Mi Columna/Guinea Ecuatorial
Eugenio Pordomingo (6/9/2010)
La verdad es que cada vez da más asquito esto de la política, sobre todo si nuestro punto de referencia son los desmanes del Gobierno de España. Para que no haya equívocos sobre lo dicho, según el Diccionario de la Real Academia Española, ´desmán´ es exceso, desorden, tropelía.
Pues bien, el pasado viernes -ejemplo de desmán-, el Consejo de Ministros aprobó una «declaración institucional» sobre el caso de la «mujer iraní Sakineh Mohammad Ashtiani, de 43 años de edad, acusada de adulterio y condenada a muerte por lapidación, de conformidad con la Sharia, ley islámica instaurada en 1979 por la República Islámica de Irán que, bajo una particular interpretación del Corán, condena y castiga los crímenes «contra la voluntad de Dios», incluyendo la prostitución y el adulterio, con la pena de muerte por lapidación», se dice en la referencia de lo tratado en el último Consejo de Ministros.
Mediante esta declaración, el Gobierno de España expresa su «voluntad» de impulsar «una acción concertada ante las autoridades de Irán para lograr que la señora Ashtiani no sea ejecutada». Y en este sentido, el gabinete de Zapatero apoya las gestiones diplomáticas que «está llevando a cabo ante el Gobierno de Teherán la Presidencia de la Unión Europea, liderada por la Alta Representante para Política Exterior y Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, que en su declaración del pasado 6 de julio expresó su preocupación por la lapidación de la señora Ashtiani, así como las gestiones diplomáticas de la Presidencia belga».
La referencia sobre todo tipo de acciones, propuestas por Bibiana Aido -ministra de Igualdad y otrora, encargada de lo Flamenco en la Junta de Andalucía-, para salvar la vida de la iraní Ashtiani, que osó -o quizás no- cambiar de lecho en algún momento de su vida, nos parecen muy loables, necesarias y urgentes. Y nosotros somos partidarios de ello. Pero, ¿cómo es que no se ha hecho la misma «declaración institucional» en el caso de las policías nacionales insultadas, ultrajadas, vilipendiadas y agredidas por racistas marroquíes? ¿Cómo es que no se ha hecho otra «declaración institucional» en el asunto de los activistas españoles y mexicanos que fueron insultados, detenidos ilegalmente y agredidos? Y, ¿cómo es que no se ha hecho otra «declaración institucional» por impedir que el sátrapa de Teodoro Obiang Nguema -Presidente de Guinea Ecuatorial- fusilase a cuatro opositores guineanos que fueron secuestrados por miembros de su Seguridad y cuerpo diplomático en Nigeria? En este macabro asunto, como en los anteriores, encima el Gobierno casi da la razón, con argumentos muy su generis, a los autores de esas, también, tropelías.
Con todo desprecio a la ciudadanía española, la referencia de ese Consejo de Ministros, y en relación con la condena a muerte de la súbdita iraní, afirma que: «En relación con la declaración, y como manifestación adicional de la firme posición del Gobierno en contra de la pena de muerte y a favor de la defensa de los derechos humanos, debe destacarse, por último, que el Ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, ha abordado la cuestión de la señora Ashtiani con su homólogo iraní, en la reunión que ambos mantuvieron durante su reciente visita a España».
Si están en «contra de la pena de muerte» y a «favor de la defensa de los derechos humanos», ¿cómo es que no han pedido explicaciones a Mohamed VI por los insultos y agresiones a nuestras policías nacionales?, y ¿cómo es que no ha hecho otro tanto el gobierno de Zapatero con los activistas detenidos, insultados y apaleados en el Aaiún (Sáhara Occidental ocupado)?
Y, sobre todo, ¿cómo es que el ministro Moratinos ha tardado diez días en enterarse de que su amigo Obiang Nguema ha fusilado a cuatro opositores guineanos sin las más mínimas garantías procesales?
La ferrolana Concepción Arenal dejó dicho que «Todo poder cae a impulsos del mal que ha hecho. Cada falta que ha cometido se convierte, tarde o temprano, en un ariete que contribuye a derribarlo«.