España
Espacios Europeos.com (21/11/2007)
El llamado «caso de los maletines», de los muchos que en este país se han dado, ha tenido legalmente, su resolución. La Sección 26 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, condenó la semana pasada a 18 meses de cárcel a Rafael Vera, ex Secretario de Estado de Seguridad, y a  Juan de Justo, que fuera su secretario, por «malversación de caudales públicos».

La Sala ha considerado debidamente probado que entre los años 1988 y 1994, Rafael Vera ordenó el pago de diversas cantidades de dinero a las mujeres de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez. Esas entregas se hicieron en Suiza, y procedían de los «fondos reservados» del ministerio de Interior.

Las cantidades abonadas, de acuerdo con la sentencia, lo eran por dos conceptos: compensarles por la pérdida de ingresos que les suponía su encarcelamiento por el «caso GAL», y para comprar el silencio de los dos funcionarios policiales.

El tribunal condena a Rafael Vera, pero también a De Justo, su ex secretario, al entender que éste fue «cooperador necesario», al considerar que conocía el contenido de los sobres con dinero que él mismo entregaba en Suiza a las mujeres de los dos policías, así como la finalidad de esos pagos.

Sin embargo, la sentencia absuelve a Félix Hernando,  coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil. En este caso, según la sentencia, el coronel «no conocía el contenido de esos sobres» que, curiosamente, él también entregó.

Las cantidades entregadas a las esposas de los dos funcionarios, las cifra el tribunal en más de 29 millones de pesetas a cada una, además de otros pagos para abonar intervenciones  quirúrgicas, y de cuatro ingresos en cuentas bancarias de una entidad suiza.

A pesar de esta condena, ni Vera ni De Justo ingresarán en prisión. En el «caso Lasa y Zabala«, Vera fue absuelto, y en el secuestro de Segundo Marey, a pesar de que un tribunal le condenó a diez años de cárcel, el entonces gobierno de José María Aznar le concedió un benevolente indulto. No obstante, el Supremo demostró que durante su etapa al frente de la Secretaría de Estado, se apropió  -aunque otros también se beneficiaron- de más de 600 millones de pesetas. A pesar de ello, el Supremo determinó que «es posible que ni él mismo, con rigor, pueda precisar la cantidad total sustraída».