espacioseuropeos.com (28/4/2088)

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, integrada en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, ha arrancado su labor de control parlamentario al Gobierno registrando una batería de 30  preguntas para las que solicita respuesta por escrito. Una gran parte de esas preguntas se refieren al terrorismo.

Nada más empezar la legislatura, Rosa Díez había presentado una iniciativa legislativa sobre la reforma del sistema electoral actual, una de las promesas que contenía el programa electoral de UPyD. No obstante, ha sido el terrorismo el eje central de la actual serie de preguntas que Rosa Díez ha planteado al Gobierno.

Una de los temas por los que ha preguntado UPyD se refiere a conocer las cantidades «satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Ministerio de Interior para resarcir a los afectados por los últimos atentados cometidos por ETA». Asimismo, ha pedido al Gobierno que «especifique qué resultados se han derivado de la actuación de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, cuántas operaciones han sido bloqueadas y cuál es su cuantía», a la vez que ha solicitado información sobre las entidades que han sido investigadas por la de Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Por otro lado, Rosa Díez ha instado al Gobierno para que «detalle cuántos procesos relativos al bloqueo de la financiación del terrorismo de ETA y a otras organizaciones terroristas de carácter yihadista o islamista, se han iniciado, terminado o están en curso durante la pasada legislatura».

La diputada de UPyD ha realizado una pregunta para que el Gobierno aclare «si está conforme con que los once empleados del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) cobren el seguro por desempleo tras la suspensión de actividades partido». En relación con esta pregunta, Rosa Díez  aporta un dato desconocido para la mayoría de los españoles, y es que la Inspección de Trabajo de Guipúzcoa ha «emitido un informe recomendando la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) referido al PCTV, un informe, que de ser aceptado por la autoridad laboral, implicaría la posibilidad de que los 11 empleados del PCTV pasaran a percibir las prestaciones del seguro de desempleo, y eso que nueve de ellos están imputados por delitos terroristas dado que su actividad laboral dentro del partido se presume delictiva».

El caos de la Justicia ha sido otro de los asuntos que ha permitido a Rosa Díez inquirir al Gobierno sobre las acciones que va a implantar a fin de tratar de corregir la actual situación. En esa línea, ha preguntado sobre el número de «ejecuciones penales pendientes en España, el tiempo medio de resolución y la cifra de personas que se encuentran en busca y captura hasta el presente mes. Además, insta al Gobierno a que precise si tiene previsto diseñar un sistema informático a nivel nacional para conocer la situación personal de todo condenado penalmente».