Haddamin Moulud Said (24/5/2010)
Ya en marzo, Moratinos, había señalado al Programa Vacaciones en Paz, como la próxima pieza de caza a batir. Habiendo salido muy escaldado de su asalto con Minettu Ali Haidar, las tomó con esos segmentos de votantes críticos son la posición del PSOE respecto del Sáhara Occidental. De modo que, para resarcirse del daño causado, optó por abatirse sobre el Movimiento Solidario con el pueblo saharaui. El mejor camino para hacerlo, creyó verlo en la eliminación del programa que mejor simboliza la solidaridad de los pueblos de España con la Causa Saharaui.
Esto fue lo que dijo en la Comisión de Exteriores del Congreso, en marzo de 2010: «La nueva normativa de la UE exige un pasaporte individual para circular por la zona Schengen. Este año vamos a tener problemas si Argelia no accede a conceder pasaportes individuales a los niños saharauis».
Unos días más tarde, en respuesta a una pregunta del diputado Joan Herrera Torres, el Gobierno, en su contestación de 09-04-2010, dice lo siguiente:
«La aplicación, a partir del día 05-04-2010, del Reglamento CE nº 810/2009, por el que se establece un código de visados, suprime la posibilidad de que los visados de Estancia sean colectivos, circunstancia que tiene especial incidencia en el ‘Programa Vacaciones en Paz’ que se desarrolla anualmente para trasladar a España a cerca de nueve mil niños de origen saharaui».
«Dichos menores han viajado anteriormente provistos de un pasaporte colectivo expedido por las autoridades argelinas, y de un visado colectivo expedido por la Embajada de España en Argel que no va a ser posible expedir este año por las razones expuestas».
Debemos advertir, en cualquier caso, que en el mencionado Reglamento CE nº 810/2009, no existe ningún precepto que prohíbe los pasaportes colectivos.
Pero la noticia está en lo que publicó el BOE del pasado día 18-05-2010: La Resolución de la Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14-05-2010.
Esta Resolución tiene un único aspecto positivo, los demás, son negativos. Ciertamente, el aspecto positivo es de entidad gruesa: supone un desmentido categórico a Miguel Ángel Moratinos.
En efecto, el punto 2 y 4 de la Instrucción Tercera de la mencionada Resolución, dice textualmente:
2.- Los solicitantes deberán aportar pasaporte cuya vigencia contenga el período de permanencia prevista en España, que podrá ser colectivo, y copia del informe previo favorable emitido por el Delegado o Subdelegado del Gobierno.
4.- Los visados de residencia se tramitarán con carácter gratuito y deberán ser resueltos en un plazo máximo de quince días, pudiendo ser expedidos con carácter colectivo si los interesados los solicitan con un pasaporte colectivo.
Es decir, esta Resolución, en lugar de respaldar a Miguel Ángel Moratinos, lo deja con cierta parte del cuerpo al aire.
Ahora bien, a la vista de esta Resolución cabe preguntarse ¿qué interés existe para regular una cuestión que podía seguir funcionando con la legislación actualmente en vigor? Es decir, ¿por qué el Gobierno se toma la molesta de promulgar una norma para regular algo que lleva funcionando 20 años de acuerdo a la legislación vigente?
A nadie se le escapa que lo que más interesa al Programa Vacaciones en Paz es que no se regule. Es decir, que siga sometido a la actual legislación general en lugar de regirse por una leg
islación específica. Por lo demás, está claro que esta regulación, específica para los niños saharauis, revela la voluntad del Gobierno de someter, el Programa Vacaciones en Paz, a los designios de la Moncloa y el Palacio de Santa Cruz. En efecto, la Resolución aclara que es de aplicación para el año 2010, lo cual indica que en 2011 habrá de modificarse. Y no sabemos por dónde va a discurrir la tijera en 2011:
- ¿Dejarán de ser gratuitos los visados? Esta posibilidad es bastante verosímil, puesto que el Reglamento CE nº 810/2009, establece la gratuidad sólo para los menores de seis años, dejando a discreción de los Estados la posibilidad de eximir de dicho pago a los comprendidos entre 6 y 12 años. Pero es una discreción de la Administración, no una obligación;
- ¿Desparecerá ese «podrá» con el que la norma permite el uso de pasaportes colectivos? La mera ubicación de esta frase en el articulado de la Resolución es altamente sospechosa. Su colocación, entre dos comas, como si de un kit kat se tratara, añadida al término futurible seleccionado revela la facilidad con que el legislador podría, cuando le plazca, eliminar esa posibilidad. Es curioso que, en lugar de alegar las razones de exilio que aconsejan la expedición de pasaportes colectivos a estos menores, el legislador, opte por no comprender, siquiera, tales razones, utilizando un ‘podrán’ eliminable cuando le plazca.
Otro aspecto muy hiriente de esta Resolución es su alusión a la ‘Delegación Nacional Saharaui’ y las ‘Delegaciones Saharauis en las distintas Comunidades Autónomas’. Parece que lo hace para hacernos creer que el uso de la expresión ‘Delegación Nacional Saharaui’ implica un reconocimiento implícito a la realidad nacional saharaui. Pero esto no es más que un espejismo que no debemos tomar en cuenta. Si España quisiera realmente dotar al POLISARIO de un estatuto, como mínimo, análogo a la OLP palestina, lo puede hacer en media tarde. Pero esa no es su voluntad. Y nosotros, por nuestra parte, sólo nos daremos por reconocidos, implícita y explícitamente, cuando España otorgue los instrumentos jurídico-políticos que así lo atestigüen. En definitiva, somos demasiado orgullosos con nuestro POLISARIO como para tener que ir mendigando un reconocimiento implícito, escondido en una disposición de tan bajo rango normativo como una Resolución de la Secretaría de Estado.
En cualquier caso, la pelota está, ahora mismo, en el tejado de aquellos que durante la huelga de hambre de Minettu Ali Haidar, se fueron muy prestos a la sede del PSOE en Ferraz, para nada más salir de ahí, pedir a la activista que desista de su huelga. Ya ven, así es como Ferraz paga esos favores.
N. de la R.
Haddamin Moulud Said, escritor y abogado en ejercicio colegiado en la Comunidad de Valencia (España).