Aquilino Tejedo (10/9/2008)
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia que tiene como consecuencia la anulación del ERE (Expediente de Regulación de Empleo) aplicado por la Fundación San Pablo CEU a 105 empleados del centro universitario  «Abat Oliba», que vieron rescindidos sus contratos.

Esa cifra total englobaba a 58 profesores y 47 miembros del personal no docente. La sentencia, que no admite recurso, implica la readmisión de los afectados, con el abono correspondiente a los atrasos salariales de los años transcurridos. Según fuentes con protagonismo en el asunto, el importe económico podría suponer una cifra en torno a los tres millones de euros.

Se trata, por otra parte, de uno más de los abundantes episodios, correspondientes al mandato de Alfonso Coronel de Palma al frente del CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas, que ha supuesto un daño muy gravoso para la economía de los centros educativos de la institución, además de una evidente marginación de la Doctrina Social de la Iglesia que tanto se invocaba teóricamente.

La sentencia del TSJC ha tenido como ponente al magistrado Emilio Berlanga Ribelles, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contenciosos Administrativo. Con el ponente figuran también los magistrados Nuria Cleries Nerín, María Pilar Rovira del Canto, Laura Tamames Prieto-Castro y Jordi Morató-Aragonés Pámies.

La sentencia condena también a la Fundación San Pablo CEU con la imposición de costas.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Barcelona ya había dictado sentencia, el 19 de abril de 2006, contra la resolución del departamento competente de la Generalitat, que desestimaba un recurso de alzada contra la resolución de la Subdirección de Asuntos Laborales que había autorizado el ERE, cuando gobernaba CIU.

La Fundación San Pablo CEU había recurrido esa sentencia de instancia y su pretensión se ha visto desestimada. La sentencia firme, en el texto de los fundamentos, indica literalmente que la autorización de la Administración de la Generalitat fue otorgada «pese a la concurrencia en el expediente de indicios de que tal extinción, seguida en el tiempo de la recolocación de un 70% de los docentes y de la integridad del personal del PAS en la Universidad Privada Abat Oliba CEU, podría ocultar un propósito empresarial distinto a lo concertado con los legales representantes de los trabajadores y de lo solicitado de la autoridad laboral, en manifiesta simulación de un negocio jurídico».

Todo el procedimiento fue planteado por veteranos y prestigiosos  profesores del CEU, de diversas disciplinas: Jesús Fernández Viladrich, Camil Lluch Sanz, Pedro Penalva Borrás y Albert Altayó Pareto.

 

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