Jueces y grupos anticorrupción denuncian la impunidad de que disfrutan los corruptos en España

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

España
espacioseuropeos (7/6/2013)
La propuesta de la comisión nombrada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones ejercer la acusación popular es criticada por jueces o formaciones políticas y organizaciones que, en algunos casos, se personan en delitos de corrupción.

Ven en la medida un intento por “controlar” asuntos seguidos contra “poderosos”, políticos y banqueros que deja “totalmente indefensa” a la sociedad civil y “aniquila” un derecho consagrado en la Constitución.

El artículo 125 de la Carta Magna propugna el derecho de los ciudadanos a “ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”.



¿Se ríen de nosotros?

España
Francisco Álvarez (30/1/2013)mafalda1
Esta semana en «La Bolsa y la vida» vamos a hacer un repaso de las noticias producidas durante este mes de Enero para constatar si la pregunta que sirve de título a esta entrada tiene fundamento.

Comenzábamos enero con un Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que reconocía que sus recomendaciones de ajustes presupuestarios habían ido muy lejos y



Rajoy, ¿4 a 0 en el Consejo europeo?

Consejo Europeo. Foto La Moncloa

Consejo Europeo. Foto La Moncloa

España/Europa
Antoni DomènechG. BusterDaniel Raventós (2/7/2012)
Como bien apunta Yanis Varoufakis en su certero balance crítico de la cumbre europea del pasado 28 de junio, el Consejo Europeo ha adoptado una serie de decisiones políticas, cuya puesta en práctica está aún por ver y que, en su elemento esencial -la capacidad de supervisión del BCE sobre el sistema financiero europeo-, no será efectiva antes de 2013. Sin esa nueva transferencia de soberanía de los estados miembros al BCE, que exigirá cambios constitucionales en parte de los estados miembros, y por lo tanto, la posibilidad de verse obligados a ejercer el derecho de veto contra la




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