España
esoacioseuropeos.com (15/4/2013)
El decreto aprobado por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios tiene como justificación social la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, donde se recoge el derecho de los ciudadanos a tener una casa. Sin embargo, el anclaje jurídico de la medida, la expropiación de las viviendas a los bancos e inmobiliarias cuando, en determinadas circunstancias, pretendan desalojar a sus inquilinos por el impago de la hipoteca, es el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, que data de 1954, en plena etapa franquista.