Iberoamérica
espacioseuropeos.com (4/1/2011)argentina
Un ilustre periodista y escritor argentino nos ha proporcionado unas escuetas notas, que consideramos de auténtico interés como claves a tener en cuenta para clarificar aspectos históricos contemporáneos, de durísimos enfrentamientos en el ámbito iberoamericano y, en especial, en la República Argentina.

Se trata del siguiente texto:
«Durante la década de los setenta del siglo pasado, casi todos los países de Centro y Suramérica fueron sangrientos escenarios de la guerra fría, que enfrentaba a los Estados Unidos con la Unión Soviética. Quizás los más recordados son la dictadura del general Pinochet, en Chile, y Argentina tras el golpe de Estado militar. Solo en esas dos naciones suramericanas vienen siendo juzgados militares y policías por delitos contra los derechos humanos cometidos en esa década. Otros, como Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú, comprendidas también en la llamada Operación Cóndor , que con el visto bueno y la ayuda de organismos del gobierno de los Estados Unidos y de otros países, entre ellos España, donde se autorizó o se ignoró oficialmente ciertas actividades delictivas, realizadas en su territorio por miembros de esas dictaduras, no han juzgado aun a los responsables políticos y militares de las dictaduras que reprimieron igualmente a los grupos izquierdistas revolucionarios.

En Argentina los enfrentamientos de ese periodo habrían costado 9.000 muertos en el bando guerrillero y 7.000 en el otro bando según los estudios más rigurosos realizados por historiadores argentinos, norteamericanos y franceses. Las cifras que generalmente se publican, afirman que fueron 30.000 los torturados y asesinados por la dictadura.

Pero con anterioridad a la implantación de la dictadura militar -24 de marzo de 1976- hubo centenares de secuestros, atentados y asesinatos realizados por el bando guerrillero y el gobierno constitucional, democráticamente elegido en julio de 1973, y la presidencia de Héctor Cámpora y esa fecha.

Habría que reflexionar sobre algunas declaraciones formuladas en esos tres turbulentos años (1973-1976) de gobiernos democráticos hoy olvidadas o ignoradas.

El general Juan Domingo Perón, elegido presidente de la República el 12 de octubre de 1973 con el 61 % de los votos, frente a Ricardo Balbín, candidato de la Unión Cívica Radical. Dos meses después fue asesinado Jose Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo, y al mes siguiente un centenar de guerrilleros del E.R.P., asaltaron el cuartel de caballería de la ciudad de Azul, con el propósito de robar las armas allí almacenadas. Fracasaron en su intento pero antes asesinaron al coronel jefe del regimiento, a su esposa y secuestraron al segundo jefe, al que asesinaron posteriormente. Perón interpretó esos dos atentados como un desafío personal y: «El gobierno, respetuoso de la Constitución, ha venido observando hasta hoy una conducta retenida frente a esos desbordes guerrilleros. Pero todo tiene un límite. No es posible tolerar por más tiempo los intentos de quebrantar la unidad del pueblo argentino y de impedir la reconstrucción y liberación en la que estamos empeñados desde que se restableció la democracia», ordenando «el aniquilamiento de los terroristas por el bien de la Republica».

 
Al año siguiente, el 29 de octubre de 1975, la Cámara de Diputados (peronistas, radicales y socialistas), aprobó por unanimidad repudiar la violencia criminal, y los «asesinatos de Miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Policía, con una secuela espantosa de víctimas».

Un mes y medio después, a raíz del asesinato de un general retirado y su esposa , en el Senado, el sgrupo-guerrilleroenador radical y ex presidente de la Republica, Perette dijo «Las fuerzas armadas están luchando para asegurar la democracia en la Nación» y el senador Brizuela, peronista, condenó la «violencia inhumana, y los raptos y secuestros que se realizan para recaudar el impuesto revolucionario»; y el 29 de diciembre el Senado, por unanimidad de todos sus miembros, aprobó una declaración tras producirse un nuevo ataque a una guarnición militar «rindiendo tributo al comportamiento de las fuerzas armadas y de seguridad frente a la guerrilla que pretende atacar las bases esenciales de la paz interna de la República», y acordando que «las fuerzas armadas y de policía exterminaran a los terroristas y grupos guerrilleros».

Los militares iniciaron operaciones en gran escala en la provincia de Tucuman, donde operaban unos dos mil guerrilleros con el propósito de crear una Zona Liberada. Y considerando que no era suficiente con la rotunda autorización que les otorgaba el Senado, pusieron fin al gobierno democrático. El golpe de Estado contó con el apoyo de importantes sectores civiles -banqueros, empresarios, intelectuales- y el silencio de gran parte de los diputados y senadores de los partidos democráticos, algunos de los cuales aceptaron desempeñar cargos de embajadores de esa dictadura.

Será necesario quizás medio siglo para que, cerradas las heridas abiertas por ese enfrentamiento fratricida, sea posible escribir una historia objetiva, imparcial, de ese periodo histórico».