Carlos Ruiz Miguel (22/5/2010)
El miércoles 19 se reúne el pleno del TC para discutir el nuevo Estatuto catalán. Se va a discutir la ponencia presentada por el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez. La sentencia que, en su caso se dicte, va a tener una significación trascendental. Porque lo que está en juego no es sólo el nuevo Estatuto catalán. Ni siquiera los otros Estatutos de autonomía que han incluido preceptos inconstitucionales. Lo que está en juego, en última instancia, son dos cosas aún más importantes: la primacía de la Constitución y la seguridad jurídica. Y esto es más importante porque, sin esto, España no podrá salir de la ruina económica en la que la ha dejado Rodríguez Zapatero.
I. ESTÁ EN JUEGO LA CONSTITUCIÓN….
Me he cansado de repetir que el nuevo Estatuto catalán es claramente inconstitucional. Al final esto ha quedado claro para todos pues incluso los magistrados más proclives a Rodríguez Zapatero y al Estatuto defendieron como la mejor opción que «sólo» ¡quince! artículos del nuevo Estatuto fueran anulados.
Nadie duda que el Estatuto es inconstitucional.
Y, por eso mismo, perdida toda esperanza en una sentencia favorable, la estrategia de los defensores del nuevo Estatuto catalán, conscientes de su inconstitucionalidad, es IMPEDIR que el Tribunal Constitucional lo examine. Y es que, insisto, si el TC lo examina nadie duda de que lo va a declarar inconstitucional en sus partes más importantes.
Esta presión brutal hace que sea más necesario que nunca que el TC anule el nuevo Estatuto catalán. Porque lo que está en juego es, pura y simplemente, si la Constitución sigue existiendo.
Y la Constitución, POR DEFINICIÓN, es la norma suprema del Estado. NINGUNA norma del Estado puede contradecirla. El Tribunal Constitucional se ha establecido precisamente para impedir que se pueda burlar a la Constitución aprobando normas que la contradigan.
Ahora bien, si alguien considera que un Estado constitucional no es algo bueno… que lo diga.
Pero, eso sí, que luego no critique etapas anteriores de la historia española en las que no había Constitución…
II. … PERO TAMBIÉN ESTÁ EN JUEGO LA ESTABILIDAD Y PROSPERIDAD DEL ESTADO
Cualquier persona mínimamente informada en Economía sabe que la prosperidad de un país depende de muchos factores, pero que hay uno que es previo a todos los demás.
Un país puede prosperar con unas u otras leyes sobre propiedad, sobre competencia desleal, sobre consumo, etc.
Pero como nunca puede prosperar es sin la seguridad de que las leyes existentes van a ser respetadas y aplicadas.
La razón es muy simple
Si alguien va a jugarse su patrimonio invirtiendo en un país, ya sea comprando un bien o estableciendo contratos de cualquier tipo, sólo arriesgará sus bienes si tiene la SEGURIDAD de que las reglas bajo las cuales arriesga su patrimonio no van a ser ARBITRARIAMENTE ALTERADAS.
Todo inversor, nacional o extranjero, lo primero que hace es conocer qué reglas jurídicas definen un país: no sólo las reglas jurídicas que rigen directamente la economía (código de comercio, ley de sociedades o leyes tributarias, por ejemplo); sino las reglas que establecen cómo se elaboran, reforman o anulan o esas reglas económicas.
Si un inversor considera que las reglas económicas establecidas no se respetan… huye de ese país porque nadie se arriesga a que una decisión arbitraria le prive de su patrimonio.
Pues bien, ¿qué pensará un inversor que ve que LA REGLA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS, la Constitución, no es respetada?
¿Qué pensará cuando ve a altos responsables políticos reclamar que la regla más importante del Estado, la Constitución, no se cumpla?
¿Qué pensará cuando contempla a altos responsables del Estado central o del Estado descentralizado iniciar campañas contra los tribunales que tienen que aplicar las reglas jurídicas?
Pues ocurrirá lo previsible. Lo que Juan Velarde Fuertes acaba de denunciar: que los inversores están abandonando España.
Por eso, cuando España se encuentra, no ya en una crisis, sino arruinada como argumenta Gabriel Albiac, la sentencia del TC adquiere toda su trascendencia.
La sentencia del TC constituye un mensaje no sólo para los juristas: lo será también para los inversores.
Si el TC no es capaz de asegurar la regla más importante, la Constitución, ¿qué otra regla estará asegurada en España?
Y si las reglas no están aseguradas en España, ¿quien invertirá?
Y si nadie invierte, ¿qué futuro económico nos espera?
El TC tiene en sus manos mucho más que la Constitución: tiene en sus manos la posibilidad de que España pueda recuperar su prosperidad.
N. de la R.
Este trabajo fue publicado por su autor el pasado día 19. Nosotros lo editamos con fecha posterior –cuando la ponencia que iba a presentar el vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez Sánchez, fue retirada por su ponente por falta de apoyos-, no obstante, consideramos conveniente hacer pública estas reflexiones en nuestra página de Internet, ya que los argumentos del catedrático Carlos Ruiz Miguel permanecen válidos.
Este artículo se publica con la autorización del autor, Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, que también pueden ver en desdeelatlantico.