestro a través de una llamada telefónica de la persona que intentaban



Guinea Ecuatorial bajo la “materia reservada” y el “apagón informativo”

guinea-ecuatorial-independenciaGuinea Ecuatorial/España
espacioseuropeos.com (18/2/2005)
El la etapa de Gobierno del General Francisco Franco, los enfrentamientos entre el Almirante Luis Carrero Blanco, Vicepresidente del Gobierno, y José María Castiella, ministro de AA.EE., provocaron un silencio  en todo lo que envolvía a Guinea Ecuatorial. Silencio que trataba de ocultar, entre otras cosas, los pingües negocios que hacían políticos,




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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826