Bolivia
Andrés Soliz Rada (9/2/2012)
Zacarías Cuellar, responsable de Infraestructura de la Asamblea del Pueblo Guaraní en Itika Guazú (APG IG), en carta a Teodoro Suruguay, alcalde del Municipio de Entre Ríos (enclavado en el departamento de Tarija y próximo a los mega campos de gas), le PROHIBE proporcionar información alguna sobre los habitantes de la región, así como asistir a cualquier reunión en la que podría discutirse elderecho propietario del pueblo indígena sobre su territorio. El periódico tarijeño ´El País´, informó el 03-02 pasado, que el Municipio de Entre Ríos, intenta desarrollar planes de vivienda, para lo cual trataba de conocer las necesidades habitacionales de los guaraníes.
Ese derecho propietario fue puesto de relieve por el Presidente de la APG – IG, Never Barrientos, al explicar que los convenios suscritos por su entidad con Repsol y la ONG Nizkor pasan por «la defensa de nuestros usos y costumbres y por hacer frente a los que pretenden usurpar nuestra tierra, nuestras masas forestales y, lo que es más grave, nuestras autoridades». (Carta del 23-03-11). Los acuerdos citados permanecen en reserva, pese a fomentar el etnicismo que debilita aún más la ínter subjetividad del pueblo boliviano. El convenio con Repsol estableció un Fondo de Inversión de 14.8 millones de dólares, administrado por el Banco do Brasil, y del que la APG IG se beneficia con el 10 %, es decir con 140.000 dólares mensuales.
La APG -IG fue representada en la negociación por Nizkor, entidad patrocinada por First Peoples Worldwide (FPW), la que se volvió parte del Centro Tides, uno de cuyos financiadores es la ´Open Society´ de George Soros. FPW es uno de los 28 miembros del ´Global Philantropy Comité del Council on Foundations, al igual que las fundaciones, Rockefeller, Ford y Bush. En nota distribuida desde EEUU, el 22-06-11, FPW advirtió, con inocultable satisfacción, que los indígenas tienen ahora derecho a veto sobre cualquier disposición legal que afecte a sus intereses.
Si no se permite establecer el número de habitantes de la región, ¿cómo se distribuirán los beneficios del Fondo de Inversión, además de otras conquistas ya conseguidas? El propio Barrientos destacó que los convenios con la petrolera y Nizkor «permitirán por primera vez tener una estrategia real y cierta con relación a la legalización de la explotación maderera en nuestra Tierra Comunitaria de Origen (TCO), con la asistencia técnica y jurídica necesaria QUE YA HEMOS CONCRETADO y que pondremos en desarrollo en los próximos cinco a diez años» (Carta de 23-03-11). A lo anterior se suman otras actividades rentables, como el turismo y la comercialización de cueros de lagarto.
La APG-IG ha garantizado no sólo su derecho propietario sobre sus tierras, sino también su derecho a veto sobre toda actividad económica en la zona. El convenio 169 de la OIT, de 1989, y la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, de 2007, preservan también los beneficios de la APG-IG.
El que los guaraníes de la APG IG mejoren su nivel de vida sólo puede alegrar al resto del país. Lo que preocupa, en cambio, es que alrededor de 3 millones de bolivianos (la población total de Bolivia llega a 10 millones), han emigrado a otros países, en busca de sustento.
La transformación del in constituido Estado nacional en Estado Plurinacional está terminando de atomizar al país. En este contexto, Nizkor, que no tiene personería jurídica en Bolivia, escribe y distribuye los comunicados de la APG IG. El Fondo de Inversión fue suscrito con desconocimiento del Estado, pese a que Repsol lo utiliza para entrabar la construcción de gasoductos internos e incrementar los volúmenes de exportación de gas.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) parece haber tomado conciencia del riesgo de desintegración que pesa sobre los Estados de la región, en caso de seguirse adoptando las políticas indigenistas y ecologistas (ambas están indisolublemente ligadas), de los centros de poder mundial. Por esta razón, resolvió participar de manera coordinada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20), a realizarse del 20 al 22 de junio próximos.
Para ese objetivo, se están realizando reuniones preparatorias de Ministros de Medio Ambiente que debatirán respuestas propias, que contemplen, al mismo tiempo, los aportes de culturas ancestrales a la formación de nuestras sociedades y la satisfacción de sus demandas. La falta de políticas endógenas permitió que las naciones industrializadas se apropien de las reivindicaciones del indigenismo y del ecologismo, a fin de preservar sus patrones de producción y consumo.